La Corte Suprema acordó trece principios para orientar el uso de inteligencia artificial en tribunales. Un sondeo de LemonTech revela posiciones divididas sobre el momento de regular y advierte persistentes diferencias tecnológicas entre justicia pública y privada
La Corte Suprema de Chile acordó establecer trece principios rectores para regular el uso de inteligencia artificial en los tribunales, delimitando las funciones que podrán cumplir estas herramientas y manteniendo bajo responsabilidad exclusiva de jueces y magistrados la valoración de pruebas, fundamentación de resoluciones y decisiones judiciales. La medida abre una nueva etapa en la modernización de la justicia, marcada por la necesidad de incorporar tecnología sin comprometer las garantías del debido proceso.
El acuerdo, alcanzado durante las jornadas de reflexión del máximo tribunal en octubre, contempla supervisión humana, transparencia, trazabilidad, seguridad de la información e independencia judicial. Sin embargo, su implementación también enfrenta cuestionamientos desde el sector tecnológico. Un sondeo realizado por LemonTech a 107 profesionales jurídicos en Chile reveló que el 42% considera que la regulación llega tarde, mientras el 53,3% estima que se adoptó oportunamente para prevenir malas prácticas.
La preocupación tiene antecedentes concretos. En junio de 2026, la Corte Suprema sancionó a una abogada con un mes de suspensión profesional y una multa de cinco UTM por presentar citas doctrinales inexistentes generadas mediante inteligencia artificial. El caso evidenció los riesgos de utilizar herramientas automatizadas sin verificar sus resultados y reforzó la discusión sobre las responsabilidades de quienes incorporan estas tecnologías a los procedimientos judiciales.
La brecha tecnológica entre tribunales y estudios jurídicos
La incorporación de inteligencia artificial al ejercicio profesional avanza a una velocidad que no siempre coincide con las capacidades digitales de los tribunales. Marco Orellana, Head of Legal de LemonTech, advierte que los sistemas públicos de tramitación mantienen estructuras desarrolladas para una realidad tecnológica distinta, mientras las firmas privadas incorporan herramientas capaces de automatizar tareas y gestionar grandes volúmenes de información.
“La plataforma de tramitación electrónica vigente fue implementada hace una década, respondiendo a las exigencias normativas de 2016. Desde esa fecha, el ecosistema legaltech desarrolló soluciones que automatizan labores que antes demandaban jornadas completas”, sostiene el ejecutivo.
Los avances permiten a los profesionales preparar escritos, organizar antecedentes y gestionar presentaciones judiciales en plazos considerablemente menores. La diferencia aparece cuando los tribunales deben recibir y procesar esos volúmenes de documentos mediante sistemas que no necesariamente disponen de capacidades equivalentes.
LemonTech, que también planteó la importancia de la formación profesional en su análisis sobre el talento humano frente a la inteligencia artificial, considera que la modernización debe abordar tanto la infraestructura como la capacitación de sus usuarios.
“Cuando los tribunales carecen de sistemas equivalentes para procesar esos volúmenes, el servicio judicial experimenta cuellos de botella severos. La definición de estándares éticos debe acompañarse de inversión en infraestructura digital y formación técnica”, explica Orellana.
Decisiones humanas y protección de antecedentes judiciales
Los principios acordados por la Corte Suprema establecen una separación entre las funciones auxiliares que puede desempeñar la inteligencia artificial y aquellas que corresponden exclusivamente a los magistrados. La tecnología podrá apoyar tareas preparatorias, instrumentales o administrativas, pero no reemplazar el análisis de pruebas, la fundamentación de sentencias ni la decisión de los litigios. El máximo tribunal también contempla eventuales responsabilidades disciplinarias por el uso indebido de estas herramientas.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó al dar a conocer el acuerdo que “los sistemas de IA podrán asistir en tareas preparatorias, instrumentales o de apoyo, pero no sustituir la valoración de los antecedentes, la fundamentación ni la decisión que corresponda al tribunal”.
La protección de datos constituye otro punto de atención. El 64,5% de los profesionales consultados por LemonTech considera que la incorporación de inteligencia artificial al trabajo jurídico debe realizarse mediante plataformas especializadas con certificaciones de seguridad. El Código de Ética Judicial aprobado en 2025 ya contempla obligaciones de confidencialidad, verificación de información y control humano sobre estas herramientas, especialmente cuando se utilizan antecedentes provenientes de causas judiciales.
“Cargar antecedentes judiciales en plataformas abiertas representa una falta operacional que expone datos reservados y vulnera el secreto profesional. La gestión jurídica requiere entornos cerrados, con cifrado de información y certificaciones auditables bajo estándares internacionales como la norma ISO 27001, impidiendo que antecedentes confidenciales alimenten modelos comerciales ajenos”, sostiene Orellana.
Modernización judicial y responsabilidad profesional
La regulación acordada por el máximo tribunal coincide con nuevas iniciativas de transformación digital impulsadas desde el propio Poder Judicial. Entre ellas figuran LUMEN, una iniciativa de inteligencia artificial al servicio de la justicia, y el Sistema Unificado de Tramitación Judicial, presentados durante un intercambio tecnológico internacional realizado el 19 de noviembre.
La modernización deberá integrar estas capacidades con mecanismos de control, formación y protección de información reservada. Las exigencias también alcanzan al ámbito empresarial, donde LemonTech ya abordó los cambios necesarios para fortalecer la trazabilidad y protección de datos.
La aprobación de los trece principios establece una orientación institucional, mientras la publicación del autoacordado y su aplicación práctica permitirán definir los procedimientos específicos. La relación entre tecnología y justicia dependerá también de la capacidad de los tribunales para procesar información con mayor eficiencia, mantener la supervisión humana y garantizar que cada resolución responda al análisis jurídico de quienes tienen la responsabilidad de administrarla.
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