La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Regulation, Evaluation, and Governance Lab (RegLab) de la Universidad de Stanford firmaron un convenio de colaboración destinado a fortalecer el monitoreo preventivo y la fiscalización ambiental en Chile.
La alianza busca desarrollar herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada orientadas a ampliar la cobertura de supervisión, automatizar procesos y mejorar la evaluación de políticas públicas ambientales.
El acuerdo se enfoca en diseñar y probar modelos predictivos, algoritmos y herramientas de análisis que permitan priorizar fiscalizaciones según riesgo, identificar patrones relevantes y anticipar posibles impactos en el territorio. Asimismo, incluye actividades de transferencia tecnológica para fortalecer las capacidades internas de la SMA.
Uso de datos para anticipar riesgos ambientales
Durante la firma del convenio, la Superintendenta Marie Claude Plumer destacó los avances institucionales en digitalización y analítica, enfatizando que “esta alianza viene a consolidar dicho camino con una institución de prestigio internacional, pues permitirá fortalecer la fiscalización, optimizar el uso de recursos y aumentar la trazabilidad de las decisiones. Esto, mediante herramientas basadas en IA con resguardos de privacidad, seguridad y transparencia”.
El trabajo con Stanford también permitirá evaluar el impacto de las acciones de la SMA. La institución busca incorporar metodologías avanzadas que permitan medir efectividad, mejorar modelos operativos y aumentar la capacidad de análisis frente a cambios ambientales y nuevas fuentes de riesgo.
Pilotos, sistemas de alerta temprana y analítica avanzada
Desde Stanford, el director del RegLab, Daniel Ho, subrayó que “el trabajo que la SMA ha realizado en transformación digital y uso de datos ofrece un terreno propicio para desarrollar pilotos que aporten al monitoreo de cumplimiento, análisis de denuncias y sistemas de alerta temprana. Nuestro objetivo es diseñar, probar y evaluar soluciones promoviendo estándares de transparencia y explicabilidad”.
El convenio tendrá una duración inicial de tres años y comenzará con dos áreas prioritarias: la estrategia de fiscalización en acuicultura y el fortalecimiento del sistema de gestión de denuncias. Para ello se utilizarán imágenes satelitales, monitoreo en línea de variables ambientales y modelos predictivos que apoyen decisiones operativas.
La SMA proyecta que esta colaboración permitirá avanzar hacia un modelo de supervisión preventiva, basado en datos y con mayor capacidad de anticipación, reforzando el cumplimiento ambiental a nivel nacional.
