La Dirección de Presupuestos analiza la evolución 2022-2026 de los presupuestos regionales, destaca nuevas facultades, cambios en control y ejecución, y un salto en recursos de asignación directa, pero subraya que el proceso sigue dependiendo de normas transitorias y requiere institucionalidad estable
La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el estudio “Descentralización fiscal: evolución, ejecución y desafíos de los presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales 2022-2026”, un documento que pone números y reglas al cambio más relevante de la última década en la gestión territorial: el fortalecimiento del rol de los gobiernos regionales en la planificación y ejecución de la inversión pública.
El informe tiene un objetivo preciso: medir cómo se ha movido la aguja de la descentralización fiscal desde una perspectiva presupuestaria. Para ello, revisa los cambios introducidos en las Leyes de Presupuestos desde 2020, su impacto en financiamiento, ejecución y gobernanza del gasto regional, y extrae aprendizajes de los primeros años de funcionamiento de los gobiernos regionales electos.
Qué cambió en la arquitectura presupuestaria
Uno de los hitos que destaca el estudio es la creación de una partida presupuestaria propia para los gobiernos regionales. A ello se suma una reducción y reorganización de programas, el fortalecimiento de las facultades de apertura y modificación del presupuesto y un rol reforzado de los Consejos Regionales en la aprobación y control del gasto de inversión. En la práctica, esto mueve poder de decisión desde el nivel central hacia los territorios, con reglas más claras de responsabilidad y control.
El documento también revisa los instrumentos que hoy componen el financiamiento regional: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Fondo de Equidad Interregional, el Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo asociado al Royalty Minero, junto con la evolución de la ejecución del gasto y su composición por subtítulo.
Autonomía con nuevas reglas en 2026
Entre las novedades del Presupuesto 2026, la Dipres subraya un cambio operativo relevante: solo serán visadas las modificaciones presupuestarias que afecten gastos en personal y de consejeros regionales, y en inversión solo aquellas vinculadas al Royalty Minero y al Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional. El diseño replica un modelo más cercano al de las empresas públicas, con mayor autonomía que en años previos, aunque sin llegar a la autonomía constitucional de los municipios.
El trasfondo es un salto cuantitativo en la asignación directa de recursos. Según el estudio, en 2010 solo el 44% del financiamiento regional se distribuía directamente a los gobiernos regionales; en 2026 esa cifra alcanza el 96,8%. El dato es clave: más recursos bajo decisión territorial implican más responsabilidad política y técnica sobre la calidad de la inversión pública en regiones.
Avances reales, pero con institucionalidad transitoria
La Dipres reconoce que los principales progresos se han materializado a través de las Leyes de Presupuestos, en un proceso de aprendizaje continuo entre regiones, administración central y Congreso.
Hoy, los gobiernos regionales perciben directamente parte de los recursos —como ingresos asociados a Bienes Nacionales, casinos de juego o litio— y los incorporan a sus presupuestos mediante resoluciones propias, un cambio que fortalece la transparencia y la trazabilidad del gasto.
Sin embargo, el propio informe marca un límite: la descentralización fiscal sigue apoyada en reglas transitorias. Entre los desafíos, subraya la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad permanente que otorgue certeza normativa, coherencia y sostenibilidad al proceso. En ese marco, la discusión del proyecto de ley Regiones Más Fuertes aparece como el próximo hito político para consolidar —o no— lo avanzado.
La señal de Dipres y lo que viene
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, fue explícita al señalar que “En los últimos años se han implementado avances en descentralización fiscal en línea con recomendaciones internacionales, pero los progresos se han materializado principalmente a través de medidas transitorias en las Leyes de Presupuestos. Han fortalecido gradualmente el rol de los gobiernos regionales, pero evidencian la necesidad de un marco institucional permanente que consolide estos cambios y otorgue mayor estabilidad y coherencia al proceso”.
En términos políticos y de gestión pública, el mensaje es claro: el ciclo 2022-2026 cerró con más autonomía real y más recursos bajo decisión regional, pero la siguiente etapa se juega en el Congreso. Lo que está en disputa no es solo un ajuste técnico, sino si la descentralización fiscal pasa de ser un arreglo presupuestario transitorio a una política de Estado con reglas estables.
