El recorte en seguridad y el impulso a una rebaja tributaria evidencian dificultades para ordenar prioridades, en un momento donde el país exige coherencia entre discurso, presupuesto y capacidad real de respuesta del Estado frente a sus principales urgencias
“Volver a vivir sin miedo no es un eslogan, es una promesa concreta. Vamos a erradicar el crimen con decisión, sin eufemismos ni medias tintas. Porque sin seguridad, no hay libertad. Y sin orden, no hay democracia”.
La frase, pronunciada en campaña por José Antonio Kast, no es solo una consigna electoral; es una vara con la que hoy se mide la acción del Estado. Ese estándar no se evalúa en declaraciones, sino en decisiones concretas que reflejen con claridad las prioridades del Gobierno. Cuando esa coherencia no aparece, el problema deja de ser sectorial y pasa a ser una cuestión de conducción.
El recorte de más de $72 mil millones —cerca de US$75 millones— concentrado en un 94% en las policías no puede entenderse como un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de decisiones donde las prioridades no logran ordenarse con claridad, generando señales que avanzan en direcciones distintas frente a una de las principales preocupaciones ciudadanas. La dificultad no está solo en ajustar, sino en definir con precisión dónde no se puede ajustar sin afectar la capacidad del Estado.
Una agenda que avanza en direcciones opuestas
En paralelo, el Ejecutivo confirma el envío de un proyecto para reducir el impuesto a las empresas de 27% a 23%, una baja de cuatro puntos que implica una disminución relevante en la recaudación potencial del Estado.
La señal es evidente: mientras se recortan recursos en seguridad, también se abre espacio para reducir ingresos fiscales en sectores de alta capacidad económica, lo que instala un contraste complejo de sostener políticamente. La discusión deja de ser técnica cuando decisiones de alto impacto conviven sin una narrativa que las ordene.
La pregunta no es si una rebaja tributaria puede incentivar la inversión, sino cuándo y bajo qué condiciones. Avanzar en una reducción de impuestos en medio de necesidades fiscales relevantes —como financiar cerca de US$400 millones en reconstrucción— obliga a justificar con mayor claridad las prioridades del Ejecutivo, especialmente cuando existen demandas inmediatas de financiamiento. La política económica no se mide por medidas aisladas, sino por la coherencia del conjunto.
Seguridad como síntoma de un problema mayor
La seguridad termina reflejando un problema más amplio. Reducir recursos en el área más sensible no solo afecta su operación, sino que expone dificultades para sostener definiciones estratégicas en el tiempo, especialmente bajo presión social. La delincuencia se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas, lo que eleva el costo político de cualquier ajuste en esta área.
El efecto es acumulativo. Cuando las señales no logran alinearse, la confianza comienza a deteriorarse por la suma de decisiones que no construyen una dirección clara, especialmente en temas críticos. La ciudadanía no evalúa discursos, evalúa consistencia, y esa consistencia hoy aparece debilitada.
El desafío de ordenar la conducción
El problema de fondo es la conducción. Gobernar implica definir prioridades, sostenerlas y reflejarlas en cada decisión relevante, incluso en contextos de restricción fiscal. Cuando ese orden no se consolida, la gestión pierde dirección y se instala una percepción de dispersión en la toma de decisiones.
La pregunta que queda instalada es inevitable. Si la seguridad es la principal preocupación del país, resulta complejo justificar que sea una de las áreas donde se concentra el ajuste, mientras en paralelo se reducen impuestos. No es la coexistencia de ambas decisiones lo que genera ruido, sino la ausencia de una lógica clara que las conecte.
El problema no es solo cuánto se recorta, sino qué dice ese recorte sobre las prioridades del Estado.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
