El primer catastro incorpora daños en agricultura, viviendas y obras públicas. Comercio y pequeña minería advierten nuevas afectaciones, mientras el Gobierno inicia el levantamiento que definirá los recursos necesarios para recuperar la actividad económica de los territorios
El impacto económico del sistema frontal comienza a extenderse más allá de las viviendas inundadas, los caminos interrumpidos y los servicios básicos dañados. Una primera estimación elevó a US$400 millones las pérdidas en agricultura, infraestructura habitacional y obras públicas, duplicando el cálculo preliminar conocido durante el domingo.
El catastro fue elaborado por la consultora Colliers con información disponible hasta el lunes 20 de julio y considera daños provocados por inundaciones prolongadas, desbordes de ríos, activación de quebradas y fuertes ráfagas de viento entre las regiones de Atacama y Biobío.
La cifra todavía no representa el costo total de la emergencia. Los US$400 millones no incorporan completamente las pérdidas del comercio, la pequeña minería, el turismo ni otras actividades que dependen de la conectividad y del funcionamiento regular de las economías locales. Tampoco existe aún una estimación fiscal consolidada del gasto que deberá asumir el Estado.
El balance, por lo tanto, debe entenderse como un piso preliminar. Todavía existen localidades aisladas, caminos interiores sin evaluación y sectores productivos donde no ha sido posible determinar el estado de instalaciones, equipos y existencias.
Daños que cruzan la estructura productiva regional
La emergencia presenta efectos diferentes según la actividad predominante en cada territorio. En Atacama y Coquimbo, las crecidas dañaron infraestructura agrícola y accesos a pequeñas faenas mineras. En Valparaíso y O’Higgins, los vientos afectaron cultivos costeros, mientras en otras regiones los cierres, problemas logísticos y menores ventas comenzaron a perjudicar al comercio.
| Sector | Estimación preliminar | Principales daños |
|---|---|---|
| Agricultura, viviendas y obras públicas | US$400 millones | Cultivos, sistemas de riego, viviendas, caminos e infraestructura pública |
| Comercio en 31 comunas | Más de US$14,3 millones | Cierre de locales, menores ventas, pérdidas de mercadería y dificultades logísticas |
| Comercio en escenario adverso | Hasta US$19 millones | Prolongación de la emergencia en las comunas más afectadas |
| Pequeña minería | Sin cifra consolidada | Caminos, accesos, terrenos, suministros e infraestructura de faenas |
Las estimaciones corresponden a metodologías y coberturas distintas, por lo que no deben sumarse automáticamente. El monto de US$400 millones se concentra en agricultura, viviendas y obras públicas, mientras los demás sectores elaboran balances propios.
Agricultura pierde capacidad para volver a producir
Una parte importante de las pérdidas se concentra en superficies sembradas con trigo, avena y cebada, afectadas por inundaciones prolongadas entre Atacama y Biobío. El catastro también identificó daños en invernaderos, galpones y espacios utilizados para almacenar forraje.
En comunas como Huasco, Alto del Carmen, Combarbalá, Monte Patria e Illapel se reportaron afectaciones en equipos de riego, instalaciones eléctricas, casetas, tranques y canales, debido a las crecidas y desbordes de ríos y esteros.
Las ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora registradas en sectores como Pichilemu provocaron voladuras de techumbres. También se observaron caídas de cítricos y paltas en proceso de maduración en zonas costeras de las regiones de Valparaíso y O’Higgins. El efecto sobre otras especies frutales sería más reducido, debido al receso invernal de gran parte de los cultivos.
La pérdida agrícola no se limita a la producción destruida durante las lluvias. Un canal inutilizado, un sistema eléctrico dañado o un galpón sin techumbre pueden impedir que un productor retome sus actividades una vez superada la emergencia.
Esta diferencia será relevante para diseñar las ayudas. Algunos agricultores requerirán compensaciones por cosechas perdidas, mientras otros necesitarán reconstruir infraestructura, adquirir equipos o financiar capital de trabajo para volver a producir.
Comercio concentra el mayor golpe en Coquimbo
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo calculó que el comercio minorista de las 31 comunas más afectadas acumula pérdidas superiores a US$14,3 millones. La cifra podría acercarse a US$19 millones si las condiciones meteorológicas prolongan la interrupción de la actividad.
La mayor afectación se concentra en la Región de Coquimbo, donde las pérdidas fueron estimadas entre US$9,9 millones y US$12,1 millones. Le siguen Valparaíso, Biobío, Atacama y La Araucanía. Coquimbo, La Serena y Ovalle aparecen entre las comunas más expuestas debido a su base comercial y a la intensidad del fenómeno.
El evento coincidió parcialmente con un fin de semana, período de mayor actividad para el comercio, la gastronomía, el turismo y los servicios. A los días sin ventas se agregan daños en locales, pérdida de mercadería, dificultades para recibir proveedores y problemas de transporte.
Para las micro y pequeñas empresas, la interrupción puede tener consecuencias más prolongadas que las lluvias. Los negocios con menor liquidez disponen de poco margen para reponer inventarios, reparar instalaciones, cumplir obligaciones laborales y mantener pagos a sus proveedores.
Pequeña minería advierte riesgo para las economías locales
La Sociedad Nacional de Minería, Sonami, alertó que la pequeña minería de Atacama, Coquimbo y Valparaíso enfrenta daños en caminos, accesos a faenas, terrenos e infraestructura crítica, además de dificultades de conectividad y suministro.
Las regiones afectadas reúnen a más de 26 asociaciones gremiales que representan a más de 600 pequeños productores. El gremio advirtió que la demora en la reanudación de las operaciones no solo afecta a las faenas, sino también al empleo, los proveedores y las cadenas económicas que dependen de ellas.
El presidente de Sonami, Jorge Riesco, sostuvo que los productores “requieren un apoyo oportuno para recuperar sus faenas y proteger el empleo”. El gremio solicitó medidas para recuperar caminos, estabilizar terrenos, restablecer suministros y financiar inversiones y capital de trabajo.
La situación de la pequeña minería contrasta con la gran minería, donde las compañías aplicaron restricciones operacionales y mantuvieron un monitoreo permanente de sus instalaciones. El Consejo Minero informó que las empresas habían implementado sus protocolos preventivos sin registrar incidentes relevantes.
La diferencia muestra cómo una misma emergencia puede producir efectos profundamente desiguales. Las grandes operaciones cuentan con sistemas de contingencia y respaldo financiero, mientras los pequeños productores dependen de caminos secundarios, suministros locales y recursos limitados para recuperar sus faenas.
Gobierno calcula cuánto deberá reasignar
El Ministerio de Economía quedó a cargo del catastro de las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas. El levantamiento comenzará una vez concluido el fenómeno meteorológico y será utilizado para definir los instrumentos de apoyo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que existen recursos para atender las necesidades de las zonas bajo estado de catástrofe, aunque todavía debe determinarse cuánto provendrá de reasignaciones presupuestarias y cuánto corresponderá a fondos adicionales.
El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, anticipó que solamente los daños de la Región de Coquimbo podrían representar “varios cientos de millones de dólares”. La estimación incluye afectaciones en vialidad, calles, caminos, defensas fluviales, agua potable, energía y telecomunicaciones.
La magnitud del deterioro había llevado previamente a los alcaldes de Coquimbo a solicitar recursos extraordinarios, debido a que la capacidad financiera de los municipios y del Gobierno Regional resultaba insuficiente para enfrentar la emergencia.
Abastecimiento se mantiene bajo vigilancia
La Sociedad Nacional de Agricultura informó que el abastecimiento de alimentos continúa funcionando, aunque Lo Valledor recibió un 20% menos de productos que en un domingo normal. Existen reservas de papas y cebollas, además de disponibilidad de hortalizas provenientes del norte.
El gremio mantiene bajo observación las interrupciones en las cosechas de cítricos y paltas, los problemas de funcionamiento de ferias libres y las dificultades para transportar productos desde las zonas dañadas.
El presidente de la SNA, Antonio Walker, estimó que los precios no deberían registrar alzas significativas mientras exista suficiente oferta. Economistas consultados proyectaron un impacto acotado y transitorio sobre la inflación y la actividad nacional, aunque reconocieron que los daños regionales son relevantes.
La lectura macroeconómica, sin embargo, no refleja necesariamente la intensidad del daño en cada comuna. Una pérdida limitada para el conjunto del país puede convertirse en una crisis prolongada para un territorio dependiente de la agricultura, la pequeña minería, el comercio o el turismo.
Recuperar la economía de los territorios
El desafío para el Gobierno será pasar rápidamente desde la atención de la emergencia hacia la recuperación productiva. Reparar viviendas y caminos será indispensable, pero no suficiente para restablecer el empleo y los ingresos de las comunidades.
Los instrumentos deberán responder a daños distintos. Un comerciante que perdió mercadería necesita liquidez, un agricultor con canales destruidos requiere reconstrucción productiva y un pequeño minero aislado depende primero de que se recuperen los accesos a su faena.
El temporal también vuelve a exponer las debilidades acumuladas en planificación, infraestructura y capacidad de respuesta local. En varios territorios, las lluvias no crearon todas las fragilidades, sino que profundizaron problemas que ya limitaban la conectividad, la seguridad y el desarrollo regional.
Los US$400 millones son, por ahora, una primera fotografía de una cuenta que seguirá aumentando. El costo definitivo no dependerá solamente de lo destruido, sino también del tiempo que las economías regionales demoren en volver a funcionar.
