Por Alberto Jara, abogado y consultor regulatorio en telecomunicaciones
Si bien la regulación chilena de las telecomunicaciones no se “cae a pedazos”, evidencia grietas profundas que deben repararse. La telefonía e internet —y, en menor medida, la radio y la televisión— son esenciales para el desarrollo digital del país.
Sin embargo, la regulación se ha vuelto confusa y excesiva, lo que genera incertidumbre en las empresas y, a la larga, puede afectar la inversión, la innovación y la capacidad de Subtel para conducir adecuadamente el sector.
En primer lugar, existe una regulación dispersa y poco clara. La suma de reformas parciales, normas muy detallistas e interpretaciones administrativas cambiantes ha llevado a que muchas decisiones terminen en tribunales y se debilite la autoridad técnica. Esto reduce la certeza jurídica y aumenta los costos regulatorios, sin mejoras evidentes en la competencia ni en la calidad de los servicios.
En segundo lugar, hay problemas de coordinación entre las autoridades. Las atribuciones de Subtel se cruzan con las del TDLC, el Sernac, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la futura Agencia de Protección de Datos Personales, especialmente en materia de espectro radioeléctrico con el primero. Este desorden institucional debilita la gobernanza del sector y favorece conductas oportunistas.
En tercer lugar, persisten conceptos jurídicos que ya no reflejan la realidad del sector. Categorías como “servicio público” y “concesión” responden a un modelo antiguo y no se ajustan a un mercado hoy mayoritariamente privado y competitivo. Esto obliga a actualizar una legislación diseñada para la telefonía fija de los años ochenta, en un contexto donde el objetivo es avanzar hacia una sociedad del gigabit.
En este contexto, el libro Derecho de las Telecomunicaciones. Régimen jurídico y estructura del sector en Chile, escrito junto a Juan Luis Núñez, busca servir como una guía clara para ordenar el marco regulatorio del sector.
Su propósito es sistematizar la normativa aplicable a las comunicaciones electrónicas y facilitar la comprensión de un régimen hoy complejo y disperso. Esto resulta especialmente útil para las nuevas autoridades que asumirán en marzo, de cara a la necesidad de impulsar una reforma profunda y coherente a la Ley General de Telecomunicaciones.
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