Asociación de Gobernadores acusa que la modificación al MEPCO encarecerá la vida en regiones y tensiona la gestión local. Plantean que el subsidio al transporte debe asumirlo el Gobierno central y proponen avanzar en electromovilidad
El ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y las autoridades regionales. A través de una declaración pública, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) manifestó su rechazo a la medida, advirtiendo un impacto directo en el costo de vida y en las economías territoriales.
El pronunciamiento no solo cuestiona la decisión técnica, sino que instala un debate político y administrativo de fondo: quién debe absorber los costos de una política pública que afecta transversalmente a las regiones, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias.
Impacto territorial y presión sobre economías locales
Desde AGORECHI sostienen que el alza en los combustibles “tendrá un fuerte impacto en la calidad de vida de millones de familias chilenas”, enfatizando que el efecto es más profundo fuera de la Región Metropolitana.
El argumento central apunta a condiciones estructurales: mayores distancias, menor conectividad y una alta dependencia del transporte terrestre. En ese marco, advierten que el aumento en los combustibles no solo encarece la movilidad, sino también la distribución de bienes esenciales, amplificando el impacto inflacionario en las regiones.
En paralelo, los gobernadores subrayan que el escenario fiscal regional ya es estrecho. Según detallan, los gobiernos regionales han aportado más de $100 mil millones al presupuesto nacional, a lo que se suma un recorte adicional del 3% en los Fondos de Inversión Regional. En este contexto, califican como inviable la posibilidad de asumir nuevos subsidios.
Subsidios, competencias y rol del Estado
Uno de los puntos más críticos de la declaración apunta a la propuesta de que los gobiernos regionales mitiguen el impacto en la locomoción colectiva. Para AGORECHI, esta alternativa “puede generar expectativas imposibles de abordar financiera y administrativamente”.
El mensaje es directo: los gobiernos regionales no cuentan ni con las atribuciones ni con la capacidad operativa para implementar subsidios al transporte público. Por ello, proponen que sea el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones quien asuma “administrativa y financieramente los costos de un subsidio que evite el alza de los pasajes”.
Este punto reabre una discusión más amplia sobre la descentralización en Chile: la transferencia de responsabilidades sin financiamiento asociado y las tensiones entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
Electromovilidad como salida estructural
Más allá del rechazo a la medida, los gobernadores plantean una línea de acción de mediano y largo plazo. En su declaración, manifiestan su disposición a impulsar inversiones que permitan avanzar hacia la electromovilidad en todo el país.
El objetivo, según indican, es construir un sistema de transporte público más económico, de mejor calidad y menos dependiente de las fluctuaciones del precio del petróleo. En ese sentido, posicionan la transición energética como una oportunidad para reducir vulnerabilidades estructurales en las regiones.
Asimismo, los gobernadores se declararon disponibles para integrar una mesa de trabajo urgente con el Gobierno, con el fin de diseñar soluciones que resguarden el bienestar de las comunidades.
Una tensión que trasciende el combustible
El conflicto por el MEPCO expone una tensión mayor: la relación entre política fiscal, equidad territorial y gobernanza descentralizada. Mientras el Gobierno busca ajustar mecanismos para enfrentar el costo de los combustibles, las regiones advierten que las decisiones centralizadas pueden profundizar brechas existentes.
En un país donde el desarrollo depende en gran medida de la conectividad y la logística, el debate no se limita al precio del combustible. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para equilibrar eficiencia económica con justicia territorial, una discusión que seguirá marcando la agenda en las próximas semanas.
