El informe de Dipres confirma que el poder fiscal ya se trasladó a las regiones, pero expone debilidades institucionales, reglas transitorias y menor holgura presupuestaria. Con más autonomía y menos certezas, la descentralización entra en una fase donde el desafío es gobernanza, resultados y rendición de cuentas
El estudio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) confirma un hecho que la política lleva años evitando mirar de frente: la descentralización fiscal en Chile ya ocurrió. En 2026, el 96,8% del financiamiento regional se asigna directamente a los Gobiernos Regionales. Hay partida presupuestaria propia, fondos estructurales como Transporte y Royalty, y más margen para decidir qué se financia y cómo. El poder se movió. Punto.
Lo que no se ha movido al mismo ritmo es la responsabilidad política por los resultados. Esos resultados no se miden en balances contables, sino en hospitales que no llegan, caminos que siguen aislando localidades, transporte que no conecta y oportunidades que continúan dependiendo del código postal. En regiones, la descentralización no es una discusión técnica: es una promesa de vida cotidiana mejor que todavía no se cumple con la velocidad ni la coherencia necesarias.
El mismo informe que enumera avances deja al descubierto una debilidad mayor: este nuevo poder descansa sobre reglas transitorias, glosas presupuestarias y acuerdos de corto plazo. Se trata, en la práctica, de una descentralización con fecha de vencimiento, rehén del ciclo político anual. Eso no es modernización del Estado. Es improvisación institucional con presupuesto ajeno. Cuando el diseño es frágil, quienes pagan el costo son los habitantes de regiones, no los arquitectos del sistema.
Los datos son todavía más incómodos. En 2022, más del 60% de las transferencias regionales fue a privados. No se trató de una anécdota, sino de una señal de debilidad de gobernanza. En 2023 y 2024 el sistema corrige y vuelve a privilegiar la ejecución vía entidades públicas, superando el 70%. La traducción es simple: primero se soltó la billetera y después se volvió a buscar el manual de instrucciones. Cada vaivén administrativo no es neutro: se traduce en proyectos detenidos, obras reprogramadas y comunidades que siguen esperando.
Aquí está el punto que muchos prefieren esquivar. Descentralizar no es repartir cheques con sello regional. Es construir Estado en los territorios, con capacidades, controles, prioridades claras y costos políticos asumidos. Si eso no ocurre, lo único que se consigue es multiplicar el desorden del nivel central en 16 versiones locales, con menos contrapesos y menos escrutinio público. En ese escenario, las brechas territoriales no se cierran: se administran.
El propio informe muestra otra contradicción que incomoda: más autonomía en un escenario fiscal más estrecho. El FNDR cae entre 2025 y 2026, mientras crecen fondos sectoriales con reglas propias. El mensaje es claro: las regiones reciben más poder, pero con un mapa presupuestario más fragmentado y con menos holgura real.
Para las personas, esto significa algo muy concreto: más competencia entre prioridades igual de urgentes —salud, conectividad, vivienda, seguridad hídrica— y más riesgo de que las decisiones se tomen por presión política y no por impacto social.
En este punto, el foco debe ponerse donde corresponde: el Congreso y el diseño institucional. La Dipres es clara al advertir que los avances descansan en normas transitorias. El Congreso, en cambio, ha optado por administrar la descentralización como una negociación presupuestaria anual, en vez de enfrentar el costo político de ordenar el poder territorial con reglas estables. Ese camino no es neutral. Mantiene la incertidumbre, debilita la planificación de largo plazo y convierte cada presupuesto en un campo de batalla por atribuciones y recursos.
El proyecto Regiones Más Fuertes resume esa deuda. No es un detalle técnico ni una discusión de especialistas. Es la pieza que falta para decidir si Chile tendrá una descentralización con instituciones o una descentralización a prueba y error. Postergar esa definición no protege al sistema. Lo expone. Cada año sin reglas claras se traduce en decisiones más cortoplacistas, en inversión menos estratégica y en brechas territoriales que siguen abiertas.
Desde Poderyliderazgo.cl la lectura es directa y poco cómoda: el país cruzó el punto de no retorno, pero lo hizo sin terminar de construir el puente institucional. Hoy, los Gobiernos Regionales tienen más poder que nunca. Lo que todavía no está claro es si el sistema político —con el Congreso a la cabeza— está dispuesto a exigir y sostener los estándares de gestión, planificación y rendición de cuentas que ese poder exige para reducir brechas reales y no solo redistribuir papeles presupuestarios.
La descentralización ya no es una promesa. Es un test de madurez del Estado chileno. Ese test no se rinde en planillas Excel: se rinde en la vida concreta de quienes viven lejos del centro. Si el diseño institucional sigue siendo precario y la política sigue administrando parches, el riesgo no es técnico ni contable. Es político y social: convertir una reforma necesaria en una nueva fuente de frustración territorial.
Cuando se transfiere poder sin reglas sólidas y sin foco en resultados, no se fortalece la democracia regional. Se profundiza la desconfianza. Esa es una brecha que ningún presupuesto, por grande que sea, logra cerrar después.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
