El gremio empresarial advierte que los mercados ilegales ya operan como un sistema económico paralelo en Chile, con efectos directos en inversión, empleo y seguridad, y articula una estrategia con el Estado para contener su expansión
La escena no es nueva, pero el diagnóstico sí alcanza un punto de inflexión. En una presentación que reunió a representantes de sus seis ramas, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) puso sobre la mesa una advertencia que trasciende lo sectorial: las economías ilícitas dejaron de ser un fenómeno marginal y hoy configuran un sistema económico paralelo, con capacidad de competir —y tensionar— las bases del desarrollo formal en Chile.
El lanzamiento de la iniciativa “Por un Chile sin economías ilícitas” no solo busca visibilizar el problema, sino instalarlo en el centro de la discusión pública. La señal del gremio es clara: la expansión de estos mercados ilegales impacta directamente la inversión, el empleo formal y la estabilidad institucional, tres variables que sostienen el crecimiento de largo plazo y que hoy enfrentan presiones crecientes.
Un fenómeno que escala y se consolida en la economía real
Las cifras entregadas por la CPC dimensionan el alcance del fenómeno. De acuerdo con estimaciones levantadas junto a 28 gremios y dos empresas, los mercados ilícitos en Chile alcanzan cerca de US$8.000 millones, equivalentes a más de un 2% del PIB nacional, una magnitud que ya no permite interpretaciones parciales ni respuestas fragmentadas.
Más que un conjunto de actividades aisladas, el diagnóstico apunta a la consolidación de circuitos económicos paralelos que operan con lógica propia y capacidad de expansión, incorporando prácticas como el contrabando, la falsificación, el fraude, el comercio informal y el robo de bienes. En ese entramado, la línea entre informalidad y criminalidad se vuelve difusa, amplificando su impacto.
En terreno, esa expansión se traduce en distorsiones en las cadenas de valor, presión sobre los precios y pérdida de competitividad para las empresas formales, particularmente en sectores intensivos en logística, distribución y recursos naturales.
El vínculo con el crimen organizado y sus efectos sistémicos
Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico es la conexión directa entre economías ilícitas y crimen organizado. Desde la CPC advierten que estos mercados se han transformado en la principal fuente de financiamiento de redes criminales, facilitando su crecimiento y sofisticación operativa.
Ese vínculo no solo refuerza la dimensión delictual del fenómeno, sino que instala un riesgo mayor: la captura de espacios económicos por estructuras ilegales que operan con ventajas competitivas fuera de la ley, debilitando la institucionalidad y erosionando la confianza en el sistema.
Los efectos son múltiples y se retroalimentan. La competencia desleal afecta a empresas formales, la evasión reduce la recaudación fiscal y la expansión de la informalidad limita la creación de empleo de calidad. Todo ello configura un escenario donde las reglas del mercado pierden consistencia y previsibilidad, afectando decisiones de inversión y planificación.
Una respuesta articulada entre sector privado y Estado
Frente a este escenario, la CPC optó por una estrategia que busca trascender el diagnóstico. La iniciativa presentada contempla un trabajo colaborativo público-privado estructurado en seis ejes: comercio ilícito y contrabando, finanzas ilícitas, ilícitos en materias primas, ilícitos en minería, robos y fortalecimiento de la respuesta del Estado.
El objetivo es avanzar hacia una comprensión integral del fenómeno, identificar patrones de operación y proponer medidas concretas que permitan su desarticulación, incorporando herramientas regulatorias, tecnológicas y de persecución penal.
En esa línea, el gremio ya ha iniciado conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y el Ministerio Público, en un intento por construir una arquitectura de respuesta coordinada que supere la fragmentación institucional que hoy dificulta enfrentar este tipo de economías.
Más que seguridad, una condición para el desarrollo
El trasfondo de la iniciativa excede el ámbito de la seguridad pública. Para el mundo empresarial, el avance de las economías ilícitas instala un problema de fondo: la pérdida de condiciones básicas para el funcionamiento del mercado y la inversión, afectando la proyección económica del país.
La advertencia es directa. Sin un control efectivo de estos mercados, variables como la certeza jurídica, la competencia leal y la estabilidad regulatoria comienzan a deteriorarse, impactando tanto a actores locales como a inversionistas internacionales. En esa línea, la CPC plantea que enfrentar este fenómeno es clave para recuperar la confianza y fortalecer el Estado de Derecho como base del desarrollo sostenible.
El trabajo en curso contempla la elaboración de un documento final con propuestas, cuya entrega está prevista para junio de 2026. Más allá de ese hito, el desafío es mayor: transformar el diagnóstico en una agenda de acción que logre contener un fenómeno que ya dejó de operar en los márgenes y que hoy se inserta en el corazón de la economía chilena.
