Arturo Squella propuso abrir total o parcialmente la propiedad de la estatal al capital privado. El Gobierno cerró la puerta, mientras la oposición acusó una amenaza al patrimonio nacional y el empresariado volvió a mostrar posturas divididas
La discusión sobre Codelco cambió de escala en cuestión de horas. Lo que hasta ahora se concentraba en su deuda, la producción, los mayores costos y una posible venta de activos llegó directamente a la propiedad de la empresa, luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propusiera incorporar capital privado a la principal compañía estatal del país.
En una entrevista concedida a La Tercera, Squella no se limitó a plantear nuevas asociaciones para desarrollar proyectos específicos. El senador puso sobre la mesa una venta total o parcial y vinculó la operación con la búsqueda de recursos para compensar la menor recaudación transitoria que produciría la megarreforma impulsada por el Gobierno.
“Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa. Cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor”.
El planteamiento encontró terreno preparado. Codelco enfrenta una deuda bruta de US$26 mil millones y mantiene bajo revisión sus inversiones y activos, después de cerrar 2025 con una producción propia de 1,334 millones de toneladas y registrar una caída de 8,1% durante el primer trimestre de 2026. El nuevo directorio ya había comenzado a revisar alianzas, mecanismos de financiamiento y participaciones que podrían dejar de ser estratégicas.
De los activos a la propiedad
La propuesta republicana lleva esa revisión un paso más allá. Vender una participación en una filial o constituir una sociedad para explotar un yacimiento permite incorporar capital, tecnología y capacidades privadas sin modificar necesariamente la propiedad de Codelco. Squella, en cambio, propone que inversionistas ingresen a la empresa matriz, aunque el Estado pueda conservar el control mayoritario.
Su fórmula contempla además la llegada de directores independientes de los ciclos políticos y la posibilidad de que los trabajadores accedan a una participación. Los recursos obtenidos podrían financiar incentivos al retiro de funcionarios públicos y compensar temporalmente menores ingresos fiscales, evitando que programas gubernamentales sean postergados.
La propuesta todavía no tiene forma legislativa. No existe un porcentaje definido, una valoración de la compañía, un mecanismo para colocar las acciones ni una regulación sobre los derechos de los futuros propietarios. Lo que existe es una definición política del presidente de Republicanos que movió el límite de una discusión hasta entonces centrada en gestión, activos y asociaciones.
La Moneda marca una frontera
La respuesta del Ejecutivo llegó durante la misma jornada. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el Gobierno está dispuesto a desprenderse de bienes prescindibles alojados en filiales, pero descartó que esa revisión alcance la propiedad de la corporación. “Estamos por vender algunos bienes que son prescindibles, no por privatizar”, sostuvo.
La posición mantiene la línea que el secretario de Estado había fijado cuando asumió la nueva administración de Codelco. Para La Moneda, la colaboración privada puede utilizarse para compartir inversiones, acceder a tecnologías y distribuir riesgos, pero no requiere entregar una parte de la empresa matriz.
“No estamos hablando de privatizar, sino de trabajar con privados, tal como lo hizo la administración de Máximo Pacheco, con más de 12 convenios con privados”.
El Gobierno coincide con Republicanos en que Codelco necesita mejorar productividad, seguridad, rentabilidad y disciplina financiera, pero discrepa sobre el instrumento. Mientras Squella plantea abrir la propiedad, el Ejecutivo apuesta por asociaciones, revisión de inversiones y venta de activos secundarios, manteniendo íntegramente el carácter estatal de la corporación.
La oposición lleva la disputa al Congreso
La propuesta alineó rápidamente al Partido Socialista, el Frente Amplio y otros sectores opositores, que relacionaron la eventual venta con el financiamiento de la megarreforma y advirtieron que no entregarán los votos necesarios para modificar la estructura de propiedad de la estatal.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, recordó el carácter transversal que tuvo la nacionalización del cobre y sostuvo que las dificultades fiscales del Gobierno no justifican vender una empresa que, a su juicio, debe mantener sus beneficios destinados al conjunto del país.
“Codelco es de todos los chilenos y no puede pretenderse ahora, por una idea del Partido Republicano, buscar la fórmula de vender esta empresa para solventar los menores ingresos que va a provocar esta megarreforma. El Gobierno no puede ni debe vender Codelco”.
Vodanovic agregó que la nacionalización aprobada hace 55 años convirtió a Codelco en una herramienta destinada a garantizar que la explotación de los yacimientos estatales beneficie al país. Desde esa perspectiva, anticipó que el PS no apoyará ni facilitará la iniciativa promovida por Squella.
El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Cristián Tapia, anunció que la controversia será abordada en esa instancia y sostuvo que una modificación de esta magnitud deberá enfrentar el examen y la votación del Congreso.
“Codelco le pertenece a todos los chilenos, es del Estado y no le pertenece a Republicanos. Una privatización tiene que pasar por el Congreso Nacional mediante una reforma constitucional y nosotros no vamos a permitir que se entregue a intereses privados”.
Tapia recordó que los integrantes de la comisión ya habían expresado una postura contraria a privatizar la cuprífera. También contrastó las declaraciones de Squella con las posiciones del biministro Daniel Mas y del presidente del directorio, Bernardo Fontaine, quienes han mantenido fuera de sus planes la venta de la empresa matriz.
El diputado Carlos Carvajal incorporó al debate una dimensión territorial. A su juicio, Codelco no puede evaluarse únicamente desde sus balances, porque su actividad sostiene empleo, proveedores, inversiones y encadenamientos productivos en las regiones donde se encuentran sus divisiones.
“Codelco es parte del orgullo de nuestro país. Es un símbolo de soberanía y una herramienta clave para el desarrollo de Chile. Privatizarlo sería un error grave e inaceptable, que además ignora la importancia que tiene para las regiones que somos mineras”.
Su posición se suma a la defensa parlamentaria de Codelco como una empresa 100% estatal, acompañada por exigencias de mayor eficiencia, probidad, auditorías y fortalecimiento de los controles internos. La propiedad pública y la demanda por una mejor administración aparecen, para ese sector, como objetivos complementarios.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa rechazó que los problemas productivos y financieros sean utilizados para instalar una venta parcial. Su respuesta apuntó a fortalecer la capacidad productiva del Estado y utilizar las asociaciones público-privadas sin entregar participación en la corporación.
“El cobre es chileno, es de todos los chilenos, y lo vamos a defender. Esta propuesta de privatizar Codelco es absolutamente impresentable e inaceptable. Chile necesita crecer y fortalecer aquello en lo que somos buenos, como la minería y la alianza público-privada”.
Bassa sostuvo que la discusión debe dirigirse hacia la diversificación de la matriz productiva, la recuperación de la minería pública y una revisión de las normas que regulan las concesiones. Para el parlamentario, abrir la empresa matriz significaría reducir las capacidades del Estado en lugar de fortalecer un sector donde Chile mantiene experiencia y ventajas productivas.
La FTC concentra su rechazo en la capitalización
La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) calificó el planteamiento como oportunista y cuestionó que las dificultades de la estatal se utilicen para justificar un cambio de propiedad. La organización reconoció los problemas de producción, los altos costos y los retrasos de los proyectos, pero recordó que la empresa opera yacimientos centenarios, enfrenta menores leyes minerales y ha debido financiar transformaciones tecnológicas con una capitalización estatal limitada.
“Manifestamos nuestro categórico y absoluto rechazo al planteamiento del presidente del Partido Republicano. Codelco es una empresa demasiado importante para Chile y no aceptamos que sea utilizada en un debate político de declaraciones en blanco o negro”, afirmó la federación.
La FTC aseguró que Codelco entregó US$7.400 millones al Estado durante el período anterior y planteó que una mayor reinversión de sus utilidades habría permitido elevar la producción, renovar tecnologías y reducir la presión del endeudamiento.
“Adoptaremos las acciones sindicales que sean pertinentes para defender de manera inclaudicable la propiedad estatal de Codelco. Estamos empeñados en recuperar la producción, fortalecer la gestión y asegurar su futuro como empresa estratégica del Estado”, concluyó la organización. La Federación mantiene desde meses anteriores una postura contraria a vender activos y favorable a capitalizar la compañía.
Una diferencia que no es solamente semántica
Privatizar no es lo mismo que asociarse. Codelco ya desarrolla proyectos junto con empresas privadas y puede recibir aportes de capital, tecnología, conocimiento y acceso a mercados sin dejar de pertenecer completamente al Estado.
La propuesta de Squella se ubica en otro nivel porque pregunta si Chile debe continuar siendo propietario del 100% de la corporación. Esa decisión afectaría la composición de su directorio, los derechos sobre las utilidades futuras, la forma de tomar decisiones estratégicas y la relación entre el Estado y los territorios donde opera la compañía.
También obligaría a definir qué porcentaje se vendería, quiénes podrían comprar, cómo se valoraría la estatal y qué facultades recibirían los nuevos accionistas. Ninguno de esos elementos forma parte todavía de una propuesta formal presentada ante el Congreso.
Una disputa que recién comienza
La Moneda fijó por ahora una frontera: pueden ampliarse las asociaciones y revisarse activos prescindibles, pero no se abrirá la propiedad de la corporación. Republicanos empujó la discusión más allá de ese límite y obligó al oficialismo a exhibir públicamente una diferencia sobre el futuro de la cuprífera.
El debate quedó instalado porque Codelco necesita recuperar producción, controlar costos, financiar inversiones y reducir la presión de su deuda. Pero la intervención de Squella agregó una pregunta más profunda: si esas transformaciones deben realizarse con el Estado como único propietario o permitiendo que inversionistas privados ingresen al corazón de la empresa.
