El Ejecutivo avanzará con una propuesta para reducir el impuesto a las empresas de 27% a 23%, en paralelo a su plan de recuperación fiscal, reactivando el debate tributario en el Congreso en un escenario marcado por urgencias de financiamiento y presión sobre los ingresos públicos
El Gobierno confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para reducir el impuesto a las empresas, reabriendo el debate tributario en un momento clave para la economía. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que el Ejecutivo “está manteniendo el presentar en los próximos días, en las próximas semanas al Congreso el proyecto de recuperación”, vinculando directamente la agenda tributaria con la necesidad de generar ingresos.
La definición se da en un contexto donde el propio Ejecutivo reconoce limitaciones fiscales relevantes y la necesidad de priorizar medidas con impacto inmediato en la caja del Estado.
La rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23% se instala así como una señal pro inversión, pero tensionada por el escenario fiscal. El debate no solo apunta a incentivar el crecimiento, sino a resolver cómo financiar obligaciones urgentes del Estado, en un entorno donde las decisiones tributarias tienen efectos directos en la disponibilidad de recursos.
La discusión deja en evidencia que la política tributaria vuelve a ser el principal instrumento para equilibrar crecimiento económico y sostenibilidad fiscal.
Una urgencia fiscal que condiciona la rebaja
El propio ministro transparentó la presión que enfrenta el Gobierno en materia de ingresos. García Ruminot advirtió que existen “entre 4.000 a 5.000 viviendas que se quemaron durante este verano… eso requiere 400 millones de dólares que hoy día no los tenemos”, instalando el problema fiscal como eje central de la discusión.
De acuerdo con el Secretario de Estado, la falta de recursos obliga al Ejecutivo a combinar señales pro inversión con medidas de recaudación inmediata, lo que explica la simultaneidad entre rebaja tributaria y recuperación de ingresos.
En esa línea, el ministro fue enfático en la urgencia de avanzar. “Lo necesitamos con urgencia, con urgencia”, sostuvo, al referirse al paquete de medidas destinado a recaudar esos recursos, reforzando el carácter inmediato del desafío fiscal.
La reconstrucción y las obligaciones del Estado aparecen así como el principal condicionante de cualquier decisión tributaria, tensionando el margen para reducir impuestos sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.
Recuperar ingresos antes que crear nuevos impuestos
El diseño del plan fiscal refleja una estrategia clara del Ejecutivo. García Ruminot planteó que existe “un desafío enorme en poder incrementar los ingresos y en salir a recuperar platas que el fisco en años recientes entregó y que, debiendo haber vuelto a las arcas fiscales, no han vuelto”, instalando la recuperación de recursos como prioridad. El foco está puesto en mejorar la recaudación antes de avanzar en cambios estructurales, lo que redefine el orden del debate tributario.
Dentro de esa lógica, el cobro del CAE aparece como una señal política relevante. El ministro sostuvo que “el CAE siempre debió haberse cobrado… estaba implícito en la estructura”, cuestionando decisiones previas que debilitaron su financiamiento. Una postura que busca reforzar la idea de responsabilidad fiscal y ordenar la discusión sobre el uso de recursos públicos, en un contexto donde el Estado necesita recuperar ingresos de forma sostenida.
Plazos acotados y presión legislativa
El Ejecutivo también fijó un horizonte claro para la tramitación del proyecto. García Ruminot estimó que la iniciativa podría aprobarse en un plazo cercano a cuatro meses, señalando que “no debiéramos llegar a septiembre sin tenerlo aprobado”, considerando los tiempos legislativos.
La urgencia por contar con recursos antes de la discusión presupuestaria de 2027 imprime presión sobre el Congreso, en un escenario donde los acuerdos serán determinantes.
La discusión sobre la rebaja del impuesto a las empresas se cruza con la necesidad de financiar políticas públicas y responder a contingencias urgentes, lo que eleva su dimensión política. El resultado de esta tramitación marcará el rumbo de la política tributaria en el nuevo ciclo económico, donde la relación entre inversión y recaudación vuelve a ser central.
