La iniciativa fija el ingreso mínimo mensual en $553.553 desde mayo de 2026 y continuará su trámite con plazo de indicaciones hasta el lunes 15 de junio. La discusión dejó diferencias entre oficialismo y oposición por la suficiencia del monto, el desempleo y la productividad
Por 35 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó en general el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, iniciativa que ahora continuará su tramitación legislativa en segundo trámite constitucional.
La propuesta fija el ingreso mínimo mensual en $553.553 a partir de mayo de 2026, lo que representa un aumento de 2,7% respecto de los $539.000 establecidos en enero del mismo año. Tras la aprobación en general, se abrió plazo de indicaciones hasta el lunes 15 de junio, mientras que la discusión en particular quedó programada para el martes 16 de junio en la Sala.
El debate mostró una tensión política y económica de fondo. Desde el Ejecutivo y sectores de apoyo al proyecto se defendió un reajuste prudente, asociado al comportamiento del IPC y al escenario del mercado laboral. Desde la oposición, en cambio, se cuestionó que el monto no responda al aumento del costo de la vida ni a la realidad de los hogares que dependen de menores ingresos.
Un reajuste marcado por la discusión sobre suficiencia
El proyecto fue informado por el senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, quien explicó que durante el análisis de la iniciativa algunos integrantes manifestaron preocupación por la suficiencia del monto propuesto.
Además del nuevo valor del ingreso mínimo mensual, la propuesta contempla que en enero de 2027 se reajuste el monto de acuerdo con la variación del IPC determinada e informada por el INE entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
Para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, el ingreso mínimo se eleva a $412.938. El texto también modifica los tramos de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y fija el monto del subsidio familiar en $22.601 por carga.
En el caso de las asignaciones familiares, se establecen $22.601 por carga para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039; $13.870 por carga para quienes superen ese monto y no excedan de $947.990; y $4.382 por carga para ingresos superiores a $947.990 y hasta $1.478.539.
Gobierno defiende prudencia y senadores apuntan al costo de vida
Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que el Ejecutivo optó por un reajuste acotado considerando los efectos que un aumento mayor podría tener sobre el empleo. “La realidad muestra que de subir el guarismo hay impacto en el desempleo y cuidando esa realidad el Ejecutivo ha estimado prudente reajustar solo por concepto del IPC”, afirmó.
La senadora Claudia Pascual cuestionó la propuesta y planteó que la discusión debiera estar directamente vinculada al costo de la vida. “Esta discusión debería estar siempre vinculada al costo de la vida, a cómo ha golpeado en la economía familiar la eliminación del MEPCO”, señaló, calificando el reajuste como “una noticia lamentable”.
El senador Javier Macaya defendió la necesidad de avanzar con rapidez en la tramitación, aunque reconoció que el monto no resuelve por sí solo el problema de los ingresos. “Con 553 mil no se vive, pero el reajuste por IPC conversa con el actual mercado laboral y las medidas que se tomarán en el futuro”, indicó.
Desde una postura más crítica, el senador Daniel Núñez lamentó que la iniciativa no haya sido revisada por la Comisión de Trabajo y cuestionó el contraste entre las prioridades del Gobierno y el reajuste propuesto para los trabajadores. A su juicio, el aumento resulta insuficiente frente a las necesidades reales de las familias.
Empleo, productividad y tensión política
La discusión también derivó hacia el escenario económico general y al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Gobierno. El senador Alfonso De Urresti cuestionó el uso de ese concepto y sostuvo que “este país no está quebrado ni se cae a pedazos”, llamando a enfocar el debate en cómo incentivar el empleo.
El senador Carlos Kuschel reconoció que le gustaría un reajuste mayor, pero vinculó la discusión con el deterioro del mercado laboral. “La mejor política social es la generación de empleo”, afirmó, aludiendo al aumento de la cesantía y la informalidad en su región.
En la misma línea, el senador Gustavo Sanhueza advirtió que el país acumula más de 40 meses con alto desempleo y relacionó la discusión salarial con el aumento de los costos laborales, mencionando la reforma de pensiones, la reducción de jornada y otras medidas que inciden en las empresas.
El senador Fidel Espinoza apuntó a la contradicción entre los llamados oficiales a la austeridad y el reajuste planteado para los trabajadores. Según sostuvo, el aumento resulta insuficiente frente al alza del costo de la vida, especialmente en regiones del sur del país.
La senadora Beatriz Sánchez también puso el foco en la economía familiar, señalando que una encuesta muestra que el 79% de los trabajadores en Chile asegura que su salario dura menos de dos semanas, mientras que casi nueve de cada diez personas no logra ahorrar.
Productividad como punto de fondo
En el cierre del debate, varios parlamentarios insistieron en que la discusión salarial no puede separarse del crecimiento económico y la productividad. El senador Alejandro Kusanovic planteó que “la economía no se arregla por decreto, por buenas intenciones, sino que por productividad”.
El senador Andrés Longton llamó a considerar el bajo crecimiento de los últimos años y sostuvo que, si bien subir los salarios puede ser una aspiración compartida, también se requiere responsabilidad frente al escenario económico.
La senadora Andrea Balladares afirmó que el crecimiento del ingreso mínimo en los últimos años se ha desalineado de la productividad y del crecimiento económico, generando, a su juicio, efectos negativos sobre el empleo y la actividad.
Por su parte, el senador Miguel Becker defendió la gestión del Gobierno y pidió considerar las condiciones económicas y sociales en que recibieron el país. “Si nos entregaron un país con muchos problemas no vengan ahora a criticarnos… déjennos gobernar”, puntualizó.
Con la aprobación en general, el proyecto ingresará ahora a una etapa clave. Las indicaciones podrán presentarse hasta el lunes 15 de junio, antes de que la Sala revise en particular una iniciativa que cruza salario mínimo, empleo, costo de vida y productividad en un momento de alta sensibilidad económica.
