La megarreforma eximirá de contribuciones la primera vivienda de los mayores de 65 años. Aunque el Gobierno repondrá los ingresos municipales perdidos, los ediles cuestionan que las mayores compensaciones sean destinadas a comunas con más recaudación
El proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast incluye una medida ampliamente respaldada: eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años. El beneficio, sin embargo, tiene una consecuencia directa para los municipios, porque una parte importante del impuesto territorial financia sus presupuestos y el Fondo Común Municipal.
Al dejar de pagarse esas contribuciones, las comunas recibirán menos recursos. Por eso, durante la tramitación legislativa, alcaldes de distintos sectores exigieron que el Gobierno estableciera una compensación permanente, de manera que la rebaja tributaria no terminara afectando servicios municipales, programas sociales, seguridad, mantención de calles y otras prestaciones locales.
El Ejecutivo aceptó reponer el total de los ingresos estimados. La fórmula aprobada por la Comisión Mixta contempla $110 mil millones para cubrir la pérdida del Fondo Común Municipal y otros $80 mil millones entregados directamente a las municipalidades, según lo que cada una deje de recaudar por contribuciones.
Es en esa segunda parte donde surgió la disputa. Los alcaldes de oposición sostienen que devolver a cada comuna exactamente lo que pierde significa destinar las mayores transferencias fiscales a los municipios que actualmente concentran la mayor recaudación del impuesto territorial.
El conflicto llegó a La Moneda
Una docena de alcaldes y concejales de oposición llegó hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente Kast. Le solicitaron que, una vez concluida la tramitación de la megarreforma, presente un veto aditivo y reabra la discusión sobre la forma en que serán repartidos los recursos.
Los jefes comunales no cuestionan la exención para los adultos mayores ni que los municipios reciban una compensación. Su propuesta es que los $80 mil millones destinados directamente a las comunas también ingresen al Fondo Común Municipal, para que la totalidad de los recursos se distribuya con criterios redistributivos.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que todavía existe una alternativa para modificar el acuerdo. “Hay una alternativa, que es que el Presidente de la República ingrese un veto aditivo y podamos sentarnos a conversar en un proyecto de ley un mecanismo de compensación justo para los municipios”.
La petición se produce cuando la megarreforma se encuentra a un solo trámite de completar su paso por el Congreso. El mecanismo de compensación deberá ser votado definitivamente por el Senado y, en esta etapa, una modificación posterior dependería de una observación presidencial.
La controversia se suma a una discusión que acompañó la reforma desde sus primeras semanas. Los municipios advirtieron tempranamente que la exención de contribuciones debía ir acompañada de una compensación permanente, para impedir que el beneficio fuera financiado mediante una reducción de los presupuestos comunales.
Por qué las comunas más ricas recibirían más
Actualmente, una parte de las contribuciones queda directamente en la comuna donde se encuentra la propiedad y otra ingresa al Fondo Común Municipal, encargado de redistribuir recursos entre los gobiernos locales.
Las comunas con propiedades de mayor avalúo fiscal y una base más amplia de contribuyentes recaudan más. Por esa misma razón, serán también las que registrarán una mayor pérdida cuando comience a aplicarse la exención a los adultos mayores.
La fórmula del Gobierno busca que ninguna municipalidad quede con menos recursos respecto de su situación actual. Para conseguirlo, la Tesorería transferirá a cada comuna una cantidad equivalente a la recaudación directa que deje de percibir.
Los alcaldes opositores cuestionan esa lógica porque el dinero no saldrá de las propias comunas, sino del presupuesto general de la nación. A su juicio, recursos recaudados mediante impuestos pagados por todo el país terminarán reponiendo en mayor proporción los presupuestos de los municipios con mayores ingresos.
Las estimaciones difundidas por los ediles muestran la magnitud de la diferencia. Las Condes recibiría más de $13 mil millones, mientras Quinta Normal obtendría poco más de $50 millones y comunas como Lo Espejo y San Ramón recibirían cerca de $4 millones. Las cifras corresponden a cálculos presentados por los alcaldes y no a transferencias ya ejecutadas.
Para los jefes comunales, la compensación directa no solamente repone una pérdida, sino que replica la desigual distribución de los ingresos municipales.
Dos formas de entender la compensación
El Gobierno y los alcaldes opositores parten de interpretaciones distintas. Para Hacienda, compensar significa devolver a cada municipio exactamente el dinero que dejará de recibir. Bajo esa lógica, ninguna comuna gana ni pierde respecto de su recaudación anterior a la reforma.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió el mecanismo y aseguró que “a cada municipio se le va a compensar exactamente lo que pierde por la menor recaudación por las contribuciones”.
Los alcaldes opositores sostienen que, al utilizar recursos nacionales, la compensación también debería contribuir a reducir las brechas entre territorios. Por eso proponen que todo el dinero ingrese al Fondo Común Municipal, que distribuye recursos considerando la capacidad financiera de las comunas.
La discusión no es, por lo tanto, sobre si los municipios deben ser compensados. Tampoco está en duda el beneficio para los adultos mayores. El desacuerdo está en si el Estado debe limitarse a reproducir la recaudación anterior o aprovechar la transferencia para reforzar la redistribución municipal.
Ese debate ya había aparecido durante la Comisión Mixta encargada de resolver el último artículo de la megarreforma. El Senado reconoció que durante la instancia se discutió si compensar directamente a todas las municipalidades podía terminar generando un resultado regresivo.
Una fractura dentro del municipalismo
La controversia también dividió a las organizaciones municipales. Inicialmente, alcaldes de distintos sectores habían presentado una posición transversal: apoyar una exención focalizada para adultos mayores, pero asegurar una compensación permanente para que ninguna comuna perdiera recursos.
El acuerdo posterior entre el Gobierno y la Asociación Chilena de Municipalidades fue respaldado por su presidente, Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar. Sin embargo, autoridades opositoras, entre ellas la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la organización, Karina Delfino, cuestionaron que esa definición representara al conjunto de los municipios.
La diferencia está en que el primer acuerdo garantizaba la reposición de los ingresos, pero no resolvía necesariamente cómo debían distribuirse los recursos fiscales utilizados para financiarla.
Delfino y los alcaldes que acudieron a La Moneda plantean que una compensación diseñada únicamente a partir de la pérdida individual de cada comuna termina privilegiando a aquellas que ya disponen de mayores presupuestos.
La discusión adquiere especial relevancia porque numerosas municipalidades dependen del Fondo Común Municipal para financiar sus operaciones. En comunas con baja recaudación propia, ese fondo representa una parte sustantiva de los recursos disponibles para atender las necesidades cotidianas de sus habitantes.
Quiroz resta importancia a la votación
Mientras los alcaldes desplegaban su ofensiva en La Moneda, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que el artículo pendiente no modifica los principales contenidos de la megarreforma. “Queda un artículo que no es sustancial ni por cerca del proyecto, así que da un poco lo mismo cómo se vote”.
Pese a esa declaración, Quiroz agregó que el Gobierno espera que el Senado apruebe la fórmula, porque permite compensar los ingresos municipales perdidos.
La megarreforma es un proyecto más amplio que contempla una rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% hasta 23%, invariabilidad tributaria para grandes inversiones, cambios ambientales, incentivos al empleo y la exención de contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años.
La compensación municipal es el único artículo que todavía permanece pendiente. El resto del proyecto ya completó su tramitación en ambas cámaras, después de que esta norma fuera enviada a Comisión Mixta para resolver las diferencias entre diputados y senadores.
La votación anterior debió postergarse porque el Gobierno no contaba con los 26 votos requeridos. El informe será retomado por la Sala del Senado y, si resulta aprobado, la iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada.
Los alcaldes de oposición esperan que Kast no cierre inmediatamente el proceso. Su apuesta es que el Presidente utilice el veto para modificar la fórmula y trasladar todos los recursos al Fondo Común Municipal.
La definición establecerá algo más que la manera de cubrir una pérdida tributaria. Determinará si el Estado repone a cada comuna exactamente lo que deja de recaudar o si utiliza la compensación para reducir las diferencias que hoy separan a los municipios chilenos.
