Por Cristián Reitze Campos. Presidente Ejecutivo Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM)
La implementación de la Ley Jacinta duplicó las coberturas del SOAP, fortaleciendo la protección de las personas. Sin embargo, el efecto tarifario ha impactado de manera significativamente mayor a las motocicletas que a los automóviles, pese a que la cobertura aumentó exactamente en la misma proporción para todos. El impacto tarifario desigual evidencia una brecha difícil de justificar.
El SOAP no es un seguro voluntario, sino una exigencia legal para poder circular. Por lo mismo, resulta razonable que su estructura tarifaria responda a criterios objetivos, transparentes y coherentes con la propia clasificación vehicular que el Estado utiliza en otros ámbitos. La obligatoriedad del seguro exige estándares claros de equidad regulatoria.
Hoy, en las autopistas urbanas, las motocicletas están formalmente clasificadas como vehículos livianos y pagan exactamente el mismo peaje que un automóvil. No existe diferenciación dentro de esa categoría. Sin embargo, en el caso del SOAP se permite una segmentación que termina generando alzas porcentuales considerablemente mayores para las motos. La inconsistencia entre sistemas regulatorios abre una discusión de fondo.
Si el Estado reconoce una categoría común de “vehículos livianos”, parece lógico que, tratándose de un seguro obligatorio, exista una tarifa homogénea por categoría vehicular, evitando discriminaciones internas que no se desprenden del mandato legal. La coherencia normativa se vuelve clave para sostener la legitimidad del sistema.
Nuestra propuesta es simple: misma cobertura, misma categoría, misma tarifa.
No se trata de reducir protección, sino de asegurar coherencia regulatoria y equidad en su aplicación.
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