La iniciativa escala a nivel regional en medio de una discusión mayor sobre cambios a la Ley de Pesca, abriendo tensión entre representación, estructura productiva y la incorporación de criterios de equidad en un sector históricamente regulado sin enfoque de género
La Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca de Chile, que agrupa a cerca de 10 mil trabajadoras en 12 regiones del país, llevó a la mesa de los gobiernos regionales una demanda directa a la Ley de Pesca: ser reconocidas formalmente en la normativa y participar en las decisiones de un sector donde hoy su presencia es amplia, pero su representación limitada. La solicitud fue presentada en una reunión en la sede de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, en Santiago.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente de la instancia y gobernador regional de Valparaíso y vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, junto al director ejecutivo Ricardo Godoy, y contó con la exposición de Sara Garrido, quien puso en cifras y experiencia una brecha que atraviesa al sector.
La dirigente fue directa al señalar que el trabajo de las mujeres en la pesca “ha sido históricamente invisibilizado”, instalando presión sobre la normativa vigente.
Presencia productiva, ausencia en la norma
La pesca artesanal no se sostiene solo en la captura. Detrás de esa actividad existe una red de oficios donde las mujeres cumplen un rol central: recolectoras de orilla, encarnadoras, rederas, fileteadoras, desconchadoras, entre otras labores que permiten que el sistema funcione. Sin embargo, esa presencia no ha sido recogida por la legislación vigente.
La brecha no es solo simbólica. La falta de reconocimiento legal limita la participación de estas trabajadoras en espacios formales de decisión, manteniéndolas fuera de los organismos donde se definen regulaciones y políticas sectoriales.
Cambios a la ley: cuotas y reconocimiento formal
La propuesta presentada ante Agorechi apunta a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile para incorporar un enfoque de género que hoy no está contemplado. Entre los puntos centrales, se plantea establecer cuotas de participación femenina en los organismos creados por la ley y reconocer formalmente las actividades conexas dentro del marco regulatorio.
El objetivo no es solo visibilizar estas labores, sino integrarlas en la estructura formal del sector, lo que implica abrir espacios de decisión y ajustar la forma en que se distribuye la representación.
La señal política: el debate llega a los territorios
El hecho de que la discusión se instale en Agorechi marca un cambio de escala. La demanda deja de ser sectorial y comienza a cruzar la agenda de los gobiernos regionales, en un contexto donde la descentralización amplía los espacios de incidencia política.
Este movimiento introduce una dimensión más compleja. Incorporar cuotas de género y nuevas categorías en la ley implica revisar la gobernanza del sector pesquero, donde confluyen intereses productivos, territoriales y estructuras históricas que no han incorporado criterios de equidad.
De la invisibilidad a la disputa por poder
Lo que se planteó en Agorechi no es solo una corrección normativa. Es una discusión sobre quiénes participan en la toma de decisiones dentro de un sector estratégico para las economías locales. Las mujeres ya están en la actividad, pero no en los espacios donde se define su futuro.
El avance de esta agenda dependerá de su capacidad para traducirse en cambios concretos. Más allá del reconocimiento, lo que está en juego es la posibilidad de redistribuir poder dentro de la pesca artesanal, en un escenario donde las demandas por equidad comienzan a transformarse en presión política efectiva.
