Cámara de Diputados objetó parte de las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto que contempla un nuevo sistema de nombramiento, inhabilidades y límite de edad para ejercer los cargos
Confirmando el criterio adoptado por la Comisión de Constitución, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó gran parte de las modificaciones hechas por el Senado, al proyecto que modifica el sistema registral y notarial.
Sin embargo, luego de un intenso debate, también se acogió la idea de rechazar algunos de los cambios, para forzar la conformación de una comisión mixta. En dicho contexto destacan la omisión de la experiencia y carrera funcionaria en materia de nombramiento a través del sistema de Alta Dirección Pública. Como también el sistema de inhabilidades y procedimientos disciplinarios en caso de reincidencia, respecto de faltas que deriven en la exoneración del cargo.
En la misma línea, se rechazó la norma sobre prórroga de funciones y el sistema de cesación de cargos de notarios, conservadores y archiveros mayores de 75 años; la modificación al sistema general de permisos, reemplazos y vacaciones; y la división territorial propuesta para el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Por contrapartida, se respaldó uno de los cambios más llamativos hechos al texto en su segundo trámite. Por amplia mayoría, la Sala ratificó la eliminación de la figura del fedatario. Vale decir, suprimió el establecimiento de un funcionario que otorgue fe pública a la autenticación de documentos, tal como lo hacen los notarios.
Principales cambios
La reforma contempla un nuevo procedimiento para nombrar a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. En este participará la Alta Dirección Pública (ADP) que seleccionará a los postulantes en base a sus méritos y la rendición de un examen.
Dicho organismo entregará una terna con los mejores puntajes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien nominará a quien ocupará el cargo. Con esto, el Poder Judicial queda fuera del proceso de nombramiento.
Además, se establecen inhabilidades para ocupar estos cargos a quienes tengan relación por matrimonio, acuerdo de unión civil, parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, a las altas autoridades de los Poderes del Estado y de los organismos públicos.
Debate lesgilativo
Fue el diputado Miguel Ángel Calisto (IND) el ecargado de dar cuenta a la Sala, enfatizando la importancia del texto que busca perfeccionar la competencia en el sistema notarial e incorporar estándares de transparencia y modernización.
Participaron en el debate, además, Carlos Bianchi (IND), Tomás Hirsch (PAH), Leonardo Soto (PS), Luis Sánchez (PREP), Consuelo Veloso (IND), Jorge Durán (RN), Marcos Ilabaca (PS), Roberto Arroyo (PSC), Javiera Morales (FA), Francisco Undurraga (EVOP), Marcela Riquelme (FA), Stephan Schubert (IND) y Diego Ibáñez (FA).
En términos generales, los legisladores concordaron en la necesidad de avanzar con esta normativa, que transparenta el sistema notarial vigente y hace frente a una verdadera industria del lucro.
Sin embargo, sostuvieron que es necesario seguir avanzando para despejar dudas respecto de la eventual influencia política en los nombramientos, así como del mérito para acceder a los cargos y la posible existencia de tráfico de influencias.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, precisó que la iniciativa no solo busca actualizar la norma actual, sino que relevar la importancia de la fe pública.
En ese plano, destacó que el texto disminuye los niveles de discrecionalidad de los nombramientos, mejorando los índices de confianza de la ciudadanía en los entes judiciales.
