La Academia Chilena de Ciencias advierte que los recortes en equipamiento, investigación aplicada e inserción de especialistas podrían debilitar la capacidad de las regiones para resolver problemas productivos, ambientales y sociales con conocimiento propio y generar empleo
Un laboratorio puede seguir abierto incluso cuando comienza a quedarse sin futuro. Los investigadores terminan sus proyectos, mantienen los equipos disponibles y buscan cómo financiar el siguiente estudio. El deterioro aparece después, cuando un instrumento no se renueva, una investigación no consigue respaldo o un científico recién formado debe buscar oportunidades lejos de la región donde podría aportar.
En Antofagasta, esa capacidad resulta decisiva para investigar el uso del agua en la minería; en O’Higgins, para mejorar la productividad agrícola; en Los Lagos, para responder a los problemas de la acuicultura. Es la ciencia que conecta universidades con empresas, trabajadores y comunidades, y también la que podría resentir los recortes propuestos por el Gobierno para 2027.
La Academia Chilena de Ciencias puso cifras a esa preocupación. Su análisis, elaborado por el economista Patricio Velasco Sanhueza y revisado por la institución, calcula una disminución de 10% en el presupuesto ministerial, desde $791.671 millones a $712.539 millones. Sin embargo, la advertencia más profunda no está en cuánto dinero se reduce, sino en las capacidades que Chile podría dejar de construir.
Regiones con nuevas atribuciones, pero menos herramientas
El Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip) perdería 81,2% de sus recursos y Fondef, vinculado a la investigación aplicada, retrocedería 20,3%. La Academia advierte que “La profunda reducción del Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip) amenaza la capacidad futura de los centros y universidades chilenos para realizar investigación de frontera”.
El ajuste coincide con un cambio importante en los territorios. Durante 2026, los gobiernos regionales dispusieron de $227.859 millones del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que contempla como regla general destinar al menos 25% a investigación científica y tecnológica. Esa mayor capacidad regional para decidir sobre innovación necesita laboratorios, especialistas y continuidad para traducirse en resultados.
La distribución de los recortes tampoco es uniforme. Mientras los Centros Regionales disminuyen 10,3%, el Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica crece 47,2%. Algunas líneas se fortalecen, pero eso no elimina el riesgo de que universidades alejadas de Santiago enfrenten mayores dificultades para renovar equipos y convertir necesidades locales en investigaciones.
Porque cuando una región pierde capacidad científica, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de sus universidades. También se debilitan sus posibilidades de desarrollar tecnologías propias, mejorar procesos productivos, resolver problemas ambientales y construir una economía menos dependiente de decisiones tomadas fuera de su territorio.
El talento que las regiones necesitan retener
La pérdida de capacidad tiene otra cara: las personas. El Programa de Inserción de Investigadores cae 47,8% y los recursos previstos corresponden a compromisos anteriores. La Academia advierte que todavía no existe certeza sobre nuevas convocatorias. En regiones que necesitan atraer especialistas, formar investigadores sin suficientes presupuestos para investigar puede convertir años de inversión pública en oportunidades perdidas.
El documento también cuestiona la suspensión de convocatorias internacionales durante 2026, una decisión que restringe las posibilidades de formación avanzada. Según la institución, “La eliminación de las becas de magíster en el extranjero y la suspensión de las convocatorias de postdoctorado internacional (Becas Chile) limitan gravemente la internacionalización de los investigadores chilenos”.
No todo el financiamiento disminuye. Fondecyt aumenta 2% y algunos fondos asociativos reciben mayores recursos. Incluso podrían mantenerse adjudicaciones similares a las de 2026. Sin embargo, buena parte del dinero ya está comprometida en investigaciones anteriores. Para la Academia, esa continuidad refleja también los ajustes realizados durante 2026 por los gobiernos saliente y entrante. Mantener funcionando lo existente no equivale a ampliar las oportunidades para el futuro.
La institución dirige su conclusión al poder político: “Por ello, hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso para que protejan la inversión científica y reconozcan su contribución al desarrollo sostenible, la productividad y el bienestar del país. Chile no puede comprometer su futuro debilitando las capacidades que necesita para construirlo”.
Lo que decidan el Ejecutivo y los parlamentarios tendrá efectos mucho más prolongados que un ejercicio presupuestario. En las regiones, una reducción puede traducirse en un equipo que no se repone, un investigador que no consigue establecerse o una solución productiva que tarda años adicionales en desarrollarse.
La ciencia no se construye de un año para otro. Y las capacidades que un territorio pierde tampoco se recuperan con la siguiente asignación de recursos.
