Productores de Atacama y Coquimbo advirtieron que hasta el 100% de los canales presenta problemas y que la temporada está en riesgo. La senadora pidió activar recursos de emergencia antes de la brotación, prevista dentro de 30 a 45 días
En los valles agrícolas de Atacama y Coquimbo, la emergencia no terminó cuando disminuyeron las precipitaciones. Los productores enfrentan ahora una carrera contra el calendario: recuperar canales y bocatomas antes de que comience la brotación y se cierre la posibilidad de salvar la próxima temporada.
La situación fue expuesta ante la Comisión de Agricultura del Senado por dirigentes pisqueros, productores de uva de mesa, crianceros y olivicultores. Todos coincidieron en que restablecer el riego es la necesidad más urgente para mantener cultivos, alimentar animales y recuperar la actividad productiva.
Según los catastros entregados por las organizaciones, entre el 90% y el 100% de los canales presenta problemas para distribuir agua. Más del 70% de los productores tendría daños medios o altos y sobre mil hectáreas registrarían distintos niveles de afectación en ambas regiones.
Las cifras se agregan a las pérdidas económicas provocadas por el temporal, cuyos efectos alcanzan viviendas, caminos, infraestructura pública y actividades productivas. En el caso agrícola, la demora puede comprometer la producción de 2027 y profundizar la fragilidad de las economías rurales.
Una carrera contra la brotación
La presidenta de la comisión, Alejandra Sepúlveda, explicó que los agricultores disponen de un margen aproximado de 30 a 45 días para recuperar la conducción del agua antes del inicio de la brotación.
“Tenemos tiempos biológicos urgentes que se nos están acabando para poder llegar a tiempo”, afirmó. La senadora pidió utilizar las herramientas excepcionales disponibles en INDAP y la Comisión Nacional de Riego, evitando procedimientos que retrasen el comienzo de las reparaciones y la entrega de recursos a las organizaciones afectadas.
“Aquí no se necesitan concursos especiales, aquí lo que se necesita son recursos o dar el visto bueno, para que los recursos urgentes se puedan pagar posteriormente”, sostuvo Sepúlveda, al plantear que las obras deben comenzar antes de completar toda la tramitación y que la emergencia requiere decisiones administrativas más rápidas.
La urgencia es especialmente crítica para quienes producen su propia uva. Los dirigentes advirtieron que, en algunos sectores de Atacama, podría perderse completamente la producción de 2027 si el riego no se recupera dentro del plazo agrícola. La amenaza alcanza tanto a la uva de mesa como a la materia prima que sostiene la industria pisquera.
Esta última actividad articula empleo rural, agricultura, turismo e identidad territorial. El avance del Paisaje Cultural Vitivinícola del Pisco Chileno hacia su reconocimiento patrimonial contrasta ahora con la vulnerabilidad de la infraestructura que sostiene su producción y la exposición de pequeños agricultores ante eventos extremos.
El diagnóstico sigue incompleto
Durante la sesión, el Ministerio de Agricultura informó que todavía no existe un diagnóstico consolidado sobre todas las bocatomas afectadas y los kilómetros de canales que requieren intervención. Esa falta de información dificulta priorizar recursos, maquinaria y obras de rehabilitación.
Sepúlveda pidió que el levantamiento se realice directamente con las asociaciones de regantes y organizaciones agrícolas, porque sus integrantes conocen los puntos dañados y pueden identificar dónde debe comenzar la respuesta con mayor urgencia.
“Tenemos que confiar en ellos, porque los ojos que hoy día tienen son los más importantes”, señaló la parlamentaria. La fórmula propuesta consiste en autorizar anticipadamente las reparaciones indispensables y completar después los procedimientos de financiamiento y rendición.
La senadora recordó que mecanismos similares fueron utilizados durante las emergencias de 2015 y 2023. La diferencia ahora es que el plazo está determinado por el ciclo biológico de los cultivos y no solo por la capacidad administrativa de los organismos responsables de financiar la recuperación.
Caminos cortados y comunidades aisladas
Los daños exceden la infraestructura de riego. Los representantes también informaron sobre caminos inhabilitados y problemas de conectividad rural, especialmente en localidades interiores donde permanecen personas aisladas, entre ellas adultos mayores con dificultades para acceder a servicios y suministros.
La emergencia afecta simultáneamente a varias actividades. Pequeños productores mineros también han denunciado problemas de acceso y recuperación de operaciones, confirmando que la reconstrucción requiere coordinación territorial y no respuestas fragmentadas por sector económico.
La audiencia dejó una prioridad concreta: restablecer el agua antes de que comience la brotación. Para conseguirlo, el Ministerio de Agricultura deberá completar el catastro, autorizar las primeras intervenciones y coordinarse con quienes conocen directamente los canales, bocatomas y caminos afectados.
La velocidad no elimina la obligación de rendir cuentas. Pero si las decisiones llegan después del plazo agrícola, los recursos podrán reparar infraestructura sin recuperar la temporada perdida. Esa es la advertencia que productores y dirigentes llevaron al Senado: la emergencia ahora se mide en días.
