Por Richard Andrade C., Director Poderyliderazgo.cl
Cada fin de año invita al balance. Pero al observar 2025 en perspectiva, una conclusión se impone con fuerza: la fragilidad de los mecanismos de fiscalización se transformó en uno de los principales riesgos para la calidad de la democracia. No por la acumulación de hechos, sino por la reiteración de fallas que revelan un problema estructural en la forma en que el poder está siendo controlado —o, más bien, en cómo dejó de serlo.
El control como principio democrático
La fiscalización no es una concesión ni una señal de desconfianza hacia quienes ejercen funciones públicas. Es, en esencia, el contrapeso que permite que el poder se ejerza con legitimidad. Sin control, el poder se expande; sin límites claros, pierde referencia; y sin supervisión efectiva, se vuelve vulnerable a abusos, discrecionalidades y zonas grises que terminan erosionando la confianza ciudadana.
El poder sin fiscalización no es autoridad: es riesgo institucional.
Durante 2025, distintos episodios dejaron en evidencia cómo la falta de controles oportunos permitió que desórdenes administrativos, prácticas irregulares y decisiones poco transparentes se mantuvieran durante años sin corrección. El problema no fue solo la existencia de estas fallas, sino su persistencia en el tiempo, alimentada por sistemas de supervisión débiles, fragmentados o tardíos.
Cuando los límites se diluyen
Una democracia sana no descansa en la buena voluntad de quienes gobiernan ni en la presunción de probidad permanente. Descansa en reglas claras, procedimientos verificables y fiscalización constante. Cuando esos límites se diluyen, el poder comienza a operar con márgenes cada vez más amplios, y la institucionalidad pierde capacidad de autocorrección.
La rendición de cuentas es el verdadero contrapeso del poder.
No se trata de paralizar la acción del Estado ni de instalar una lógica punitiva. Por el contrario, la fiscalización bien ejercida fortalece la gestión pública, porque ordena procesos, previene errores y reduce riesgos políticos y financieros. Allí donde los controles fallan, el problema deja de ser técnico y se transforma en democrático.
Cuando los controles fallan, la democracia se vuelve vulnerable.
La normalización del desorden
Uno de los aspectos más preocupantes del escenario actual es la normalización de estas fallas. Lo excepcional se volvió recurrente; lo irregular, tolerable; y lo que debía encender alertas terminó integrándose a la rutina institucional. Esta adaptación silenciosa al desorden es quizás uno de los mayores peligros para la democracia, porque desactiva la capacidad de reacción antes de que el daño sea irreversible.
El debilitamiento de la fiscalización no solo afecta la eficiencia del Estado. Erosiona la legitimidad de las decisiones públicas, instala dudas sobre el uso de los recursos y deteriora la confianza en las instituciones. Una democracia que funciona bajo sospecha permanente es una democracia debilitada, incluso cuando sus estructuras formales permanecen intactas.
Fiscalizar para fortalecer
Existe una falsa dicotomía entre control y gobernabilidad. La experiencia demuestra que los Estados más sólidos son aquellos que cuentan con mecanismos de fiscalización robustos, autónomos y respetados. No porque desconfíen de sus autoridades, sino porque entienden que el poder necesita límites para sostenerse en el tiempo.
Fiscalizar no debilita al Estado: lo ordena y lo protege.
Resguardar la democracia implica asumir que el control no es una amenaza, sino una condición. Que la transparencia no puede depender de filtraciones ni de crisis mediáticas. Y que la verdadera fortaleza institucional se mide cuando el poder acepta ser supervisado, cuando los controles funcionan sin excepciones y cuando la rendición de cuentas deja de ser un gesto reactivo para convertirse en una práctica permanente.
La democracia no se protege solo con discursos, sino con controles que funcionen y con instituciones que acepten límites claros al ejercicio del poder.
