El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó ante el Congreso un proyecto de ley que modifica la normativa de los Servicios Sanitarios Rurales (Ley 20.998), con el propósito de fortalecer su funcionamiento, reconocer el trabajo de los comités y cooperativas de agua potable rural, y asegurar la continuidad de un servicio esencial para las comunidades rurales del país.
La propuesta encabezada por la ministra Jessica López, surge del trabajo conjunto de la Mesa Única Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, instancia que reúne a representantes del Estado, comités y cooperativas de todas las regiones de Chile, y que ha permitido identificar los principales desafíos del sistema y generar acuerdos sobre los ajustes necesarios para garantizar su sostenibilidad.
“Presentamos a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía un proyecto de ley con todos los aspectos que contiene la regulación de los Servicios Sanitarios Rurales. Es un universo muy grande de población, de asociaciones comunitarias y también muy incidente en lo que dice relación con el presupuesto de nuestro ministerio y con nuestro rol, que es abastecer de agua potable y saneamiento a toda la población”, señaló la ministra López.
“Encontramos una excelente disposición de la comisión, así que partimos bien”, agregó la autoridad, destacando el respaldo transversal a la iniciativa.
Reconocimiento a los prestadores comunitarios y fortalecimiento institucional
El proyecto de ley reconoce formalmente a los comités y cooperativas de agua potable rural (APR) como prestadores de Servicios Sanitarios Rurales (SSR). Esta definición legal busca consolidar su rol en la producción, distribución y tratamiento del agua, funciones que históricamente han sostenido desde los territorios sin una estructura normativa plenamente adaptada a su realidad.
La ministra explicó que esta medida busca fortalecer la gobernanza local del agua, dotando a las comunidades de herramientas jurídicas y técnicas que les permitan operar con mayor seguridad, transparencia y continuidad.
“Estamos actualizando una ley que nació para dar certeza, pero que requiere ajustes para responder a la realidad actual de los servicios rurales. Este proyecto busca eso: fortalecer el trabajo de quienes garantizan agua y saneamiento en sectores donde el Estado no llega directamente”, precisó López.
En esa línea, la iniciativa también fortalece el rol de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP, entidad que acompañará la gestión de los comités y cooperativas, y aclara las facultades de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en materia de fiscalización, con el objetivo de equilibrar la autonomía comunitaria con estándares técnicos de calidad y eficiencia.
Simplificación de licencias y evaluación periódica de gestión
Uno de los ejes del proyecto es la simplificación del régimen de licencias, estableciendo que los APR con aportes estatales serán licenciatarios por el solo ministerio de la ley, con licencias indefinidas e intransferibles.
Esta modificación busca evitar procesos administrativos engorrosos y entregar estabilidad a los prestadores rurales, siempre que cumplan con las normas y estándares de gestión exigidos por la autoridad. Además, se incorpora una evaluación periódica de gestión, orientada a monitorear el desempeño de cada servicio, reforzando la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
El senador Juan Castro, presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, valoró la iniciativa y subrayó su relevancia territorial. “Es un proyecto muy esperado por las comunidades de agua potable rural, porque va a regular de mejor manera la administración de los servicios sanitarios rurales. Lo tomamos con responsabilidad, porque sabemos que se trata de un tema sensible para miles de familias”, afirmó el parlamentario.
Un paso clave hacia la gestión sostenible del agua rural
Actualmente, los Servicios Sanitarios Rurales abastecen de agua potable a más de dos millones de personas en Chile, principalmente en zonas donde no existe cobertura de empresas sanitarias urbanas. Su funcionamiento depende, en gran parte, del trabajo voluntario de dirigentes locales y del apoyo técnico del MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Con esta propuesta, el Gobierno busca consolidar un modelo de gestión rural sostenible, basado en la participación comunitaria, la eficiencia operativa y el acceso equitativo al agua potable, en un contexto donde la crisis hídrica exige nuevas formas de colaboración entre Estado y comunidades.
“El acceso al agua es un derecho fundamental y un eje del desarrollo territorial. Este proyecto apunta a reforzar esa mirada, asegurando que las comunidades rurales puedan seguir cumpliendo su rol con respaldo institucional y estabilidad en el tiempo”, concluyó la ministra López.
La tramitación legislativa continuará en las próximas semanas, con la participación de organizaciones rurales, autoridades regionales y expertos en gestión hídrica, en lo que se anticipa como un debate clave para el futuro del agua en Chile.
