La titular del Consejo para la Transparencia enfatizó además en la necesidad de aumentar la publicidad de las inversiones por el impacto que pueden tener en el bien común de la nación, por lo que cualquier iniciativa que apunte a evitar que los intereses particulares afecten a los públicos
“Nos parece importante- como lo han sostenido organizaciones de la sociedad civil- en base al principio de transparencia, avanzar en una norma que permita transparentar a los beneficiarios finales”. Así lo señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, en el marco del debate de la Comisión de Economía de la Cámara Alta sobre el proyecto de ley que moderniza la actual ley de compras públicas.
La titular del CPLT se refirió a aspectos relevantes de esta iniciativa y propuso avanzar en acceso a información sobre estructuras societarias de las empresas que contratan con el Estado, las cuales debieran inscribirse en un registro de proveedores estableciendo la obligación de incluir en ella información sobre los administradores, socios y accionistas, así como también de los beneficiarios finales de estas personas jurídicas inscritas.
Finalizada la instancia agregó que se trata de “una herramienta indispensable para el control ciudadano y para evitar en Chile casos como el descrito este fin de semana en el reportaje de Ciper y La Bot a través de la investigación denominada Pandora Papers”.
“El tema es delicado –dado el impacto que puede tener en el bien común de la nación-, por lo que todas las iniciativas que existan para evitar que los intereses particulares afecten a los públicos, son necesarios”, dijo de la Fuente.
“El tema es delicado –dado el impacto que puede tener en el bien común de la nación-, por lo que todas las iniciativas que existan para evitar que los intereses particulares afecten a los públicos, son necesarios”, dijo de la Fuente.Según la titular de transparencia, el CPLT ha planteado la importancia de avanzar en conocer a los beneficiarios finales de empresas no sólo de las empresas y sociedades que contratan con el Estado, sino que también de cualquier otra empresa, independiente de si contrata con el Estado, posibilitando el conocimiento de eventuales conflictos de interés de autoridades por tener participación en las mismas.
Mejorar fideicomiso ciego
En otra instancia, la presidenta del Consejo para la Transparencia se refirió al avance en materia de transparencia pública y al fideicomiso ciego. En esta línea destacó los estándares de la legislación vigente en Chile, pero reconoció por ejemplo la actual brecha en cuanto al manejo de activos, dado que contempla a valores emitidos en Chile y no en el exterior.
“Perfeccionar el fideicomiso ciego es otra deuda legislativa para mejorar la confianza en instituciones como la presidencial, tras el reportaje que se publicó hace pocos días”. “Así, por ejemplo, deja fuera todas aquellas cuentas bancarias, bienes raíces o tenencia de bonos o acciones que se encuentren en otros países. Atendida la internacionalización de las transacciones, que involucra incluso hoy a monedas virtuales, este es un tema que se debe considerar en una futura modificación legal”, dijo.
“Una normativa que aún sigue siendo precaria en una serie de aspectos, permite vacíos que dañan la confianza pública”, aseveró. También apuntó a la necesidad de “pensar en el fideicomiso diversificado, en el que, al contrario del fideicomiso ciego, es la publicidad de las inversiones (y el tipo de las mismas) la que garantiza que las decisiones se tomen en razón del bien común. Esta última forma fue la que recomendó la Comisión Engel, basándose en la experiencia internacional y combatiendo con el antídoto de la transparencia a la crisis de confianza que nos afecta como país”.
