El organismo fiscalizador desplegó una ofensiva de control que abarca transferencias sociales, conducta de autoridades y uso de recursos fiscales, en medio de un nuevo ciclo político marcado por mayor presión sobre la transparencia, eficiencia del gasto y responsabilidades administrativas
La Contraloría General de la República inició un conjunto de acciones de fiscalización que abarcan la entrega de beneficios sociales, la conducta de autoridades y la ejecución del gasto público, en el marco de sus atribuciones de control de juridicidad y auditoría sobre los actos de la administración.
Las medidas consideran controles preventivos, concurrentes y posteriores, junto con la aplicación de instructivos recientes que fijan criterios obligatorios para los servicios públicos. El organismo está reforzando la revisión de procesos administrativos en distintas etapas de ejecución, mientras que los dictámenes continúan operando como referencia normativa para la toma de decisiones en la administración del Estado.
Beneficios sociales: revisión de requisitos y procesos de asignación
Uno de los focos está en la entrega de beneficios sociales, donde la Contraloría ha iniciado revisiones sobre el cumplimiento de requisitos legales, la consistencia de las bases de datos y los mecanismos de asignación utilizados por los servicios públicos.
La contralora Dorothy Pérez señaló que “la entrega irregular de beneficios sociales… o sea, el abuso” forma parte de las prioridades de fiscalización para este año, en línea con la revisión de eventuales errores o inconsistencias en el sistema. En esa misma línea, indicó que “es imposible que siempre haya fondos… hay que optimizar y corregir abusos”, vinculando el control con la correcta utilización de recursos públicos.**
Las acciones incluyen auditorías a procesos completos, desde la identificación de beneficiarios hasta la asignación final de los recursos, con foco en la trazabilidad de la información.
Probidad de ministros: instructivo fija obligaciones y controles
En materia de probidad, la Contraloría emitió el Instructivo N° IN14/2026, que establece lineamientos para ministros y altas autoridades en relación con conflictos de interés, transparencia y cumplimiento de deberes funcionarios.
El documento indica que las autoridades deben privilegiar el interés general por sobre el particular y abstenerse en caso de conflictos de interés, además de cumplir con la presentación y actualización de la Declaración de Intereses y Patrimonio conforme a la Ley N° 20.880. También se establecen exigencias vinculadas al registro de agenda pública y otras obligaciones de transparencia.
La fiscalización considera la verificación del cumplimiento de estas disposiciones, tanto en la forma como en la oportunidad de las declaraciones, así como en la conducta funcionaria asociada.
Gasto público: control sobre ejecución y uso de recursos
El tercer eje se centra en la ejecución del gasto público, donde la Contraloría está desarrollando revisiones sobre programas, transferencias y contratos financiados con recursos fiscales.
Las acciones buscan verificar que el uso de los fondos se ajuste a la normativa vigente y a los objetivos definidos en cada programa. El control incluye la revisión de la ejecución presupuestaria y la consistencia entre el diseño de las iniciativas y su implementación, mientras que las auditorías apuntan a detectar eventuales desviaciones o incumplimientos en el uso de recursos públicos.
Según ha señalado la contralora, el objetivo es resguardar que los recursos lleguen a quienes corresponde, en línea con lo establecido en la legislación vigente.
Fiscalización se desarrolla en paralelo a exigencias sobre gestión pública
El despliegue de estas acciones ocurre mientras distintos organismos del Estado enfrentan procesos de implementación de políticas públicas en áreas sensibles, lo que ha incrementado la atención sobre los mecanismos de control y supervisión.
Desde el Congreso, parlamentarios han destacado el rol de la Contraloría en la revisión del uso de recursos públicos, al tiempo que han planteado la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno en los servicios.
En este marco, la fiscalización externa se desarrolla de manera paralela a los procesos de gestión, mientras que los servicios públicos deben ajustar sus procedimientos a los criterios definidos por el organismo fiscalizador.
Ejes de fiscalización activados por Contraloría
| Eje de control | Base normativa | Qué se fiscaliza | Alcance operativo |
|---|---|---|---|
| Beneficios sociales | Facultades de control + plan fiscalización 2026 | Cumplimiento de requisitos, focalización, bases de datos, asignación | Auditorías a procesos completos y revisión de trazabilidad |
| Probidad de ministros | Instructivo IN14/2026 + Ley 20.880 | Conflictos de interés, declaraciones, agenda pública, conducta funcionaria | Verificación de cumplimiento y seguimiento de obligaciones |
| Gasto público | Control de juridicidad + auditorías | Ejecución presupuestaria, programas, transferencias, contratos | Revisión de uso de recursos y consistencia con objetivos |
