El proyecto de Presupuesto 2027 pone en tensión la disciplina fiscal y el desarrollo de largo plazo. Educación, investigación y regiones enfrentan decisiones que exigirán algo más que recortes: fundamentos, responsabilidades y alternativas concretas en cada región
Por Richard Andrade C.
En O’Higgins, cerca de siete mil estudiantes recibieron un computador mediante las Becas TIC durante 2026. En todo Chile fueron 96.100. El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla una asignación equivalente para continuar esa entrega.
La cifra no demuestra por sí sola el efecto educativo del programa, pero obliga a formular una pregunta: ¿qué alternativa tendrán los niños de hogares que no pueden comprar ese equipo? En las cuentas del Estado una partida puede desaparecer; la necesidad que justificó su creación, no.
El Gobierno tiene razones para revisar el gasto. Con recursos limitados, sostener programas ineficaces significa restárselos a otros que podrían obtener mejores resultados. Pero la responsabilidad fiscal exige más que identificar partidas susceptibles de rebaja. La partida global de Educación aumenta, mientras el Fondo para la Reactivación Educativa cae 55,2%.
Si el ministerio considera que entregar computadores no mejora suficientemente los aprendizajes, debe transparentar la evidencia y explicar cómo abordará el acceso desigual a herramientas digitales. Un programa imperfecto no equivale a un problema resuelto.
La discusión se vuelve más incómoda cuando se observa desde las regiones. Un computador no representa lo mismo en una familia que dispone de varios dispositivos que en otra donde debe compartirse para estudiar o trabajar. Tampoco enfrenta las mismas condiciones una escuela urbana que una comunidad rural con conectividad insuficiente.
Las decisiones nacionales suelen redactarse con promedios, mientras sus consecuencias recaen sobre territorios profundamente distintos. El ahorro puede terminar trasladando costos a quienes menos pueden asumirlos.
La señal se repite en ciencia. El proyecto reduce en 6,4% real el presupuesto del Ministerio de Ciencia, frente a la base comparable de 2026, y suspende nuevas convocatorias del Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico, cuyo financiamiento cae cerca del 80%. Al mismo tiempo, el Ejecutivo propone nueve nuevos centros de investigación, cinco regionales. Esa apuesta merece atención, pero también una explicación: ¿cómo ampliar capacidades científicas mientras se restringe el equipamiento necesario para investigar?
En minería, agricultura, energía y gestión del agua, las regiones necesitan conocimiento propio para resolver problemas que no siempre encuentran respuesta en Santiago. Un laboratorio no se improvisa ni un equipo de investigadores se forma de un día para otro.
La discusión sobre Fondequip trasciende a las universidades: alcanza a empresas que buscan innovar y comunidades que necesitan soluciones. Hablar de productividad y diversificación económica exige coherencia con las decisiones de financiamiento científico.
También existe un riesgo en los dos extremos del debate. El Gobierno puede justificar cada reasignación por el ahorro que genera, sin medir suficientemente sus costos futuros; la oposición puede defender cada programa como si su existencia garantizara resultados.
Ninguna de esas posturas reemplaza una evaluación seria. La discusión debería determinar qué funciona, qué necesita reformas, quién pierde apoyos y qué alternativas existen. Un presupuesto no se vuelve responsable solo por gastar menos, ni justo solo por gastar más.
La Cámara aprobó en general el proyecto, pero Educación y Ciencia continúan en disputa. Al Congreso le corresponde exigir evaluaciones públicas, fundamentos comparables y alternativas financiadas, sin convertir cada partida en una consigna. Una política que influye en el acceso al aprendizaje o en la capacidad de investigar no debería eliminarse únicamente por el ahorro inmediato. Tampoco corresponde reponer fondos sin revisar sus resultados.
Chile debe ordenar sus cuentas, pero si el equilibrio de 2027 termina debilitando herramientas para aprender e investigar desde las regiones, habrá cambiado una presión fiscal presente por un problema de desarrollo futuro. La austeridad no consiste en recortar indistintamente, sino en distinguir lo prescindible de lo estratégico. Y cuando esa distinción falla, la cuenta termina pagándose lejos de las oficinas donde se decidió el ahorro.
