El subsecretario reconoció que firmó rebajas de condena, pero atribuyó a Fernando Rabat la decisión de cambiar el criterio. Tras meses de rechazos y posteriores aprobaciones, la Fiscalía abrió este viernes una investigación por presunta prevaricación administrativa
El 17 de marzo, Luis Silva firmó un decreto que negaba la rebaja de condena a un hombre sentenciado por violar reiteradamente a una menor de edad. Tres meses después, el mismo subsecretario de Justicia aparecía suscribiendo resoluciones que concedían beneficios a otros condenados por delitos sexuales contra menores.
La diferencia estaba en el criterio jurídico que había comenzado a aplicar el Ministerio. Este jueves, Silva salió a explicarlo públicamente y apuntó a su superior, Fernando Rabat. Al día siguiente, ambos quedaron bajo investigación de la Fiscalía.
La noche del 29 de octubre, cuando los cuestionamientos ya alcanzaban a las principales autoridades de Justicia, Silva difundió un video para explicar su participación en los decretos. La controversia había comenzado con 56 rebajas de condena a agresores sexuales de menores, 29 por violación y 27 por abuso sexual. El subsecretario reconoció sus firmas, defendió el cumplimiento de los fallos judiciales y aseguró que el cambio de interpretación fue una decisión del ministro.
La presión política había comenzado antes. El miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó la salida de Rabat y sus dos subsecretarios, con 68 votos favorables, mientras parlamentarios opositores preparaban una acusación constitucional. Pero este viernes el conflicto dejó de limitarse al Congreso: la Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó una investigación por presunta prevaricación administrativa contra Rabat y Silva.
Las firmas que Silva reconoce y el criterio de Rabat
“Yo aparezco firmando algunos de esos decretos”, comenzó admitiendo Luis Silva, quien sostuvo que las autoridades de Justicia nunca buscaron favorecer personalmente la salida anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores. Según explicó, las solicitudes pasan por Gendarmería, una comisión de evaluación, las seremis de Justicia y el Ministerio antes de terminar en un decreto.
El subsecretario recordó que, durante los primeros meses del Gobierno, la cartera había decidido negar esos beneficios. “Cuando llegamos a este ministerio rechazamos las rebajas de condenas. Yo mismo firmé varias”, afirmó. La situación, aseguró, cambió cuando llegaron sentencias de la Corte Suprema que ordenaron revertir determinados rechazos por considerar que los condenados tenían derecho a acceder a la reducción de sus penas.
Entonces apareció Rabat en su explicación. “El ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico”, señaló Silva. Y cuando abordó por qué figuraba su firma en algunas resoluciones, sostuvo que actuó como ministro subrogante, aplicando las directrices de su superior: “y eso fue lo que hice”.
El reconocimiento dejó expuesto el punto que concentra los cuestionamientos: dos autoridades que firmaron rechazos también suscribieron posteriormente decretos favorables. Rabat había defendido ante la Cámara su obligación de cumplir las sentencias judiciales, preguntando cómo podía desobedecer a la Corte Suprema sin infringir su juramento como ministro.
Los decretos que cuentan otra parte de la historia
Una investigación publicada por Interferencia reconstruyó las decisiones adoptadas por Justicia entre marzo y junio. Encontró al menos cinco solicitudes rechazadas por delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022. Tres llevaban la firma de Silva y dos la de Rabat. El último rechazo identificado fue suscrito por el propio ministro el 18 de mayo.
El 16 de junio, la interpretación cambió. Justicia comenzó a conceder reducciones de penas argumentando que las restricciones introducidas en 2022 no podían aplicarse retroactivamente y que estaba “jurídicamente impedida” de negar los beneficios a condenados por hechos anteriores a esa reforma.
Los documentos muestran que el Ministerio había utilizado durante meses el criterio contrario. Incluso después de que algunos fallos ordenaran revertir rechazos, continuó negando solicitudes. Posteriormente, cuando comenzó a concederlas, también existían sentencias de la Suprema que respaldaban la posibilidad de mantener las restricciones.
Esa sucesión de decretos está ahora en el centro de la controversia. La Corte Suprema no había mantenido una interpretación uniforme, pero Justicia optó desde junio por una aplicación general del criterio favorable a las rebajas, sin exigir que cada beneficiado obtuviera previamente una sentencia judicial que ordenara concedérselas.
De las explicaciones a la investigación penal
Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) denunciaron a las autoridades por el presunto delito de prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 228 del Código Penal. Su acusación sostiene que el Ministerio habría concedido beneficios contrariando restricciones legales expresas. La Fiscalía Nacional remitió los antecedentes el 29 de octubre y este viernes la Fiscalía Centro Norte confirmó que abrió una investigación dirigida por el fiscal regional Francisco Jacir, con apoyo de su unidad especializada en anticorrupción.
Antes de conocerse esa decisión, Silva había reconocido otra falla del procedimiento: las víctimas y sus familias no contaban con garantías suficientes para ser informadas y escuchadas. “En esto, el Estado falló”, admitió. También anunció la suspensión de nuevas solicitudes, el estudio de posibles mecanismos para revertir las rebajas concedidas y una reforma legal destinada a modificar el sistema.
La preocupación por las víctimas también se refleja en la desconfianza ciudadana sobre la capacidad del Estado para proteger a los menores, que alcanzó un 75% en la última medición de Cadem.
La investigación recién comienza y no supone una formalización ni acredita responsabilidades penales. Entretanto, los decretos siguen mostrando una secuencia que Justicia deberá explicar: en marzo rechazaba beneficios, en junio comenzó a concederlos y en octubre suspendió nuevamente su tramitación. Silva sostiene que actuó siguiendo las instrucciones de Rabat. Ahora ambos deberán enfrentar el examen del Ministerio Público sobre las resoluciones que firmaron.
