El magistrado quedó cesado del cargo y con prohibición de ejercer funciones públicas por cinco años
El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, resolviendo su destitución del cargo y su inhabilidad para ejercer funciones públicas por cinco años, conforme al artículo 53 de la Constitución Política del Estado.
La votación consideró tres capítulos del libelo presentado por la Cámara de Diputadas y Diputados. El primer capítulo fue aprobado por 43 votos a favor; el segundo fue rechazado con 18 votos a favor, 3 en contra y 19 abstenciones; mientras que el tercero obtuvo 33 votos favorables, 1 en contra y 6 abstenciones. Con la aprobación de dos capítulos, se configuró la sanción constitucional.
La decisión se adoptó mientras el magistrado se encontraba suspendido de sus funciones, tras un sumario abierto por la Corte Suprema por eventuales faltas a la probidad. Asimismo, Diego Simpertigue figura como imputado en una investigación penal conocida como la “trama bielorrusa”, a cargo del Ministerio Público, por posibles delitos de corrupción.
Acusación constitucional: etapa de alegatos en el Senado
La Cámara mandató a una comisión para formalizar y sostener la acusación ante el Senado, integrada por la diputada Carolina Tello y los diputados Daniel Manouchehri y Jorge Rathgeb. En la sesión convocada para analizar el libelo, el Secretario General de la Cámara, Raúl Guzmán, realizó la relación de la acusación, tras lo cual los parlamentarios expusieron los fundamentos.
Posteriormente, la defensa del magistrado presentó sus alegatos, a cargo de los abogados Juan Carlos Manríquez y Felipe Lizama, cerrando la etapa de exposiciones previa a la votación en Sala.
Fundamentos del libelo y causal invocada
La acusación constitucional se sustentó en la causal de notable abandono de deberes, vinculada a faltas a la probidad, al deber de abstención y a la imparcialidad judicial. En el debate, se abordaron hechos relacionados con decisiones jurisdiccionales, viajes, vínculos personales y omisiones de inhabilitación en causas con potenciales conflictos de interés.
En ese contexto, la diputada Carolina Tello planteó que la acusación constitucional es “una herramienta extrema”, señalando que se trata de un control reservado para situaciones graves y que, tratándose de un ministro de la Corte Suprema, el estándar exigible es el más alto. Asimismo, vinculó el debate con la legitimidad del sistema de justicia y la necesidad de resguardar la confianza institucional.
Durante la discusión, también se expusieron los contenidos de los tres capítulos del libelo, referidos a decisiones judiciales específicas, procesos de nombramientos y relaciones impropias, elementos que fueron evaluados por las y los senadores al momento de emitir su voto.
Resolución y efectos de la destitución
En los fundamentos del voto, senadores y senadoras coincidieron en que no transparentar vínculos relevantes, no inhabilitarse oportunamente y mantener relaciones con abogados intervinientes resultan incompatibles con los deberes del cargo, particularmente en el máximo tribunal del país.
Con la aprobación de la acusación, Diego Simpertigue queda destituido de su cargo y no podrá ejercer ninguna función pública, sea o no de elección popular, por un período de cinco años, conforme al marco constitucional vigente.
