La instancia reunirá a 12 expertos de distintas trayectorias políticas y profesionales y tendrá 120 días para proponer una nueva arquitectura ministerial, eliminar duplicidades, reasignar recursos y revisar la presencia del Gobierno Central en regiones
El Presidente José Antonio Kast puso en marcha este martes una de las principales piezas de su agenda de modernización del aparato público: la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia encargada de revisar la actual organización ministerial y formular propuestas para racionalizar su funcionamiento.
La comisión tendrá 120 días para elaborar sus propuestas y deberá abordar el número de carteras, las superposiciones de funciones, la asignación de recursos y la organización territorial de los organismos dependientes del Gobierno Central. Las modificaciones que finalmente respalde La Moneda deberán traducirse en iniciativas legales y pasar por el Congreso.
La creación de la instancia fue comprometida por Kast durante su primera Cuenta Pública, donde la modernización y el rediseño del Estado formaron parte de la hoja de ruta presentada ante el Congreso. La discusión adquiere ahora una estructura, integrantes y un plazo concreto.
Chile pasó durante las últimas décadas de 18 a 25 ministerios, según destacó el Mandatario durante la presentación. La expansión más reciente ocurrió con la entrada en funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública en abril de 2025, creado por la Ley 21.730.
Una comisión que cruza sectores políticos
La instancia estará presidida por Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Su composición combina especialistas, exministros, exparlamentarios y figuras provenientes de distintas tradiciones políticas.
Quiénes integran la Comisión Nueva Arquitectura del Estado
| Integrante | Reseña |
|---|---|
| Bettina Horst | Directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Presidirá la comisión. |
| Nicolás Monckeberg | Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina. |
| Gonzalo Blumel | Director de Horizontal. Fue ministro del Interior y ministro secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. |
| Zarko Luksic | Abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado. |
| Beatriz Hevia | Abogada y expresidenta del Consejo Constitucional. |
| Juan Antonio Urzúa | Abogado especialista en materias laborales, tributarias y corporativas. |
| Natalia González | Abogada y presidenta del Consejo para la Transparencia. |
| Natalia Piergentili | Expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones. |
| Ernesto Silva | Prorrector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de FARO UDD, exdiputado y expresidente de la UDI. |
| Osvaldo Andrade | Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados. |
| Andrés Zaldívar | Abogado, exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado. |
| Adriana Delpiano | Exministra de Defensa Nacional y exministra de Educación, con una extensa trayectoria en cargos públicos. |
La diversidad política es uno de los elementos centrales del diseño. Junto a figuras vinculadas a la derecha y centroderecha aparecen exautoridades provenientes de la antigua Concertación y del Socialismo Democrático, una amplitud relevante considerando que cualquier reforma estructural necesitará posteriormente respaldo parlamentario.
El propio Kast justificó esa composición señalando que “la reforma del Estado tiene que trascender a este gobierno”. La apuesta apunta a generar una propuesta que pueda sostenerse más allá de los cuatro años de la actual administración.
120 días para revisar una estructura de 25 ministerios
La comisión no parte con una cifra predeterminada de carteras que deban desaparecer. El Mandatario descartó anticipar un número y dejó esa definición al análisis de sus integrantes, evitando que el debate se concentre exclusivamente en cuántos ministerios mantener o eliminar.
Horst reforzó esa idea al plantear que el trabajo no estará determinado por encontrar un “número mágico de ministerios”, sino por evaluar la capacidad del aparato estatal para responder a las necesidades de las personas. El documento que entregue la instancia, además, no tendrá carácter vinculante para el Presidente.
El mandato considera revisar superposiciones de funciones, posibles reasignaciones de recursos y alternativas para racionalizar la estructura existente. Kast sostuvo que un reordenamiento de esta magnitud “no se hace de a uno, ni se hace por decreto”, anticipando que las definiciones que adopte el Ejecutivo deberán convertirse en proyectos de ley.
El paso por el Congreso puede convertirse, por lo tanto, en el verdadero filtro de la reforma. La transversalidad de la comisión puede contribuir a construir una base política, pero no garantiza que exista acuerdo sobre qué instituciones fusionar, qué atribuciones trasladar o cómo redistribuir funcionarios y presupuestos.
El rediseño también llegará a las regiones
La revisión no quedará limitada a los ministerios instalados en Santiago. Horst confirmó que el trabajo incluirá la manera en que el Gobierno Central se articula con las regiones, particularmente a través de las secretarías regionales ministeriales, servicios públicos y otras reparticiones.
Ese componente puede tener consecuencias directas sobre el diseño territorial que el Gobierno instaló al asumir. Una eventual fusión de ministerios obliga también a resolver qué ocurre con sus SEREMI, servicios dependientes, cadenas de mando, presupuestos y competencias desplegadas en cada región.
La discusión se cruza, además, con las demandas que los gobernadores regionales han planteado a La Moneda por mayor capacidad de decisión, menos trabas administrativas y una relación más eficiente entre los territorios y los ministerios sectoriales.
El Gobierno ha señalado que el proceso deberá considerar también la continuidad de los servicios y los derechos de los trabajadores públicos. Kast aseguró que el decreto que formaliza la comisión incorporará medidas de transición y sostuvo que la tarea se realizará con los funcionarios públicos y no contra ellos.
Los próximos 120 días permitirán conocer hasta dónde llega el rediseño propuesto. La discusión de fondo será más amplia que reducir una cifra: deberá definir qué funciones necesita mantener el Estado, cuáles pueden integrarse, cómo se relacionará el nivel central con las regiones y qué estructura permite entregar mejores servicios.
Después vendrá la prueba política. Si el Ejecutivo recoge las recomendaciones, deberá convertirlas en proyectos concretos y construir las mayorías necesarias en el Congreso para modificar una arquitectura institucional desarrollada durante décadas.
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