El organismo detectó 25 contenedores que salieron de zonas primarias sin aforo y 76 declaraciones que debieron ser fiscalizadas. Horas después, Hacienda solicitó la renuncia de Alejandra Arriaza, sin informar oficialmente las razones de la decisión
La jornada terminó convirtiéndose en una de las más complejas para el Servicio Nacional de Aduanas. Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló deficiencias en los sistemas utilizados para seleccionar, inspeccionar y fiscalizar mercancías que ingresan al país, incluyendo 25 contenedores que abandonaron zonas primarias pese a haber sido seleccionados para revisión física. Horas después, el Ministerio de Hacienda solicitó la renuncia de la directora nacional del servicio, Alejandra Arriaza.
El Informe Final N°599 examinó principalmente operaciones realizadas entre enero y diciembre de 2024, aunque algunas verificaciones incorporaron antecedentes de 2025. La revisión incluyó los sistemas de declaración de ingreso, selectividad y denuncias, además de los equipos escáner y las condiciones de ciberseguridad utilizadas por Aduanas.
Uno de los hallazgos centrales fue que 25 contenedores seleccionados por el sistema de Selectividad o mediante revisión manual abandonaron las zonas primarias sin que se practicara el aforo de las mercancías. La Contraloría estableció que en esos casos los almacenistas habían sido multados por no presentar las cargas al proceso de revisión requerido.
Operaciones de riesgo que quedaron fuera del control
La auditoría detectó además problemas en los mecanismos destinados a identificar importaciones que debían ser fiscalizadas. Contraloría reprocesó 5.575.186 declaraciones de ingreso correspondientes a operaciones que durante 2024 no habían sido seleccionadas para revisión y determinó que 76 cumplían criterios que justificaban algún tipo de control físico, documental o mediante escáner.
Entre esas 76 operaciones había 28 asociadas al filtro de tráfico ilícito y riesgo penal, 25 correspondientes a importaciones procedentes de países considerados oferentes de drogas, 19 relacionadas con mercancías provenientes de China y eventuales vulneraciones de propiedad intelectual y dos vinculadas con fuegos artificiales, armas y municiones.
El problema estaba, en buena medida, en el funcionamiento del sistema. En 69 de las declaraciones, los antecedentes iniciales no activaron los filtros, pero posteriormente fueron modificados y la plataforma no volvió a someter las operaciones al proceso de Selectividad. Contraloría no atribuyó intencionalidad a los agentes involucrados, pero sostuvo que la debilidad permitía que operaciones modificadas quedaran fuera de una nueva evaluación de riesgo.
La auditoría advirtió que esta falla podía facilitar que mercancías vinculadas con contrabando, armas u otros productos que los filtros buscan detectar eludieran los controles establecidos.
Fotografías de escáner enviadas por WhatsApp
Las observaciones no terminaron allí. Durante una fiscalización realizada en julio de 2025 en la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio, Contraloría constató que los dos camiones escáner disponibles no funcionaban simultáneamente: uno operaba durante la mañana y el otro durante la tarde.
Las estaciones de trabajo instaladas en los vehículos tampoco estaban conectadas a los sistemas institucionales. Esa falta de integración llevó a que funcionarios fotografiaran con sus teléfonos personales las imágenes de los escáneres y las compartieran mediante WhatsApp con otros operadores para analizarlas. Contraloría consideró que la práctica exponía información institucional y ordenó investigar los hechos.
También fueron detectadas falencias en la trazabilidad de armas y municiones entregadas posteriormente a Carabineros, PDI o la Armada. De 134 denuncias examinadas en 2024, 58 carecían en el sistema del respaldo correspondiente a la cadena de custodia. Durante 2025, la situación se repetía en 39 de 70 denuncias revisadas. En total, fueron 97 casos sin el documento incorporado al sistema.
Sistemas vulnerables y controles sin trazabilidad
La dimensión tecnológica aparece como otro de los puntos críticos del informe. Contraloría encontró bases de datos que no mantenían registros suficientes para establecer quién accedía, modificaba o eliminaba determinada información, además de servidores y sistemas operativos obsoletos y vulnerabilidades en plataformas utilizadas para actividades esenciales de fiscalización.
La auditoría también cuestionó el mecanismo utilizado para impedir que cargas seleccionadas abandonaran los recintos aduaneros. Los avisos a los almacenistas se realizaban mediante correos electrónicos, sin un sistema integrado capaz de bloquear automáticamente la liberación de un contenedor marcado para aforo.
Aduanas informó que estaba desarrollando una segunda fase del proyecto Hermes para automatizar este procedimiento. Sin embargo, a noviembre de 2025 el proyecto registraba un avance de apenas 11%, con término previsto para octubre de 2026. Contraloría exigió al servicio presentar un plan de acción dentro de 60 días hábiles.
Hacienda pide la salida de Alejandra Arriaza
La repercusión institucional escaló durante la tarde. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitó la renuncia de la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, quien encabezaba el organismo desde agosto de 2022 y había llegado al cargo mediante el sistema de Alta Dirección Pública.
Hasta ahora, Hacienda no ha comunicado oficialmente que el informe de Contraloría sea la causa de la solicitud de renuncia. La decisión se conoció, no obstante, durante la misma jornada en que se hicieron públicos los hallazgos y en medio de otros cuestionamientos sobre el funcionamiento del servicio.
Una vez concretada la salida de Arriaza, la conducción interina quedaría en manos de la actual subdirectora jurídica, María Jazmín Rodríguez, según información confirmada por distintos medios.
Contraloría, por su parte, instruyó a Aduanas iniciar procedimientos sumariales para determinar eventuales responsabilidades administrativas asociadas a los contenedores liberados sin revisión, las deficiencias de los filtros de riesgo, el funcionamiento de los camiones escáner y otros hallazgos detectados durante la auditoría.
El informe deja así un problema que trasciende los 25 contenedores identificados. Las observaciones abarcan la selección de mercancías de riesgo, la ejecución efectiva de controles, la trazabilidad de evidencia relacionada con armas y la seguridad de los sistemas tecnológicos sobre los cuales descansa una parte relevante de la fiscalización fronteriza chilena.
