Senadores y gremios del sector cuestionaron la rebaja de 2,5% aplicada al presupuesto de Salud, advirtiendo efectos sobre atención primaria, hospitales y programas sanitarios en distintas regiones del país
Un fuerte cuestionamiento al ajuste presupuestario aplicado al Ministerio de Salud realizó la Comisión de Salud del Senado, luego de escuchar a autoridades sanitarias y representantes de distintos gremios del sector público, quienes advirtieron que la reducción de recursos sí tendrá consecuencias sobre el funcionamiento de la red asistencial.
La instancia, presidida por Juan Luis Castro, acordó rechazar el recorte del 2,5% aplicado al presupuesto de Salud y citar nuevamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, luego de que ambas autoridades justificaran su ausencia en reiteradas ocasiones.
Tras la sesión, el senador Castro sostuvo que “no hay razones para creer que este recorte no afectará la atención de los pacientes”, señalando además que la rebaja presupuestaria terminará impactando tanto a la atención primaria como a hospitales de mediana y alta complejidad.
El representante de la Región de O’Higgins añadió que la comisión seguirá recibiendo a municipios, directores de hospitales, gobernadores regionales y agrupaciones de pacientes para dimensionar el alcance real de la medida.
Gremios alertan efectos sobre prestaciones y programas sanitarios
Durante la sesión participaron representantes del Colegio Médico de Chile, la Confusam, la Fenats Unitaria, la Anef, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, el Colegio de Cirujano Dentistas y otras organizaciones del sector salud, quienes coincidieron en que el ajuste sí afectará programas y prestaciones actualmente en funcionamiento.
Los dirigentes plantearon preocupación por eventuales efectos sobre atención primaria, vigilancia epidemiológica, programas alimentarios, inmunización, dispositivos médicos y funcionamiento hospitalario, advirtiendo además riesgos asociados a infraestructura y gestión de personal.
Las organizaciones también solicitaron eliminar el recorte presupuestario, argumentando que el sistema público enfrenta altos niveles de presión financiera y una deuda hospitalaria histórica superior a los $2,3 billones.
En paralelo, los gremios pidieron aclarar el alcance del decreto de Hacienda N°333 y especialmente la frase “hacer más con menos”, que -a juicio de los dirigentes- refleja una lógica de ajuste incompatible con la situación que enfrenta actualmente la red pública de salud.
Gobierno asegura que prestaciones críticas no serán afectadas
En representación del Ejecutivo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Mont, explicó que la disminución presupuestaria afectará a servicios de salud, atención primaria y hospitales de alta y mediana complejidad, aunque insistió en que las prestaciones críticas y los programas actualmente en ejecución no sufrirán interrupciones.
La autoridad detalló que el ajuste estará enfocado principalmente en medidas de eficiencia de gestión, racionalización de gastos y revisión de procesos internos. En ese sentido, señaló que se buscará optimizar inventarios y compras estratégicas, fortalecer la interoperabilidad de bodegas y aumentar productividad clínica mediante una mejor utilización de pabellones, hospitalizaciones y prestaciones internalizadas.
Mont agregó además que el Ejecutivo trabajará en controlar ausentismo, revisar horas extraordinarias, suplencias y convenios asociados a personas naturales, precisando que el objetivo es estabilizar la deuda histórica del sector en un plazo de tres años.
Según explicó el subsecretario, esa meta implica contener una deuda cercana a los $2.386 mil millones a razón de aproximadamente $795 mil millones anuales, agregando que durante el último mes ya se habrían registrado mejoras de eficiencia equivalentes a $8 mil millones.
Comisión solicita antecedentes sobre deuda e infraestructura
Tras la sesión, la Comisión de Salud acordó oficiar al Ministerio de Salud para solicitar antecedentes detallados sobre deuda hospitalaria, inversiones en salud mental, proyectos de infraestructura y eventuales modificaciones presupuestarias asociadas a distintos programas sanitarios.
Asimismo, se solicitarán antecedentes a Contraloría respecto del caso del Hospital de Arica, establecimiento que, según parlamentarios, no habría recibido recursos comprometidos previamente.
El debate vuelve a instalar presión sobre materias de financiamiento sanitario, gestión hospitalaria, infraestructura pública y sostenibilidad del sistema de salud, en momentos donde distintos gremios advierten crecientes dificultades operacionales y financieras dentro de la red asistencial pública.
