A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que regula la extracción de áridos, luego de que la Sala del Senado aprobara por unanimidad el informe de la Comisión Mixta. Con esta votación, la iniciativa solo requiere el pronunciamiento de la Cámara de Diputados para completar su tramitación legislativa y ser remitida al Presidente de la República para su promulgación.
El proyecto busca establecer un marco normativo general y único, aplicable a la extracción de áridos en cauces naturales no navegables por embarcaciones de más de 100 toneladas y en sus zonas de regulación anexas. De este modo, se pretende ordenar una actividad clave para la construcción y las obras públicas, pero que hasta ahora operaba bajo normas dispersas.
Marco regulatorio y trazabilidad de la actividad
Durante la presentación del informe, el senador Juan Antonio Coloma, integrante de la Comisión de Obras Públicas, explicó el alcance del acuerdo alcanzado entre ambas cámaras.
“Esta iniciativa apunta a establecer reglas claras y homogéneas para la extracción de áridos, abordando aspectos que hasta ahora no contaban con una regulación general. Se regulan materias como el certificado de origen, la trazabilidad del material, las zonas de prohibición y las condiciones bajo las cuales se puede desarrollar esta actividad”, señaló Coloma.
“Asimismo, se incorporan criterios de fiscalización y planes de cierre, los que deberán ser determinados por la autoridad competente, fortaleciendo el control sobre una actividad con impacto territorial”, agregó el senador.
Las divergencias resueltas en la Comisión Mixta se centraron en plazos, procedimientos y definiciones técnicas, incorporando además la distinción entre extracciones mecanizadas mayores y menores, con exigencias diferenciadas según su escala.
Protección de cauces y reducción de riesgos
Durante el debate en Sala, distintos senadores coincidieron en que la normativa permitirá proteger los cauces naturales, reduciendo impactos derivados de extracciones irregulares. Parlamentarios como Matías Walker, Yasna Provoste y Francisco Chahuán destacaron que la ausencia de regulación había generado riesgos en zonas pobladas, especialmente por alteraciones en ríos y bocatomas.
“Esta legislación permite dar una respuesta en tiempos razonables a quienes solicitan permisos, pero al mismo tiempo establece límites claros para resguardar los cauces y prevenir situaciones que han derivado en inundaciones o daños a infraestructura crítica”, se señaló durante el debate.
“Con un mayor control de la actividad, se podrán evitar crecidas artificiales y afectaciones a comunidades cercanas, lo que constituye un avance relevante en materia de gestión territorial”, añadieron los legisladores.
Junto con valorar el avance del proyecto, los senadores plantearon la necesidad de continuar profundizando la regulación del sector, particularmente en lo relativo a los pozos lastreros, considerados un desafío pendiente dentro de la actividad extractiva.
