La Comisión de Desarrollo Social aprobó en general el aporte extraordinario para niños y niñas menores de 13 años del 80% más vulnerable. El debate ahora apunta a cobertura, pago automático, cuidadores y eventuales ajustes al proyecto
El bono de apoyo a la niñez dio su primer paso legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación aprobó en general, por unanimidad, el proyecto que crea un aporte extraordinario de $30.000 por niño o niña, dirigido a hogares del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
El Gobierno plantea que el aporte busca entregar una ayuda rápida frente al aumento del costo de la vida, especialmente en hogares donde los gastos asociados al cuidado, alimentación, transporte y servicios básicos golpean con mayor fuerza. La iniciativa beneficiará a niños y niñas menores de 13 años cumplidos al 1 de junio de 2026.
La presentación ante la comisión estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, y la subsecretaria de Previsión Social, María Elisa Cabezón. Durante la sesión, el Ejecutivo defendió el carácter extraordinario y focalizado de la medida, mientras las y los diputados respaldaron la idea de legislar, aunque pidieron revisar su alcance.
Una ayuda acotada con debate por cobertura
La ministra María Jesús Wulf reconoció ante la comisión que se trata de una medida “extraordinaria” y “acotada”, pero sostuvo que entrega una señal correcta al concentrarse en niños y niñas. El argumento del Ejecutivo es que las edades más tempranas concentran mayores gastos de cuidado y también inciden en la participación laboral de quienes están a cargo de los menores.
El respaldo político inicial fue transversal, pero la discusión no quedó cerrada. Parlamentarios de la comisión solicitaron antecedentes técnicos para justificar el límite de edad fijado en los 13 años, el número de adolescentes que quedarían fuera del beneficio y el impacto fiscal que tendría una eventual ampliación de la cobertura.
La discusión se suma a una preocupación más amplia por la pobreza infantil, especialmente en territorios donde las brechas de ingresos, vivienda y acceso a servicios siguen afectando con mayor fuerza a niños, niñas y adolescentes. Por eso, el punto de fondo no está solo en el monto del bono, sino en la capacidad del Estado para llegar a tiempo a los hogares que enfrentan mayor presión económica.
Quiénes recibirían el bono
De acuerdo con el proyecto, el bono se entregará por cada niño o niña causante que cumpla con los requisitos. Para acceder, el menor debe tener hasta 13 años al 1 de junio de 2026 y formar parte de un hogar ubicado dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Cada menor dará derecho a un solo aporte.
| Clave del proyecto | Detalle |
|---|---|
| Monto | $30.000 por niño o niña |
| Edad | Menores de 13 años al 1 de junio de 2026 |
| Focalización | 80% más vulnerable según Registro Social de Hogares |
| Pago | Automático para quienes tengan prestación familiar vigente |
| Sin prestación vigente | Depósito en CuentaRUT del jefe o jefa de hogar o cobro presencial en BancoEstado |
| Plazo de cobro | 9 meses |
| Plazo para solicitarlo | 15 meses |
| Reclamos | Superintendencia de Seguridad Social |
| Gasto fiscal | $68.438 millones |
Uno de los puntos abordados durante el debate fue la situación de niños y niñas que viven en residencias, con tutores, cuidadores o familias de acogida. Desde el Gobierno se explicó que el pago corresponderá a quienes tengan esa calidad, manteniendo los criterios actualmente utilizados para definir al beneficiario y al causante del aporte.
La elaboración de la nómina de beneficiarios estará a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social. En cuanto al pago, se informó que será automático para quienes tengan una prestación familiar vigente. En caso contrario, se depositará en la CuentaRUT de la o el jefe de hogar, o podrá cobrarse presencialmente en BancoEstado.
Focalización bajo revisión
El debate legislativo también puso sobre la mesa la situación de los hogares que quedan cerca del límite de focalización. Algunos parlamentarios plantearon perfeccionar el instrumento, especialmente para familias que presentan condiciones socioeconómicas similares a las de los beneficiarios, pero que podrían quedar fuera por estar levemente sobre el tramo definido.
La discusión sobre focalización no es nueva en el Congreso. En los últimos meses, el acceso a beneficios sociales ha sido parte del debate legislativo, especialmente cuando se cruzan gasto público, criterios de elegibilidad, cobertura efectiva y presión sobre las finanzas públicas.
El Gobierno, por ahora, mantiene el diseño original del proyecto. Su defensa se basa en concentrar el apoyo en los tramos de edad donde existen mayores gastos asociados al cuidado. Sin embargo, la votación del articulado podría abrir espacio a indicaciones o ajustes, especialmente si los parlamentarios insisten en conocer el costo fiscal de ampliar el beneficio a adolescentes.
El trámite que viene
La Comisión de Desarrollo Social acordó sesionar de forma extraordinaria este martes 7 de julio, desde las 10:30 horas, para votar el articulado del proyecto, que se encuentra con urgencia de discusión inmediata. La aprobación en general no convierte todavía el bono en ley, ya que la iniciativa debe completar su tramitación en comisión, pasar por la Sala de la Cámara y continuar el proceso legislativo correspondiente.
La implementación del beneficio implicará un mayor gasto fiscal de $68.438 millones, con cargo al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que será suplementado con recursos del Tesoro Público. Ese punto será parte central del debate, considerando que cualquier ampliación de cobertura también requeriría una definición presupuestaria.
