Un piloto en Coquimbo busca abrir oportunidades laborales para adolescentes y jóvenes infractores de ley. La iniciativa conecta reinserción, empleo y seguridad pública, en medio del debate sobre cómo evitar que quienes pasan por el sistema vuelvan a delinquir
La reinserción juvenil empieza a instalar una pregunta incómoda en el debate de seguridad pública: qué hace el Estado con los adolescentes y jóvenes que ya entraron en conflicto con la ley para evitar que vuelvan a delinquir. En Coquimbo, esa discusión tomó forma con la presentación de avances del Piloto de Empleabilidad del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, una iniciativa que busca conectar diagnóstico, acompañamiento y oportunidades laborales para jóvenes infractores de ley.
El programa fue expuesto durante el 17° Comité Operativo Regional y apunta a construir una ruta concreta de inserción laboral. La iniciativa contempla orientación vocacional, seguimiento de casos, articulación con instituciones públicas y alianzas con organizaciones como Fundación Emprépolis, Fundación Reinventarse, Fundación Carmen Goudie y ASOINCO.
El objetivo es que la reinserción no quede limitada a una intervención administrativa, sino que pueda transformarse en una alternativa real frente a trayectorias marcadas por exclusión, consumo problemático, deserción escolar o falta de redes.
Reinserción social efectiva
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, Humberto Bermúdez, vinculó directamente el programa con la agenda de seguridad. “La empleabilidad es una herramienta clave para una reinserción social efectiva. Cada oportunidad laboral permite que las y los jóvenes construyan un proyecto de vida alejado de la infracción de ley. Porque cuando la reinserción funciona, también fortalecemos la seguridad pública”, sostuvo.
La definición no es menor. En un país donde la seguridad suele discutirse desde las penas, el control policial o la persecución penal, el piloto pone sobre la mesa una dimensión menos visible: la capacidad del Estado para cortar trayectorias delictivas antes de que se consoliden. La persecución del delito es necesaria, pero resulta insuficiente si los jóvenes egresan del sistema sin oficio, tratamiento, redes ni una ruta mínima para sostenerse fuera del circuito infractor.
La directora regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Loreto Rebolledo, destacó que el piloto permite “identificar las necesidades de cada joven y articular respuestas que favorezcan su formación, inserción laboral y proyecto de vida”.
En la misma línea, el director regional de SENDA, Rodrigo Maturana, planteó que uno de los principales desafíos es resolver qué ocurre una vez terminados los procesos de tratamiento, rehabilitación o reinserción, y cómo generar acciones que permitan a los jóvenes sentirse autovalentes y capaces de autosustentarse.
El desafío ahora será medir resultados. Para que el piloto no quede reducido a una señal institucional, deberá mostrar cuántos jóvenes ingresan, cuántos terminan el proceso, cuántos acceden a capacitación, cuántos logran empleo y qué ocurre con la reincidencia después de la intervención.
Coquimbo aparece así como un caso regional con alcance nacional. Si la seguridad pública busca resultados sostenibles, no puede mirar solo el castigo después del delito. También debe evaluar si la reinserción juvenil, apoyada en empleo, seguimiento y redes efectivas, puede convertirse en una herramienta concreta para proteger a la comunidad.
