Las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío concentran la mayor cantidad de deudores CAE, que en conjunto representan cerca del 62% del total nacional, equivalente a cerca de $2,5 billones en obligaciones acumuladas
El cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) entró en una fase de mayor complejidad institucional. Mientras la Tesorería General de la República (TGR) intensifica su estrategia para recuperar pagos, un número creciente de deudores ha comenzado a recurrir a tribunales para frenar el proceso, abriendo un nuevo frente en la gestión del sistema.
La ofensiva de la TGR apunta a un universo que supera las 550 mil personas. El despliegue incluye envíos masivos de correos electrónicos y el fortalecimiento de canales digitales, con el objetivo de facilitar la regularización voluntaria en una cartera que supera los $4 billones.
Cobranza activa y foco en regularización
El rediseño de la estrategia incorpora un nuevo sistema de convenios de pago, operativo desde el 1 de abril. La herramienta permite reprogramar deudas bajo condiciones más flexibles, buscando que los deudores se acerquen antes de enfrentar procesos más complejos.
La lógica es anticipatoria. Mientras antes se formalice un convenio, menor es el impacto financiero acumulado, considerando que las deudas fiscales no prescriben. El objetivo es transformar la cobranza en un proceso de regularización efectiva.
Un segmento clave está en los deudores de menor monto. Más de 70.000 personas mantienen deudas inferiores a $1.000.000, lo que abre una oportunidad concreta de normalización en el corto plazo mediante acuerdos de pago.
Judicialización del cobro: un frente que tensiona el proceso
El proceso comenzó a trasladarse al ámbito judicial. Las Cortes de Apelaciones han recibido una alta cantidad de recursos de protección presentados por deudores, que buscan suspender los cobros impulsados por la Tesorería.
Las decisiones han sido dispares. Algunas cortes han acogido acciones y ordenado suspensiones, mientras otras han rechazado su tramitación, configurando un escenario fragmentado que introduce incertidumbre sobre la continuidad del proceso.
Los recursos apuntan a cuestionar la base legal del mecanismo. Se argumenta que el Estado estaría utilizando herramientas del Código Tributario en deudas que no tienen naturaleza tributaria, abriendo un debate sobre el alcance de las facultades de cobro y su legalidad.
La evolución de este frente podría escalar a instancias superiores. La eventual intervención de la Corte Suprema podría unificar criterios o profundizar el conflicto, en un escenario que comienza a tensionar la implementación de la política pública.
Radiografía territorial
El mapa de la deuda muestra una alta concentración. La Región Metropolitana reúne el 43,5% de los deudores, seguida por Valparaíso (9,5%) y Biobío (8,9%), consolidando un núcleo que concentra cerca del 62% del total nacional.
| Región | N° de Personas en Mora | % Participación | Deuda Promedio ($) |
|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | ~58.300 | 1,5% | $2.110.400 |
| Tarapacá | ~82.600 | 2,1% | $2.315.000 |
| Antofagasta | ~142.100 | 3,6% | $2.550.800 |
| Atacama | ~74.500 | 1,9% | $2.012.300 |
| Coquimbo | ~178.400 | 4,5% | $2.145.200 |
| Valparaíso | 374.800 | 9,5% | $2.320.600 |
| Metropolitana | 1.725.580 | 43,5% | $2.890.450 |
| O’Higgins | ~198.340 | 5,0% | $2.122.900 |
| Maule | ~226.110 | 5,7% | $1.980.500 |
| Ñuble | ~103.140 | 2,6% | $1.850.300 |
| Biobío | 353.050 | 8,9% | $2.215.700 |
| La Araucanía | ~182.470 | 4,6% | $1.895.200 |
| Los Ríos | ~75.370 | 1,9% | $1.920.800 |
| Los Lagos | ~158.670 | 4,0% | $2.045.300 |
| Aysén | ~15.860 | 0,4% | $2.130.600 |
| Magallanes | ~17.466 | 0,4% | $2.410.900 |
| TOTAL NACIONAL | 3.966.866 | 100% | $2.459.599 |
La concentración territorial no solo refleja distribución poblacional. Define también dónde se concentra la presión de cobro y el potencial conflicto judicial, especialmente en zonas con mayor volumen de deudores.
Al mismo tiempo, regiones como Maule, O’Higgins y La Araucanía presentan cifras relevantes. Esto obliga a una estrategia diferenciada, donde la gestión territorial y el acceso a información se vuelven factores clave, especialmente en segmentos con menor capacidad de respuesta financiera.
Cobro y tribunales: la prueba de la política pública
La estrategia de Tesorería busca acelerar la recuperación de deuda mediante información y convenios. El objetivo es contener el crecimiento del pasivo y activar regularización en segmentos donde el pago es viable, especialmente en deudas de menor monto.
La judicialización introduce una variable que puede alterar el curso del proceso. La coexistencia entre presión de cobro y resistencia en tribunales configura un escenario más complejo, donde la efectividad de la política dependerá tanto de su diseño como de su legitimidad.
