La Comisión de Seguridad Ciudadana avanzó de forma unánime en un proyecto que crea el delito de robo por tumulto, elevando las sanciones y redefiniendo el tratamiento penal de hechos que han ido en aumento en el comercio y espacios urbanos
El Congreso dio un paso concreto en uno de los temas que ha ganado espacio en la agenda pública. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad un proyecto que endurece las penas para los turbazos, estableciendo sanciones que pueden llegar hasta 15 años de cárcel. La iniciativa busca responder a un fenómeno que ha evolucionado en forma y magnitud, desafiando las herramientas tradicionales del sistema penal.
El proyecto, contenido en el boletín 17.235, introduce una modificación al Código Penal para crear el delito de robo cometido por tumulto, apuntando a cerrar un vacío legal que ha dificultado la persecución de estos hechos. La lógica es clara: cuando un grupo actúa de forma masiva y coordinada, el impacto del delito cambia, incluso si no existe violencia directa contra una persona específica.
Un cambio en la forma de entender el delito
La iniciativa establece que será considerado robo -y no una figura menor- la apropiación de dinero o especies en viviendas, locales comerciales u oficinas cuando sea ejecutada por una multitud. Bajo esta definición, la acción colectiva pasa a ser un elemento central en la tipificación del delito, elevando su gravedad.
El cambio no es solo técnico. Implica reconocer que la intimidación generada por una multitud puede ser equivalente o incluso superior a la violencia individual, alterando completamente las condiciones en que ocurre el hecho. Esto permite que conductas que antes podían ser sancionadas de manera más leve, ahora enfrenten penas significativamente más altas.
Penas más altas y foco en la intimidación colectiva
Con esta modificación, quienes participen en turbazos arriesgarán penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, desde 5 años y un día hasta 15 años de cárcel. Este aumento busca alinear la sanción con el impacto real de estos delitos, especialmente en el comercio.
Durante el debate, parlamentarios destacaron que el proyecto incorpora un elemento clave: la intimidación general que provoca una acción masiva, incluso cuando no hay agresión directa. Este punto permite reforzar la capacidad del sistema penal para actuar frente a delitos que operan bajo dinámicas distintas a las tradicionales.
Un fenómeno que presiona cambios legales
El avance de los turbazos ha generado preocupación creciente, especialmente en sectores comerciales donde estas acciones se repiten con mayor frecuencia. La irrupción simultánea de múltiples personas dificulta la reacción de víctimas y autoridades, generando pérdidas económicas y sensación de inseguridad.
En ese escenario, el marco legal vigente ha sido cuestionado por no reflejar adecuadamente la gravedad de estos hechos, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas figuras penales. La aprobación unánime en comisión refleja un consenso político en torno a la necesidad de ajustar la legislación.
Lo que viene en la tramitación
Tras su aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto será discutido en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá ser ratificado antes de continuar su tramitación.
El debate que se abre apunta a un equilibrio complejo. Por un lado, existe presión por fortalecer las sanciones frente a delitos masivos. Por otro, se mantiene la discusión sobre la efectividad de las penas como herramienta para prevenir este tipo de conductas.
