El memorándum firmado por el Gobierno y OpenAI dejó dos obligaciones vinculantes sobre confidencialidad y comunicaciones. Mientras el Ejecutivo descarta transferencias de datos, parlamentarios y especialistas cuestionan las garantías de transparencia y autonomía tecnológica del Estado chileno
Dos cláusulas de un acuerdo que no compromete una sola compra llevaron la relación entre el Gobierno y OpenAI hasta Contraloría. La obligación de mantener determinada información bajo confidencialidad y exigir autorización previa para comunicaciones sobre la alianza encendió las alertas en el Congreso. Aunque el documento no autoriza transferir bases de datos estatales, parlamentarios y especialistas cuestionan la elección de la compañía estadounidense y los riesgos de dependencia tecnológica.
La controversia surgió luego de que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmara el 16 de noviembre un memorándum de entendimiento con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en San Francisco. La iniciativa busca capacitar funcionarios, explorar aplicaciones de inteligencia artificial en servicios públicos y apoyar emprendimientos tecnológicos. Sin embargo, las condiciones del instrumento abrieron interrogantes sobre las decisiones que el Estado podría adoptar posteriormente.
El diputado Jaime Araya (independiente PPD) solicitó un pronunciamiento de Contraloría, mientras otros parlamentarios exigieron conocer los fundamentos jurídicos y técnicos de la colaboración. La Comisión de Futuro y Ciencia de la Cámara convocó a Lincolao para el 23 de noviembre. El Gobierno asegura que no existen compromisos financieros ni entrega de datos personales, pero deberá responder por la selección de OpenAI y las condiciones de futuras aplicaciones tecnológicas.
Las cláusulas que comprometen al Gobierno y OpenAI
El memorándum, denominado “OpenAI para Chile”, tiene carácter no vinculante, salvo dos disposiciones expresas. La primera exige aprobación previa por escrito para comunicaciones públicas relacionadas con la alianza y el uso de nombres o logotipos institucionales. La segunda obliga a proteger información no pública intercambiada entre las partes. Ambas contemplan excepciones para divulgaciones exigidas por ley, resoluciones judiciales y obligaciones de transparencia.
Gonzalo Álvarez, director del Programa de IA y Legaltech de la Universidad Central, cuestionó que las obligaciones exigibles se concentren precisamente en el tratamiento comunicacional del acuerdo, mientras los eventuales beneficios para el Estado permanecen sujetos a futuras negociaciones. “Lo paradójico es que en un memorándum donde nada obliga, y lo único vinculante es cómo se puede hablar de él”.
El Ministerio de Ciencia respondió que estas condiciones son habituales y recíprocas en acuerdos con empresas privadas. La autorización previa también impide que OpenAI utilice la identidad ministerial sin consentimiento. Según la cartera, el documento fue revisado y autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y ninguna de sus disposiciones puede restringir las obligaciones legales de transparencia.
El instrumento contempla una mesa conjunta entre representantes del Ministerio y OpenAI, con reuniones inicialmente mensuales para revisar prioridades, capacitaciones, riesgos y posibles aplicaciones. Aunque sus integrantes no podrán aprobar contrataciones ni comprometer recursos fiscales, sí tendrán capacidad para recomendar iniciativas.
El texto del acuerdo menciona herramientas como ChatGPT Work, Codex y ChatGPT Edu, además de soluciones vinculadas con salud y ciberseguridad. Los eventuales servicios deberán acordarse mediante contratos separados.
Gobierno defiende la innovación y parlamentarios exigen explicaciones
La ministra Ximena Lincolao descartó que la colaboración permita a OpenAI acceder a información personal de los ciudadanos. La autoridad sostuvo que cualquier proyecto deberá cumplir las normas de contratación pública y diferenció las conversaciones exploratorias de la adquisición efectiva de servicios tecnológicos. “Cuando hay una entrega de datos, eso ocurre en un proceso de compra o licitación. En un memorándum de entendimiento se explora, se conversa”.
El Ministerio precisó que las capacitaciones utilizarán datos abiertos y sintéticos, sin recurrir a registros personales confidenciales. También recordó sus vínculos con otras compañías tecnológicas, entre ellas ElevenLabs, Microsoft, Google y Amazon Web Services, descartando una relación exclusiva con OpenAI. La empresa estadounidense presentó la iniciativa como parte de su programa internacional OpenAI for Countries, orientado a fortalecer capacidades públicas y apoyar emprendimientos.
Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton (UDI) respaldó la iniciativa por sus posibles efectos sobre la eficiencia administrativa y la atención ciudadana. El parlamentario defendió la incorporación de herramientas que permitan simplificar procedimientos y reducir los tiempos de respuesta de los organismos públicos. “Felicitamos a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, por acercar a OpenAI para atraer inteligencia artificial que haga más eficiente el Estado”.
El diputado Jaime Araya cuestionó las condiciones de elección de la compañía y la posibilidad de que la formación de funcionarios termine orientando posteriores contrataciones. El parlamentario advirtió sobre las consecuencias de preparar equipos públicos para utilizar una tecnología específica, sin evaluar previamente otras soluciones disponibles. “Estamos aprendiendo el lenguaje de la inteligencia artificial, entonces vamos a hablar el idioma de esta multinacional”.
La diputada Gael Yeomans (Frente Ampl) también requirió antecedentes sobre el procedimiento utilizado para seleccionar a OpenAI, los resguardos de información y la posibilidad de que datos estatales sean utilizados en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.
La encuesta de Black & White, difundida el 20 de noviembre, registró un 63% de respaldo al acuerdo. Sin embargo, parte importante de ese apoyo está condicionado a garantías estrictas de protección de datos y supervisión humana. El estudio también identificó que un 74% manifiesta mucha o bastante preocupación ante eventuales ciberataques o fallas informáticas que interrumpan servicios esenciales.
Soberanía digital: quién controlará las tecnologías del Estado
Carolina Gainza, exsubsecretaria de Ciencia y directora de Nodo XXI, advirtió que los riesgos de dependencia pueden comenzar antes de cualquier contratación, especialmente cuando las instituciones desarrollan capacidades utilizando herramientas de una sola empresa.
La exautoridad cuestionó que la colaboración pueda condicionar las alternativas tecnológicas disponibles para la administración pública. “Cuando tú instalas capacidades con un solo producto, en este caso sería ChatGPT u otros de OpenAI, es muy difícil volver atrás”.
La exministra de Ciencia Aisén Etcheverry, actual vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Alberto Hurtado, también manifestó reparos sobre las condiciones del acuerdo y la necesidad de proteger la independencia de las instituciones públicas frente a los intereses empresariales. La exsecretaria de Estado planteó ampliar las posibilidades de colaboración tecnológica. “Si es que se va a hacer algo con esa empresa, ojalá se haga con otras también, y ojalá se haga tomando en consideración estas características que no son triviales”.
La incorporación de inteligencia artificial abre oportunidades para universidades, centros de investigación y desarrolladores tecnológicos chilenos, pero la selección de plataformas puede condicionar el mercado de futuros servicios públicos. La interoperabilidad de los sistemas, los costos de migración, la ubicación de los datos y las condiciones de auditoría determinarán las posibilidades reales de reemplazar proveedores sin afectar la continuidad de las operaciones.
La comparecencia de Ximena Lincolao ante la Comisión de Futuro y Ciencia, prevista para el 23 de noviembre, permitirá examinar las responsabilidades ministeriales, los fundamentos de la colaboración y las condiciones que podrían regir sus proyectos. Paralelamente, Contraloría deberá pronunciarse sobre el requerimiento parlamentario referido a la legalidad del instrumento y las facultades ejercidas para suscribirlo.
Chile dispone de un acuerdo de cooperación tecnológica, pero todavía no de proyectos de implementación definidos junto a OpenAI. No existen organismos públicos seleccionados, montos comprometidos ni condiciones definitivas para eventuales contratos. La formación de funcionarios y las recomendaciones que surjan de la mesa conjunta podrían influir en las próximas decisiones de modernización estatal.
El Congreso y los organismos fiscalizadores tendrán que examinar esas decisiones cuando se conviertan en iniciativas concretas, especialmente si comprometen recursos públicos, información institucional o servicios esenciales para la ciudadanía.
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