Seminario reunió a autoridades, expertos y sector privado para analizar el impacto del comercio ilegal en la economía regional, la seguridad y la formalidad, alertando sobre su vínculo con redes criminales y la urgencia de una respuesta coordinada.

El comercio ilegal dejó de ser una actividad periférica y comenzó a consolidarse como un factor que impacta directamente el crecimiento económico del norte de Chile, afectando la competitividad del comercio formal, la inversión y la generación de empleo. Esa fue una de las principales alertas que dejó el seminario realizado en Iquique por el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la Cámara Nacional de Comercio.

La instancia reunió a autoridades regionales, parlamentarios y especialistas, quienes coincidieron en que el fenómeno no solo reduce la recaudación fiscal, sino que además fortalece estructuras vinculadas al crimen organizado, ampliando su impacto en territorios estratégicos como la macrozona norte.

Iquique como punto crítico del debate

Durante la apertura del encuentro, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, advirtió que el comercio ilícito ya no puede ser abordado como un problema acotado. En su intervención, sostuvo que “combatir el comercio ilegal es proteger el empleo, la inversión y el desarrollo del país”, relevando el carácter estructural que ha adquirido el fenómeno.

Pakomio enfatizó que regiones como Tarapacá cumplen un rol clave como polos logísticos, comerciales y turísticos, pero enfrentan una creciente exposición a estas dinámicas. En esa línea, planteó que el norte no puede quedar asociado a una imagen de criminalidad, sino que debe proyectarse como un territorio de oportunidades y crecimiento.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, complementó esta mirada al señalar que el comercio ilegal involucra múltiples dimensiones y exige respuestas coordinadas. La autoridad sostuvo que ninguna institución por sí sola puede enfrentar este fenómeno, subrayando la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado.

Fiscalización y capacidades del Estado bajo presión

Uno de los ejes más relevantes del seminario fue la capacidad de fiscalización frente a un fenómeno cada vez más sofisticado. En el panel técnico, autoridades coincidieron en que el combate al comercio ilegal requiere mayor coordinación institucional, intercambio de información y herramientas más eficaces para enfrentar redes complejas.

En ese espacio, la directora regional del SAG en Tarapacá, Sue Vera, advirtió que el marco normativo actual presenta limitaciones frente a la magnitud del problema. La autoridad explicó que la normativa muchas veces no acompaña la acción fiscalizadora, lo que dificulta avanzar en sanciones efectivas.

Entre las medidas que se están evaluando, mencionó el aumento de multas, la posibilidad de interceptar vehículos y la retención de productos, con el objetivo de fortalecer el control y mejorar la trazabilidad de mercancías que ingresan o circulan de manera irregular.

Crimen organizado y comercio ilegal: una relación cada vez más estrecha

Otro de los puntos críticos abordados durante la jornada fue el vínculo entre comercio ilegal y crimen organizado. Según se expuso, actividades como el contrabando de cigarrillos, alcohol o medicamentos no solo afectan la economía formal, sino que también financian redes delictuales complejas y transnacionales.

Este diagnóstico refuerza la necesidad de avanzar hacia un enfoque que combine herramientas económicas, regulatorias y de seguridad pública, donde la persecución penal y la inteligencia operativa cumplan un rol clave en la desarticulación de estas estructuras.

Una agenda pendiente para reactivar el norte

En la conversación de cierre, que contó con la participación del senador Renzo Trisotti, se abordó la necesidad de impulsar políticas públicas integrales que permitan enfrentar el comercio ilegal de manera sostenida. En esa línea, se planteó que la recuperación del comercio formal es clave para dinamizar la economía regional, especialmente en zonas con alta dependencia de la actividad comercial.

Las conclusiones del seminario apuntaron a fortalecer la fiscalización en fronteras y rutas, mejorar la persecución de redes delictuales y consolidar una agenda público-privada que permita recuperar espacios para la formalidad.

Crecimiento y seguridad como desafío común

El encuentro dejó en evidencia que el comercio ilegal se instaló como un problema transversal que impacta la economía, la seguridad y la cohesión social. Más allá de su dimensión comercial, el fenómeno plantea un desafío mayor para la política pública y la gestión del Estado.

La discusión abre una interrogante clave para el país: cómo avanzar en estrategias que permitan recuperar la competitividad del comercio formal y fortalecer la confianza en las instituciones, en un momento donde el crecimiento económico vuelve a posicionarse como prioridad nacional.