Por Tomás Ecclefield, CEO de Digital eXp
La Ley de Inteligencia Artificial que hoy se discute en el Senado representa una oportunidad histórica para Chile: proteger derechos, promover la ética y, al mismo tiempo, impulsar la innovación tecnológica. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la intención —ampliamente compartida— sino en la forma en que se diseñe esta regulación.
Una ley mal calibrada podría terminar frenando el desarrollo tecnológico y dejando al país rezagado en la carrera digital global.
El proyecto busca establecer un marco legal que prevenga la discriminación algorítmica, resguarde la privacidad, garantice transparencia y defina responsabilidades claras para desarrolladores y operadores de sistemas de IA, especialmente aquellos considerados de alto riesgo, como los aplicados en salud, empleo, educación, finanzas o justicia.
También incorpora la obligación de identificar explícitamente contenidos generados por IA —textos, imágenes o deepfakes— con el objetivo de combatir la desinformación y proteger a las personas frente a manipulaciones digitales cada vez más sofisticadas.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, estos avances son positivos y necesarios. Hoy, los algoritmos ya influyen en decisiones críticas como créditos, diagnósticos médicos o procesos de selección laboral, por lo que contar con mecanismos de protección y reclamación es indispensable. El problema surge cuando se intenta regular la inteligencia artificial como si se tratara de un software tradicional.
La IA es una tecnología dinámica, basada en el acceso a grandes volúmenes de datos, la iteración constante y modelos que evolucionan con el uso. Regularla bajo esquemas rígidos, pensados para sistemas estáticos, desconoce su naturaleza y puede generar más costos que beneficios.
Chile, además, avanza simultáneamente en varios frentes normativos: ley de delitos informáticos, marco de ciberseguridad, nueva ley de protección de datos personales y ahora la Ley de Inteligencia Artificial. Todas responden a necesidades legítimas, pero en conjunto están generando un costo regulatorio acumulado que comienza a tensionar al ecosistema digital.
Hoy, las empresas destinan hasta un 19% de su presupuesto tecnológico solo al cumplimiento normativo, recursos que dejan de invertirse en innovación, productividad y desarrollo de soluciones basadas en IA.
La experiencia internacional ofrece lecciones claras. La Unión Europea, pionera en regulación digital, hoy revisa aspectos de su AI Act tras constatar efectos adversos en startups y centros de investigación. Estados Unidos, en contraste, ha optado por marcos más adaptativos, apoyados en estándares técnicos, auditorías y autorregulación supervisada.
Chile debe observar estas experiencias como referencias, no como moldes. Copiar regulaciones diseñadas para mercados más grandes y maduros sería un error estratégico. Regular la IA es diseñar un traje a medida: demasiado rígido se transforma en un muro; demasiado laxo, en una ilusión de control.
La inteligencia artificial ya es infraestructura crítica del presente. La forma en que la regulemos definirá si Chile se convierte en un polo regional de innovación o queda relegado a ser un consumidor pasivo de tecnología desarrollada en otros países.
Regular para proteger, pero también para habilitar, es la clave. El futuro no espera, y el liderazgo digital tampoco.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor (a) y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poderyliderazgo.cl
