Por: Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
Queda un poco más de una semana para que se realice el cambio de mando presidencial… el gobernante electo, Gabriel Boric, ya ha designado a su gabinete ministerial y a los Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales. En los próximos días dará a conocer a quienes lo acompañarán en las diversas Seremias y Servicios a nivel regional.
En paralelo, el gobierno saliente, específicamente sus autoridades de mando medio están realizando una masiva y silenciosa contratación y/o reubicación de funcionarios en las más diversas reparticiones públicas a lo largo y ancho del país.
Las contrataciones, muchas de ellas sin concurso público alguno, con elevados sueldos y en general sin las competencias, formación ni experiencia pertinente para “trabajar” al interior de las instituciones donde están siendo instalados arbitrariamente.
Esta lamentable realidad se puede constatar sin mucho esfuerzo ni dedicación en el apartado de transparencia de cada institución. Claramente se está dando el “último raspado de olla” para estrujar al máximo la condición de “servidor público” a pocos días que asuma una nueva administración gubernamental.
No son pocas las voces que acusan que desde las Delegaciones Presidenciales Regionales, direcciones de servicios de carácter nacional (con bajada regional) y otras instituciones estatales a lo largo del país se están dando instrucciones concretas para contratar y/o reubicar profesionales (jefes de gabinetes, periodistas, asesores, entre otros) de la actual administración en donde sea … la idea es “cuidarlos y protegerlos” del próximo gobierno y extender más allá de lo ético y lo profesional una seguridad laboral a costa del Estado y, por ende, de todos nosotros.
Esta práctica, parte del paisaje cotidiano de la política tradicional por lo demás, debe ser erradicada y por lo mismo emplazamos a las actuales y futuras autoridades a cautelar el bien común, pues en cada nueva contratación -bajo estas singulares condiciones- se atenta contra el funcionamiento del Estado; la carrera profesional de cientos de funcionarios que ven como se quedan sin opciones de avanzar porque se ocupan grados y recursos; el erario nacional y, lo más importante, contra las múltiples necesidades de los chilenos, en especial de quienes vivimos más allá de la capital.
Creemos importante recordar a los señores diputados y señoras diputadas en ejercicio que este período finaliza el próximo 11 de marzo, por lo que les exigimos cumplir con una de sus principales labores que es la de fiscalizar el actuar de quienes conformar la institucionalidad del Estado. Y no hacer vista gorda a lo que sucede en cada uno de sus distritos. A los que vienen, a entender que sobre sus hombros descansa la esperanza de un Chile más justo, transparente y solidario.
Llamamos a los Gobernadores Regionales a estar atentos y denunciar este tipo de acciones, pues sepan que esta situación atenta directamente a su actual y futura gestión. No tengan dudas que se verán complicados, desde lo financiero a lo netamente operacional, a la hora de concretar sus promesas de campaña hechas a la ciudadanía regional.
Esperamos que Contraloría, junto con los diversos organos fiscalizadores, se den el trabajo de revisar estas contrataciones y confirmar o no el cumplimiento de la ley, pues insistimos en que trás todo esto se atenta contra el Estado, el bien común y los intereses de todos quienes habitamos este país.
Los tiempos actuales demandan una nueva forma de hacer y gestionar la política, y en ese sentido los chilenos anhelamos una gestión política transparente y de cara a la ciudadanía… queremos a los mejores, en los aspectos técnicos como éticos, en la administración pública y no a quienes buscan dar el último “raspado de la olla” estrujando al máximo su permanencia en el sector público y de esta forma cautelar sus propios intereses personales y/o los de sus partidos políticos.
