La iniciativa cuenta con el respaldo de 38 diputados de distintas bancadas, incluyendo representantes de Renovación Nacional, Partido Republicano, UDI, Partido Social Cristiano e independientes
Treinta y ocho parlamentarios, encabezados por el diputado Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano, argumentan que reforma previsional vulnera el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones y excede las competencias legislativas
La solicitud de 36 páginas, que busca impugnar la totalidad del proyecto de reforma previsional, advierte sobre potenciales impactos económicos y constitucionales derivados de la eliminación del sistema de multifondos y las nuevas restricciones a la inversión extranjera.
El grupo parlamentario fundamenta su petición en que el Congreso habría legislado sobre materias que exceden sus competencias constitucionales. “El proyecto atenta directamente contra el derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones”, señala el documento presentado ante el Tribunal Constitucional.
La eliminación de los cinco multifondos actuales y su reemplazo por fondos generacionales constituye uno de los puntos centrales de la controversia. Los legisladores argumentan que esta modificación “altera de forma unilateral los actuales contratos vigentes”, sobrepasando las facultades establecidas en la Constitución Política.
Impacto económico en debate
Un aspecto destacado del requerimiento se refiere a las nuevas regulaciones sobre inversión extranjera. El documento advierte que el límite propuesto, entre 50% y 80%, podría tener consecuencias significativas en la economía nacional. “Implicaría que al menos 93.000 millones de dólares DEBAN ir hacia el extranjero, arriesgando que el tipo de cambio se deprecie a rangos de $1.300 por dólar”, señala el texto.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 38 diputados de distintas bancadas, incluyendo representantes de Renovación Nacional, Partido Republicano, UDI, Partido Social Cristiano e independientes, superando el requisito constitucional de “más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados”.
El requerimiento, que busca una reserva de constitucionalidad sobre la reforma aprobada el 28 de enero en la Cámara de Diputados, deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional, que determinará si el proyecto cumple con los requisitos establecidos en la Carta Fundamental.
