Ninguno de los cuatro capítulos del libelo alcanzó los votos necesarios para prosperar, en una jornada marcada por inhabilidades, abstenciones y cuestionamientos al estándar jurídico de la acusación
El Senado rechazó la acusación constitucional contra Nicolás Grau, luego de que ninguno de los cuatro capítulos del libelo contra el exministro de Hacienda alcanzara el quórum requerido para prosperar. La votación cerró una jornada extensa, marcada por la defensa del abogado Patricio Zapata, los argumentos de la comisión acusadora, tres inhabilidades y una ausencia clave.
La definición confirmó el fracaso de la ofensiva parlamentaria impulsada principalmente por sectores republicanos y libertarios, que habían logrado aprobar el libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero no consiguieron sostenerlo ante la Cámara Alta.
El Senado actuó como jurado y votó separadamente cada capítulo, descartando la posibilidad de declarar culpable al exsecretario de Estado e imponerle una sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
| Capítulo | A favor | En contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|
| Primer capítulo | 16 | 25 | 4 |
| Segundo capítulo | 9 | 32 | 2 |
| Tercer capítulo | 16 | 26 | 3 |
| Cuarto capítulo | 10 | 33 | 2 |
El resultado mostró que la acusación no solo quedó lejos del umbral necesario, sino que fue rechazada con amplitud en todos sus capítulos. El primer y tercer capítulo fueron los que reunieron más respaldo, con 16 votos a favor, mientras que el segundo y cuarto obtuvieron apoyos considerablemente menores, con 9 y 10 votos favorables, respectivamente.
Un revés para sus impulsores
El resultado representa un golpe político para quienes promovieron la acusación, especialmente parlamentarios republicanos y libertarios, que habían logrado aprobar el libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Ese avance permitió trasladar el caso al Senado, pero la Cámara Alta terminó rechazando la ofensiva.
La acusación apuntaba a presuntas infracciones constitucionales vinculadas al manejo de las finanzas públicas durante la gestión de Grau, especialmente por diferencias en proyecciones de deuda pública, déficit estructural y necesidades de financiamiento. Para los acusadores, esas diferencias superaban el margen de una controversia técnica. Para la defensa, en cambio, el libelo buscaba convertir estimaciones económicas en una sanción constitucional.
Antes de llegar al Senado, la comisión revisora había recomendado rechazar la acusación constitucional contra Nicolás Grau, al estimar que el libelo no acreditaba fundamentos suficientes para responsabilizarlo por las cifras fiscales entregadas durante el cierre del gobierno anterior.
Tres inhabilidades y una ausencia clave
Uno de los elementos que condicionó la votación fue la salida de tres senadores del pronunciamiento. Luciano Cruz-Coke ya había formalizado su inhabilidad ante el Senado tras emitir opiniones públicas sobre el libelo, lo que golpeó directamente a la derecha, porque se trataba de un voto relevante para quienes buscaban aprobar la acusación.
Durante la jornada se sumaron las inhabilidades de Vlado Mirosevic y Claudia Pascual. En el caso de Pascual, la decisión estuvo vinculada a su parentesco con el exministro Grau. En el caso de Mirosevic, la discusión se arrastraba desde la mañana, luego de que se pidiera un pronunciamiento por una eventual emisión anticipada de juicio.
A ello se agregó la ausencia de Manuel José Ossandón, quien se encontraba con permiso constitucional. En conjunto, las inhabilidades y la ausencia redujeron el margen disponible para los impulsores del libelo y aumentaron la presión sobre una derecha que necesitaba ordenar todos sus votos.
Acusadores apuntaron a negligencia grave
Durante la formalización ante la Sala, la diputada Paulina Muñoz sostuvo que Grau, “durante su gestión al mando de la billetera fiscal, incurrió en conductas de grave negligencia y omisión inexcusable en la elaboración y presentación de los informes de finanzas públicas, particularmente en el cuarto trimestre del 2025”.
Muñoz afirmó además que “sostener la AC es un deber institucional” y vinculó la gravedad del caso con una brecha financiera superior a US$10.500 millones en la proyección de deuda pública, además de un déficit estructural de 3,7% del PIB.
El diputado Benjamín Moreno defendió los capítulos primero y tercero del libelo, remarcando que “no estamos acusando por errar una proyección, ni el mérito de una política fiscal, sino por incumplir deberes precisos”. Para la comisión acusadora, el caso comprometía la fe pública y justificaba un pronunciamiento del Senado sobre la responsabilidad constitucional del exministro.
El diputado Pier Karlezi, encargado de la réplica, sostuvo que “la defensa solo se basó en un capítulo y están también los otros tres”, buscando reforzar que la Cámara Alta debía revisar el conjunto del libelo y no solo la controversia aritmética planteada por la defensa.
Zapata defendió el estándar constitucional
La defensa de Patricio Zapata apuntó al fundamento jurídico de la acusación. El abogado sostuvo que “la acusación tiene un problema muy de fondo que es el objeto: el mal desempeño del cargo, eso es lo que se le imputa al acusado”, planteando que el libelo no identificaba una infracción constitucional directa y personal.
Zapata sostuvo que la acusación se basaba en una supuesta inconsistencia aritmética entre la trayectoria de deuda bruta y el balance estructural proyectado en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. “Este es el corazón de la denuncia”, afirmó, antes de citar antecedentes del Consejo Fiscal Autónomo, la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda.
Según la defensa, “el CFA dijo que no se identifica una inconsistencia aritmética, los cuadros de fuentes son internamente consistentes y la diferencia se explica por partidas identificables”. Zapata añadió que la acusación debía demostrar una vulneración concreta de la ley o la Constitución y sostuvo que “los cuatro capítulos presentan debilidades estructurales”.
El argumento de la defensa encontró eco en senadores que, aun siendo críticos de la gestión fiscal del gobierno anterior, marcaron una diferencia entre responsabilidad política y responsabilidad constitucional. Esa distinción fue clave para explicar el rechazo final del libelo.
La derecha no logró ordenar sus votos
La votación dejó expuestas las dificultades de la derecha para sostener en el Senado una ofensiva que había avanzado desde la Cámara con una mayoría estrecha. El libelo no solo fue rechazado en todos sus capítulos, sino que sus dos mejores resultados llegaron apenas a 16 votos favorables, lejos del quórum requerido.
El resultado también mostró diferencias sobre el uso de las acusaciones constitucionales. Para sus impulsores, el caso Grau debía enviar una señal frente a eventuales fallas de responsabilidad fiscal. Para sus críticos, en cambio, la ofensiva buscó transformar una controversia sobre proyecciones económicas, deuda y déficit en una sanción constitucional sin cumplir el estándar jurídico exigido.
El debate se cruzó con una discusión fiscal más amplia, marcada por deuda, déficit y necesidades de financiamiento, materias que venían tensionando al Congreso tras la aprobación del mayor endeudamiento fiscal por US$6.200 millones.
Un límite político e institucional
La votación deja una señal institucional relevante: las diferencias fiscales entre gobiernos salientes y entrantes pueden abrir una discusión política intensa, pero no necesariamente sostener una acusación constitucional ante el Senado. En ese punto, la discusión supera ampliamente el futuro del exministro Nicolás Grau.
El rechazo también tensiona a la oposición, porque la acusación nació como una ofensiva dura contra una exautoridad del gobierno anterior, pero terminó exhibiendo falta de piso en la Cámara Alta, descoordinación política e inhabilidades que redujeron el margen disponible.
El resultado deja una señal clara para futuras ofensivas parlamentarias: la crítica política puede abrir una acusación constitucional, pero no basta por sí sola para sostenerla. En este caso, el Senado separó el juicio sobre la conducción fiscal del estándar jurídico requerido para aplicar una sanción de inhabilidad.
