Legisladora por la Región de O’Higgins advierte que la exclusión de localidades rurales de proyectos de agua responde a criterios técnicos que no consideran la realidad territorial, instalando presión política sobre el diseño de infraestructura hídrica
La crisis hídrica volvió a instalarse en el debate legislativo con foco territorial, ya que en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, la diputada Carolina Cucumides (Distrito 16) advirtió que las comunidades rurales están quedando fuera de proyectos de infraestructura clave, en medio de una discusión que tensiona los criterios técnicos con las necesidades reales de los territorios.
Durante su intervención, la parlamentaria puso el acento en el impacto social de estas decisiones, señalando que “el mundo rural empieza a morir y de forma cada vez más fuerte; las señales indican que la gente terminará volcándose a las capitales si no entregamos soluciones concretas”, una advertencia que instala el riesgo de despoblamiento progresivo en zonas rurales afectadas por la escasez hídrica.
Rentabilidad social vs. equidad territorial
El eje del planteamiento apunta a los criterios de evaluación de proyectos, particularmente al concepto de rentabilidad social. Según expuso, este tipo de medición estaría dejando fuera a comunidades pequeñas al priorizar inversiones con mayor impacto poblacional, lo que abre una discusión sobre cómo se definen las prioridades en infraestructura pública.
En ese marco, Cucumides ejemplificó con la comuna de La Estrella, que ha quedado fuera de iniciativas hídricas que sí consideran a localidades cercanas como Litueche, advirtiendo que “incluir a localidades pequeñas encarece los costos de rentabilidad social, y eso termina dejando fuera a comunidades completas que siguen sin soluciones estructurales”, lo que profundiza brechas en acceso al agua potable en sectores rurales.
Dependencia estructural y presión por soluciones
La falta de inversión en infraestructura ha mantenido a varias localidades en esquemas de abastecimiento de emergencia. La diputada advirtió que en sectores como Las Bahamas “lamentablemente seguimos dependiendo de camiones aljibe en muchos territorios, lo que refleja que no hemos sido capaces de avanzar en soluciones permanentes”, evidenciando la persistencia de respuestas transitorias frente a una crisis estructural.
Este escenario refuerza la presión sobre el Estado para modificar los criterios de asignación de recursos, en un contexto donde la brecha entre zonas urbanas y rurales se profundiza y donde la urgencia por soluciones concretas comienza a escalar en el debate político.
Representación y equilibrio territorial
El debate también incorpora una dimensión institucional. Cucumides advirtió que la forma en que se distribuye la representación parlamentaria podría profundizar la desigualdad territorial si se mantiene una lógica basada exclusivamente en densidad poblacional.
En esa línea, sostuvo que “nunca vamos a tener equilibrio territorial si el peso se mide solo en función de la cantidad de personas; es un tema político que hay que enfrentar con altura de miras”, planteando que el diseño institucional debe considerar la realidad de zonas rurales y su proyección en el desarrollo del país.
Señal política en medio de la crisis hídrica
La intervención se da en un momento donde el acceso al agua se consolida como uno de los principales desafíos de política pública en regiones como O’Higgins, donde la combinación de escasez, rezago en infraestructura y criterios de inversión cuestionados tensiona la acción del Estado.
En su cierre, la diputada reafirmó su compromiso con las comunidades rurales, señalando que “nuestra gente del campo es importante y cuentan con nosotros; tenemos la responsabilidad de lograr resultados reales, porque el Estado no puede seguir recortando recursos en proyectos que son vitales para la supervivencia de nuestra identidad rural”, reforzando la presión política por avanzar en soluciones de fondo.
