Desde el Gobierno resaltaron los efectos de la medida e hizo reserva de constitucionalidad sobre la iniciativa, que ahora pasa a las comisiones por ser objeto de indicaciones
Por 81 votos a favor, 46 en contra y doce abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general “insaneablemente nula la norma vigente que vino a reformar la Ley General de Pesca y Acuicultura”, contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones.
De esta forma, la propuesta, que fue devuelta a comisiones al ser objeto de indicaciones, impugna en lo particular la Ley 20.657, que modifica el citado cuerpo legal en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización.
El texto aprobado por los legisladores detalla que, durante la tramitación de la citada Ley 20.657, entre los años 2011 y 2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.
El texto aprobado por los legisladores detalla que, durante la tramitación de la citada Ley 20.657, entre los años 2011 y 2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.A lo anterior, explica la normativa, se sumó la manifiesta presión indebida sobre parlamentarios ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta normativa.
Por lo mismo, La moción sostiene que la Ley de Pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación.
Por otra parte, se precisa que es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente a algunos parlamentarios mientras se discutía la ley. Este principio, entendido como la preeminencia del interés general por sobre el particular, es aplicable por mandato de la propia Constitución a todas las personas que son titulares de funciones públicas, por lo que quedan incluidos los senadores y diputados.
Reserva de Constitucionalidad
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, fue parte del debate, explicando que las consecuencias de la nulidad de la normativa, señalando que ello solo empeora las cosas. “Es un autogol completo”, sentenció.
La autoridad, que llamó a rechazar el proyecto y avanzar en modificaciones, sostuvo que la moción busca borrar jurídicamente la Ley de Pesca, invalidando, así, los efectos administrativos, contractuales y legales que esta norma haya generado y retrotrayendo la situación jurídica al momento previo a su promulgación.
En tanto, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que el texto legal infringe la Constitución y solicitó reserva de constitucionalidad. “No existe la potestad expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley”, agregando que “aprobar una ley que anula una anterior, sería un gravísimo precedente, porque podría venir una seguidilla de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho y a cuestionar lo que el Congreso ha hecho por el país”.
