Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
Chile entra a 2026 con una economía que combina estabilidad macroeconómica con desafíos estructurales persistentes, marcada por la resiliencia frente a una década de shocks sociales, sanitarios y globales. Según el Banco Central, el PIB creció 2,4 % en 2025, y se proyecta un 2,3 % para 2026.
Esta expansión moderada refleja la capacidad del país para adaptarse, pero también subraya la necesidad de políticas de largo aliento que cierren brechas de productividad y desarrollo entre regiones, sobre todo tras el impacto del estallido social de 2019, la pandemia de COVID‑19 y la incertidumbre generada por conflictos bélicos internacionales, que afectaron precios de commodities y cadenas de suministro globales.
La inflación promedio anual se situó en 4,4 % en 2025, con tendencia a converger hacia la meta del 3 % proyectada para 2026. Este control de precios devuelve previsibilidad a hogares e inversionistas, lo que permite planificar políticas públicas con visión de largo plazo, crucial en un contexto internacional todavía incierto y volátil.
Minería y recursos: la ventana fiscal de 2026
Chile mantiene su liderazgo global en minería, siendo el mayor productor mundial de cobre, con exportaciones que alcanzaron US$63.253 millones en 2025. La producción de litio también consolida a Chile como actor clave en la transición energética mundial y en la provisión de recursos estratégicos ante la alta demanda global derivada de conflictos internacionales y la transición energética.
La alta cotización de ambos minerales proyecta mayores ingresos fiscales para la próxima administración, creando una ventana inigualable para impulsar inversión productiva y desarrollo regional, especialmente porque la nueva administración se encontrará con un Estado ordenado y finanzas públicas saneadas, algo que no siempre ha sido el caso en ciclos fiscales anteriores.
Inversión extranjera y exportaciones
Durante el mandato de Gabriel Boric, Chile consolidó un flujo sostenido de Inversión Extranjera Directa (IED), mostrando la confianza internacional en la economía chilena incluso en contextos de volatilidad global. Entre 2022 y 2025, los flujos oficiales fueron:
- 2022: US$ 18.327 millones
- 2023: US$ 21.738 millones (récord desde 2015)
- 2024: US$ 15.319 millones
- 2025 (ene‑ago): US$ 11.045 millones
La cartera de proyectos de InvestChile alcanzó US$ 56.234 millones, con 474 iniciativas generadoras de más de 21.000 empleos directos e indirectos, especialmente en energías limpias como hidrógeno verde.
Este flujo sostenido de capitales demuestra que Chile siguió siendo un destino atractivo para la inversión global, aun en un contexto adverso, consolidando un antecedente favorable para la planificación económica y territorial de largo plazo.
El país también ha avanzado en la diversificación de su economía, ya que las exportaciones totales superaron los US$199.667 millones, de los cuales US$40.233 millones provinieron de sectores no cobre y no litio, incluyendo pesca, acuicultura, agroindustria y servicios.
Entonces se confirma que la economía chilena no depende únicamente de la minería, aunque la riqueza extractiva sigue siendo central para el presupuesto y la inversión, especialmente relevante luego de años de shocks externos e internos que tensionaron la actividad productiva.
Desafíos territoriales y políticas de largo plazo
Pese a este dinamismo macroeconómico, la distribución del crecimiento sigue siendo desigual. En 2025, 15 de las 16 regiones registraron expansión en su PIB, pero la concentración de actividad continúa en las zonas mineras del norte, mientras que el sur y las zonas interiores enfrentan menores oportunidades productivas y mayor dependencia de empleo público y servicios de bajo valor agregado.
Durante el gobierno de Gabriel Boric se impulsaron políticas para descentralizar el crecimiento, mediante el fortalecimiento de instrumentos productivos y el diálogo público‑privado regional. Estos esfuerzos sentaron un precedente estratégico, aunque las limitaciones estructurales —capacidad institucional regional desigual y marcos regulatorios lentos— condicionan los resultados, más aún en un país que todavía arrastra efectos sociales de la pandemia, el estallido social y la volatilidad de mercados internacionales.
Con los nuevos recursos fiscales derivados de precios altos del cobre y litio, y con un Estado ordenado que ofrece estabilidad y predictibilidad, la próxima administración tiene ante sí una oportunidad histórica e inigualable para implementar políticas de largo plazo.
Esto incluye fortalecer la diversificación productiva regional, mejorar infraestructura y conectividad, invertir en capital humano y educación técnica, y consolidar gobiernos subnacionales con capacidad real de planificación y ejecución.
Visión política y estratégica
Chile entra en 2026 con estabilidad macroeconómica, crecimiento moderado y una ventana fiscal inédita por precios altos del cobre y litio. La verdadera prueba será la capacidad de la nueva administración para transformar estos recursos en políticas de largo plazo que consoliden la equidad territorial y la diversificación productiva.
Cada decisión en inversión pública, fortalecimiento de gobiernos regionales, infraestructura y educación técnica será clave para que las regiones sientan el efecto del desarrollo, reduciendo la dependencia histórica de los commodities y consolidando un modelo económico más inclusivo y sostenible para todo el país.
Este desafío político requiere visión estratégica, coordinación público-privada y liderazgo regional, estableciendo las bases para décadas de crecimiento equilibrado y cohesión social.
