La Cámara de Diputados aprobó los cambios del Senado al proyecto que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales. Con ello, la iniciativa queda lista para su promulgación y comenzará a regir desde el inicio del año escolar 2026.

La norma, de alcance nacional, restringe el uso de celulares en enseñanza básica y media, salvo excepciones definidas en el texto legal.

Durante la votación, los parlamentarios señalaron que la medida busca ordenar prácticas al interior de los establecimientos. “El proyecto instala reglas claras para el uso de dispositivos móviles, resguardando situaciones donde estos equipos cumplen un rol pedagógico o de apoyo a la salud del estudiante. También define condiciones para que los reglamentos internos se adecuen con anticipación”, expuso uno de los informes aprobados en Sala.

Reglas para el uso y excepciones autorizadas

La ley sustituye el concepto de telefonía móvil por dispositivos electrónicos de comunicación personal, definidos como aquellos que permiten telecomunicación o acceso a internet. Su uso quedará prohibido durante actividades curriculares, y se aplicará a todos los integrantes de la comunidad educativa.

Sin embargo, el texto establece excepciones. Entre ellas, casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, emergencias o condiciones de salud que requieran monitoreo certificado por un profesional. También se autoriza su uso cuando el dispositivo aporte a actividades curriculares o extracurriculares y cuando un apoderado lo solicite por motivos de seguridad, previa aprobación del director.

“La regulación contempla un marco que reconoce situaciones de riesgo personal o familiar, permitiendo solicitudes fundadas que el director deberá evaluar y autorizar de manera temporal. Con ello se busca mantener criterios uniformes entre los establecimientos”, se indicó en el análisis de la Comisión de Educación.

Implementación, reglamentos internos y evaluación en 2030

La Superintendencia de Educación será la encargada de dictar los instructivos para aplicar la prohibición, considerando mecanismos, procedimientos y medidas frente a incumplimientos. En educación media, los reglamentos podrán definir espacios y horarios específicos donde el uso de dispositivos esté permitido, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.

Además, los establecimientos deberán informar a su comunidad sobre los riesgos asociados al uso de celulares y promover instancias formativas para prevenir usos indebidos o delitos. La actualización de reglamentos internos deberá estar lista antes del 30 de junio de 2026.

El Congreso fijó también un plazo de evaluación. “El Ministerio de Educación entregará un análisis de los efectos de la normativa en 2030, permitiendo revisar prácticas, impactos y ajustes necesarios para su continuidad y mejora”, establece el articulado aprobado.