La Sala respaldó la autorización solicitada por Hacienda para ampliar el margen de financiamiento del Gobierno Central durante 2026. La medida fue defendida como una respuesta responsable, pero abrió críticas por el aumento de deuda en plena discusión de la megarreforma
El Senado aprobó el proyecto que autoriza al Gobierno Central a contraer mayor endeudamiento fiscal durante 2026 por hasta US$6.200 millones, dejando la iniciativa en condiciones de convertirse en ley. La votación terminó con 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención, en una jornada que volvió a cruzar responsabilidad fiscal, necesidades de financiamiento y críticas por el manejo de las cuentas públicas.
La autorización fue defendida por Hacienda como una herramienta necesaria para enfrentar una situación fiscal distinta a la prevista al momento de tramitar la Ley de Presupuestos. El Ejecutivo sostuvo que el ajuste al límite de endeudamiento es acotado y busca cubrir obligaciones del Estado, mientras desde la oposición se cuestionó que el Gobierno pida más deuda al mismo tiempo que impulsa una agenda económica con rebajas tributarias.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la solicitud ante la Sala y sostuvo que el proyecto es “acotado”, pero “extremadamente relevante para la administración responsable de las finanzas públicas”, agregando que “esta no es una discusión sobre el pasado, tampoco una discusión sobre el tamaño del Estado o sobre nuevas prioridades de gasto; tampoco concierne al ancla de la deuda del 45% del PIB. Es una decisión respecto a cómo el Estado debe enfrentar responsablemente la situación fiscal que hoy es distinta a la prevista”.
Una autorización clave para Hacienda
El resultado representa un respaldo político relevante para Quiroz, que logró sacar adelante una autorización compleja en medio de un debate marcado por el deterioro fiscal y por las exigencias de mayor transparencia sobre el uso de los recursos. El proyecto permite ampliar el margen de deuda del Gobierno Central y entrega oxígeno financiero para enfrentar compromisos durante el año.
El trámite ya venía tensionado desde la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el Ejecutivo necesitó apoyos fuera de su base para superar el quórum requerido. Ese primer avance instaló de inmediato el debate sobre el costo futuro del endeudamiento, luego de que Hacienda avanzara con la deuda fiscal por US$6.200 millones en una votación marcada por respaldos decisivos fuera del oficialismo.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, informó que el artículo único fue discutido en general y en particular, siendo respaldado por mayoría. Durante el debate, explicó que parte de la discusión se concentró en el Informe Semestral del Consejo Fiscal Autónomo, las dudas sobre modificaciones presupuestarias que no serían plenamente trazables y la necesidad de contar con datos objetivos para justificar el monto solicitado.
Macaya también marcó el tono de la discusión al señalar que “lo que tenemos que discutir no es cómo llegamos hasta acá, porque esa etapa ya pasó”. La frase resume una parte del argumento de quienes respaldaron la iniciativa: más que reabrir la disputa por el origen del deterioro fiscal, la prioridad sería resolver cómo financiar obligaciones ya comprometidas y evitar una tensión mayor en la caja del Estado.
| Clave del proyecto | Dato principal | Implicancia política |
|---|---|---|
| Monto autorizado | US$6.200 millones | Amplía el margen de financiamiento del Gobierno Central |
| Votación en Senado | 28 a favor, 15 en contra, 1 abstención | Despacho a ley con apoyo mayoritario, pero con resistencia opositora |
| Argumento de Hacienda | Situación fiscal distinta a la prevista | El Gobierno defiende la medida como administración responsable |
| Punto de tensión | Deuda y megarreforma | La oposición cuestiona más endeudamiento junto a rebajas tributarias |
Oficialismo defiende deuda para mantener operativo al Estado
Durante la discusión, parlamentarios oficialistas plantearon que el Gobierno recibió un Estado con una situación financiera crítica y que la autorización era necesaria para mantenerlo funcionando. En esa línea, se insistió en que el mayor endeudamiento no financiaría nuevas prioridades de gasto, sino obligaciones ya devengadas y compromisos que el Fisco debe cumplir.
Esa defensa buscó separar la autorización de deuda de una discusión ideológica sobre el tamaño del Estado. Para Hacienda, el punto central no era abrir nuevos programas ni ampliar gasto permanente, sino responder a una realidad fiscal más exigente que la presupuestada originalmente. La tesis oficialista apuntó a que no aprobar la solicitud podía generar mayores tensiones operativas en el cumplimiento de obligaciones públicas.
Sin embargo, la votación no despejó las dudas de fondo. En la Sala también se reconoció que el verdadero desafío será aumentar el crecimiento económico, fortalecer la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones y colaborar en el ordenamiento de las finanzas públicas. Dicho de otra forma: la deuda aprobada entrega margen, pero no reemplaza una estrategia fiscal de mediano plazo.
El punto conecta directamente con las alertas levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo sobre el impacto de la reconstrucción nacional. El organismo advirtió que el país enfrenta menor holgura, mayores necesidades de financiamiento y presión sobre la sostenibilidad de la deuda, especialmente después de advertir que el proyecto de Reconstrucción Nacional agrava el déficit fiscal hasta 2031.
La oposición apunta a la megarreforma
La crítica opositora se concentró en una contradicción política difícil de despejar: el Gobierno pide autorización para endeudarse más mientras tramita una megarreforma económica que contempla rebajas tributarias para sectores empresariales de mayores ingresos. Ese cruce marcó parte del debate y dejó instalada la pregunta sobre quién carga finalmente con el costo fiscal de la estrategia económica del Ejecutivo.
Desde ese sector se cuestionó que, en paralelo a esta solicitud, el Gobierno impulse una mega ley que reduce impuestos a los sectores más acomodados del país. La crítica fue formulada en términos duros durante la discusión, al sostener que se favorece a un grupo de empresarios en desmedro de las familias chilenas.
Ese flanco volvió a cruzar la discusión por la megarreforma económica, cuyo diseño ha sido cuestionado por combinar mayor endeudamiento con rebajas tributarias permanentes. La tensión política quedó resumida en una idea incómoda: deuda para todos y menos impuestos para algunos, justo cuando el Ejecutivo busca sostener su agenda de reactivación con mayor margen fiscal.
También hubo reparos sobre la delegación de facultades al Ejecutivo y sobre el cumplimiento del artículo 63 número 7 de la Constitución, punto que algunos parlamentarios pidieron que sea observado por la Contraloría General de la República al momento de tomar razón de los decretos correspondientes. Aunque el proyecto quedó despachado por el Congreso, ese flanco mantiene abierta una dimensión institucional sobre la forma en que se ejecutará la autorización.
El margen fiscal queda bajo presión
El resultado entrega oxígeno inmediato a Hacienda, pero no resuelve la discusión de fondo. La autorización permite financiar necesidades del Gobierno Central durante 2026, aunque deja al Ejecutivo con la obligación política de explicar cómo evitará que el endeudamiento adicional se traduzca en más intereses, menos espacio presupuestario y mayor presión sobre futuras decisiones fiscales.
El propio debate mostró que incluso entre quienes votaron a favor hubo incomodidad. Algunos senadores dejaron constancia de que no era un voto emitido con satisfacción, sino por responsabilidad. Esa diferencia importa, porque revela que el respaldo legislativo no equivale necesariamente a confianza plena en la trayectoria fiscal del Gobierno.
La pregunta que queda instalada no es si el Estado podía endeudarse más, porque el Congreso ya respondió afirmativamente. La pregunta ahora es qué hará Hacienda con ese margen, cómo ordenará el gasto y de qué manera sostendrá una trayectoria compatible con el límite prudente de deuda. En un año marcado por estrechez fiscal, megarreforma tributaria y promesas de reactivación, la autorización aprobada no cierra el debate: lo traslada al terreno de la ejecución.
