Por: Natalia González Bañados. Presidenta del Consejo para la Transparencia
El financiamiento municipal ha estado en la palestra pública. En primer término, a propósito del impuesto territorial (o contribuciones) y la polémica que se ha generado en torno a cómo el SII determina los avalúos fiscales y la necesaria transparencia que amerita aquel proceso y, en segundo término, a propósito de los recursos que los municipios están recibiendo tras la aprobación de la nueva ley del royalty minero, por medio de los fondos creados especialmente para estos efectos.
Específicamente, en 2024 se entregaron 93 mil millones de pesos a 307 municipios de todo el país (incluyendo comunas mineras y comunas más dependientes del fondo común municipal), y en 2025 se proyecta que aumenten a 218 mil millones de pesos.
Aprovechando que la Ley N°21.591 sobre el Royalty a la Minería establece el deber de las municipalidades de reportar trimestralmente a la SUBDERE sobre el uso de estos recursos, y que la Ley de Presupuestos 2024 obligaba a publicar estos reportes en sitios de transparencia activa, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización para monitorear el cumplimiento y caracterizar la recaudación y destino de los recursos.
Entre los principales hallazgos de la investigación para 2024, se constató que un 61% de las municipalidades beneficiarias del Fondo de Equidad Territorial y/o Fondo de Comunas Mineras no cumplió plenamente con la obligación de publicar los reportes en sus sitios de transparencia activa.
Respecto a las principales imputaciones presupuestarias, solo un 37% de los recursos se destinó a iniciativas de inversión, mientras que un 23% se destinó a compra de bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal.
El panorama para este año 2025 es más complejo, dado que se mantiene un amplio espacio para la discrecionalidad en el uso de estos recursos y la Ley de Presupuestos 2025 no mantiene la obligación de publicar los reportes en transparencia activa, lo que significa que solo se conocerán en marzo de 2026.
Dada esta doble debilidad institucional, el llamado es tanto a las municipalidades para transparentar proactivamente estos reportes y permitir que la ciudadanía pueda evaluar el uso de los recursos, como a los legisladores para corregir estas falencias en la legislación aplicable.
La discusión de la Ley de Presupuestos 2026 representa una oportunidad para restaurar obligaciones periódicas de transparencia activa, orientando el uso de estos fondos preferentemente a iniciativas de inversión y desarrollo, y asegurando que estas medidas sean parte de legislación de carácter permanente.
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