La ofensiva instala una disputa política sobre qué certezas debe garantizar el Estado: estabilidad tributaria para grandes inversiones o resguardos sociales frente a eventuales recortes, menor recaudación y nuevas reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo en curso
La bancada PPD-Independientes presentó una reforma constitucional para establecer una invariabilidad normativa por diez años y proteger beneficios sociales y laborales frente al avance de la megarreforma económica del Gobierno.
La propuesta busca impedir retrocesos en la Pensión Garantizada Universal, la gratuidad, las indemnizaciones por años de servicio y la Ley de 40 horas. El punto político es claro: si el Ejecutivo pretende entregar estabilidad tributaria a grandes inversiones, la oposición busca instalar un blindaje equivalente para pensionados, trabajadores, estudiantes, familias de clase media y sectores vulnerables.
El proyecto fue impulsado por la bancada, integrada por parlamentarios como Jaime Araya, Raúl Soto, Carlos Bianchi y Héctor Ulloa, en medio de una discusión marcada por los efectos fiscales de la reforma económica, la posible caída de ingresos permanentes del Estado y el futuro financiamiento de programas sociales.
Certeza social frente a certeza tributaria
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, sostuvo que la iniciativa apunta a evitar retrocesos en materias que inciden directamente en las condiciones de vida de la mayoría del país.
“Garantizar que no existan retrocesos en materias que son importantísimas para las condiciones de vida mínimas de dignidad que tienen las grandes mayorías de nuestro país, la clase media y los sectores más vulnerables”, señaló.
Soto agregó que defenderán “con dientes y uñas la PGU, la gratuidad, los derechos laborales, las 40 horas, las indemnizaciones de los trabajadores de Chile, y no vamos a permitir que respecto de esto existan retrocesos”.
La ofensiva aparece como respuesta directa al régimen de invariabilidad tributaria contemplado en la megarreforma para inversiones iguales o superiores a US$50 millones. Desde la bancada sostienen que, si se busca dar certeza jurídica durante un período prolongado a grandes proyectos privados, esa misma lógica debe aplicarse a derechos sociales y laborales que impactan en la vida cotidiana de millones de personas.
Qué busca impedir la reforma
La propuesta establece que, durante una década, no puedan aprobarse cambios legales ni administrativos destinados a reducir beneficiarios de la PGU, disminuir su financiamiento público o elevar los requisitos de acceso. La restricción también alcanzaría a los actos administrativos dictados para interpretar o ejecutar las leyes respectivas.
En materia laboral, la reforma busca impedir una rebaja de las indemnizaciones por años de servicio, actualmente equivalentes a un mes por año trabajado con tope de once años. También apunta a evitar que la jornada ordinaria aumente por sobre los límites fijados por la Ley de 40 horas.
La protección no bloquearía cambios que amplíen, mejoren o faciliten el acceso a los beneficios resguardados. Tampoco podría ser invocada por personas que hayan entregado conscientemente información falsa, incompleta o errónea para acceder a alguno de esos derechos.
| Derecho o beneficio | Protección propuesta |
|---|---|
| PGU | Impedir rebajas de beneficios, menor financiamiento o mayores requisitos de acceso |
| Gratuidad | Evitar retrocesos en beneficios sociales asociados a educación |
| Ley de 40 horas | Prohibir aumentos de jornada por sobre los límites legales vigentes |
| Indemnizaciones | Mantener el esquema de un mes por año con tope de once años |
| Cambios futuros | Exigir quórum de cuatro séptimos tras los diez años iniciales |
Bianchi advierte riesgo fiscal
El diputado independiente Carlos Bianchi, principal impulsor de la reforma e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, advirtió que la preocupación de fondo está en el riesgo que podrían enfrentar beneficios sociales si no se cumplen las expectativas del Gobierno sobre crecimiento, inversión y recaudación.
Bianchi apuntó especialmente a la invariabilidad tributaria para grandes empresas por los próximos 25 años y al impacto que podría tener en el financiamiento de prestaciones permanentes del Estado.
“Esta bancada le está diciendo al gobierno que se hace urgente y necesario proteger los temas previsionales, laborales y temas sociales de las familias chilenas”, afirmó.
Según los antecedentes expuestos por los parlamentarios, los recortes presupuestarios en curso podrían afectar cerca de 260 programas sociales. Además, advierten que la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23% y el retorno a un sistema tributario completamente integrado podrían generar una merma fiscal estimada en US$4.500 millones anuales.
Ese argumento se conecta con otros cuestionamientos opositores a la invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma, especialmente por sus efectos de largo plazo sobre la política fiscal, la recaudación y el margen de acción de futuros gobiernos.
Derechos laborales bajo presión
El diputado Héctor Ulloa puso el foco en el mercado laboral. Según señaló, la bancada observa con preocupación el avance de iniciativas que podrían limitar derechos ya aprobados, como la relativización de la Ley de 40 horas, el contrato por hora y una eventual indemnización a todo evento.
A juicio del parlamentario, esas medidas podrían significar un retroceso en protección laboral y precarizar nuevamente el mercado del trabajo.
“Si el gobierno está tan empeñado en darle certeza y seguridad a los grupos más ricos de este país, nosotros, en cambio, tenemos como misión y como objetivo darle certeza al 98% de la población”, sostuvo.
La reforma también establece una regla posterior al período inicial de diez años. Cumplido ese plazo, cualquier iniciativa que busque limitar, disminuir o restringir las condiciones de la PGU, las indemnizaciones o la jornada laboral deberá ser aprobada con el voto favorable de al menos cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio.
Nuevo flanco para la megarreforma
La presentación de la bancada PPD-Independientes abre un nuevo flanco político para la megarreforma. La discusión ya no se limita a incentivos tributarios, inversión privada o crecimiento económico, sino que incorpora una pregunta de fondo: qué tipo de certezas debe priorizar el Estado.
Para el Gobierno, la invariabilidad tributaria busca entregar estabilidad a proyectos de inversión de largo plazo. Para la bancada, esa misma fórmula debe extenderse a derechos sociales y laborales que consideran básicos, especialmente si la reforma económica implica menor recaudación o mayor presión sobre el gasto público.
El debate también se cruza con otras alertas fiscales abiertas, como el impacto de eventuales cambios en contribuciones sobre los municipios. En esa materia, alcaldes ya han planteado la necesidad de una compensación permanente para los municipios frente a medidas que puedan afectar el Fondo Común Municipal.
El avance de la reforma constitucional dependerá ahora del respaldo que logre reunir en el Congreso. Por ahora, la bancada instaló una señal política nítida: frente a la certeza tributaria para grandes inversiones, buscará levantar un blindaje constitucional para beneficios sociales y laborales que considera esenciales.
