El nuevo dictamen de la Contraloría General de la República obliga a servicios públicos y municipios a establecer normas claras para el uso de viviendas fiscales, reforzando estándares de probidad, transparencia y control interno en la administración pública chilena
La Contraloría General de la República emitió el dictamen N° D263 de 2026, mediante el cual instruyó a servicios públicos y municipalidades del país a regular formalmente la asignación, uso y término de viviendas fiscales y municipales, estableciendo nuevas exigencias de gobernanza, control administrativo y fiscalización sobre estos inmuebles destinados a funcionarios públicos.
La resolución fija un plazo máximo de 60 días hábiles para que los organismos públicos dicten o actualicen reglamentos, instructivos y protocolos internos, incorporando criterios claros de asignación, mecanismos de control y causales de término del beneficio.
El nuevo criterio de la CGR reconsidera jurisprudencia administrativa previa y aclara que la legislación vigente no consagra un derecho indefinido al uso de viviendas fiscales, permitiendo a las autoridades poner término al beneficio cuando desaparecen las condiciones que justificaron originalmente su entrega.
La decisión marca además un nuevo estándar en materias de gestión pública, probidad y administración eficiente del patrimonio fiscal, en momentos donde el Estado enfrenta crecientes exigencias de transparencia y control ciudadano.
Contraloría pone foco en uso irregular y falta de control interno
El dictamen advierte que el uso prolongado o irregular de viviendas fiscales puede afectar principios esenciales de equidad funcionaria y debilitar la correcta administración de bienes públicos escasos.
La Contraloría sostuvo que estos inmuebles deben responder exclusivamente a necesidades propias del servicio y no transformarse en beneficios permanentes desligados de las funciones que justificaron originalmente su asignación.
En esa línea, las autoridades deberán establecer:
- plazos máximos de uso;
- requisitos de postulación y asignación;
- obligaciones de mantención y cuidado;
- mecanismos de fiscalización y control interno;
- pago de consumos asociados;
- causales y procedimientos de término del beneficio.
Además, el órgano contralor instruyó que tanto la asignación como el término del uso de una vivienda fiscal deberán formalizarse mediante actos administrativos fundados, conforme a la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.
Transparencia y gobernanza pública bajo mayor presión
La resolución también fortalece exigencias de trazabilidad administrativa y responsabilidad institucional en municipios y organismos públicos, particularmente en áreas vinculadas a administración de bienes fiscales y control del patrimonio estatal.
Especialistas en gestión pública advierten que el nuevo criterio podría obligar a múltiples instituciones a revisar asignaciones históricas de viviendas fiscales, especialmente en casos donde no existen protocolos actualizados o mecanismos claros de fiscalización.
Asimismo, el dictamen instala mayores exigencias para alcaldes, directores de servicio y jefaturas administrativas, quienes deberán acreditar una gestión activa sobre el uso de estos inmuebles y fortalecer estándares de gobernanza pública y control interno.
La CGR enfatizó además que la legislación vigente mantiene la prohibición de retirar una vivienda ya asignada únicamente para favorecer a un funcionario de mayor jerarquía.
Dictamen podría impactar procesos de modernización del Estado
La decisión de la Contraloría se enmarca en una agenda más amplia de fortalecimiento institucional y modernización de la administración pública, donde temas como transparencia, fiscalización y eficiencia del gasto fiscal han ganado protagonismo en el debate público.
Expertos sostienen que el nuevo criterio podría convertirse en referencia para futuras revisiones de beneficios asociados al sector público, particularmente en materias de uso de bienes fiscales, asignaciones institucionales y control patrimonial.
Con esta resolución, la Contraloría dejó sin efecto toda jurisprudencia administrativa incompatible con el criterio fijado en el dictamen N° D263 de 2026, consolidando una interpretación más estricta sobre el uso y administración de viviendas fiscales y municipales en Chile.
