Aunque los plazos de cobro mejoraron, muchas pymes siguen esperando más de un mes para recibir sus pagos. La demora compromete capital de trabajo y reabre diferencias entre compradores, proveedores y autoridades sobre su regulación en Chile
Una empresa puede entregar un pedido, terminar un servicio y emitir la factura correspondiente sin recibir el dinero de esa operación durante varias semanas. Mientras espera, debe cumplir con remuneraciones, impuestos, arriendos y compromisos comerciales. La distancia entre vender y cobrar termina convirtiéndose en una forma de financiamiento involuntario: los proveedores sostienen parte de las operaciones de sus compradores con recursos que todavía no ingresan a sus propias cuentas.
La situación persiste pese a la vigencia de la Ley de Pago a 30 Días. Un análisis de Xepelin reveló que cerca de la mitad de las facturas emitidas por pymes y efectivamente pagadas supera ese plazo, mientras aproximadamente un 15% demora más de 60 días. El efecto es desigual: entre las empresas de menor escala, el 54,6% de los documentos registra pagos posteriores al mes, frente al 34,2% observado en las compañías de mayor tamaño relativo consideradas en el estudio.
Los antecedentes también muestran una evolución favorable que no elimina el problema. Los plazos promedio de pago medidos por Xepelin disminuyeron de 40 días en 2024 a 39 en 2025 y 37 entre enero y mayo de 2026. Sin embargo, la mejora todavía deja a numerosos proveedores esperando más allá del plazo general establecido por la legislación, especialmente en actividades donde la disponibilidad de capital de trabajo resulta determinante para mantener la producción.
El costo financiero que asumen los proveedores
La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca figuran entre las actividades con mayores tiempos de espera, con un promedio de 45 días. En comercio, el plazo alcanza 40 días, mientras que transporte, almacenamiento y envíos registran 37. Estas diferencias muestran cómo los ciclos comerciales y las condiciones de pago pueden trasladar necesidades de financiamiento hacia los proveedores, particularmente cuando dependen de compradores con mayor capacidad económica.
Lucas Rencoret, country manager de Xepelin Chile, advirtió sobre las consecuencias de este desfase. “Una empresa puede ser rentable y, al mismo tiempo, enfrentar restricciones para operar si sus pagos llegan después de sus obligaciones mensuales”, señaló al explicar que una venta concretada no equivale necesariamente a disponer del dinero para financiar nuevas operaciones.
Los resultados encuentran respaldo en otra medición. El Informe de Pagadores de la Bolsa de Productos, elaborado con más de 111 mil facturas transadas durante el primer trimestre de 2026, registró un promedio general de 44 días, uno menos que en igual período del año anterior. Para proveedores pymes, la espera fue de 43 días y más del 60% de sus facturas se pagó después de 30 días. Aunque ambos estudios consideran universos diferentes, coinciden en mostrar que los plazos prolongados siguen presentes en las relaciones comerciales.
El fenómeno se conecta con la morosidad empresarial que Poderyliderazgo.cl abordó anteriormente, cuando Equifax identificó 248 mil negocios con documentos vencidos. No obstante, las mediciones no describen exactamente el mismo problema: una factura pagada después de 30 días no constituye necesariamente una obligación morosa ni demuestra, por sí sola, una infracción legal.
Las excepciones legales y el poder de los compradores
La Ley 21.131 establece como regla general el pago de facturas dentro de 30 días corridos desde su recepción, aunque contempla acuerdos excepcionales sujetos a requisitos específicos. Además, la Ley 21.217 restringió estos acuerdos cuando una gran empresa compra bienes o servicios a una pyme, salvo determinadas condiciones establecidas en beneficio de la empresa de menor tamaño.
La controversia volvió al Congreso durante la tramitación de la megarreforma económica del Gobierno de José Antonio Kast. Una modificación aprobada inicialmente buscaba restringir los plazos excepcionales y acortar los tiempos de pago del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo presentó un veto supresivo que fue aprobado por el Senado el 12 de agosto, con lo que se mantuvo el régimen anterior.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión argumentando que eliminar las excepciones podía incentivar a los compradores a retrasar la entrega o recepción de las facturas, perjudicando también las posibilidades de financiamiento de los proveedores. La posición recibió el respaldo de 48 organizaciones empresariales que solicitaron abordar los cambios mediante una iniciativa específica, denominada Estatuto Pyme 2.0.
La decisión también encontró resistencia. Más de 40 organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas, entre ellas CONUPIA, UNAPYME y representantes del comercio regional, cuestionaron el veto y reclamaron mayores garantías de pago oportuno.
Los gremios sostuvieron que el Estado y las grandes compañías deben asumir mayores responsabilidades frente a sus proveedores, mientras los partidarios del veto advirtieron sobre posibles consecuencias negativas de una regulación demasiado restrictiva.
La diferencia revela un problema que supera la duración formal de los contratos. Una pequeña empresa puede depender de uno o dos compradores relevantes para sostener su actividad y disponer de un margen limitado para negociar condiciones comerciales. Aunque la legislación contempla mecanismos de protección, los datos disponibles no permiten establecer cuántos pagos superiores a 30 días corresponden a acuerdos válidos, incumplimientos o dificultades administrativas de los compradores.
Pagar a tiempo también depende de la gestión empresarial
Las experiencias de pago muestran, sin embargo, que los plazos prolongados no son inevitables. En agosto, Essbio informó un promedio de 25 días para pagar a sus proveedores, resultado que le permitió obtener un reconocimiento nacional por cuarto año consecutivo. La sanitaria, que trabaja con más de 2.300 proveedores, vinculó su desempeño con procesos de automatización, seguimiento interno y gestión de compromisos financieros.
El antecedente ofrece un contrapunto a las dificultades observadas en otras actividades. Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos, advirtió al presentar los resultados del primer trimestre que “no se aprecia una tendencia que haga pensar en menores plazos, al menos en los próximos meses”. Su planteamiento apunta a mejorar los incentivos comerciales, la trazabilidad de las facturas y la transparencia de los procesos previos a su emisión.
Para las pymes que necesitan adelantar recursos, alternativas como el factoring pueden proporcionar liquidez antes de que el comprador pague. Sin embargo, estas operaciones tienen costos financieros que reducen el monto disponible y pueden disminuir los márgenes comerciales. La posibilidad de acceder a financiamiento, por tanto, no reemplaza la necesidad de mejorar las condiciones de pago entre empresas.
La persistencia de esperas superiores al mes deja pendiente una definición sobre las responsabilidades de compradores públicos y privados. Las mejoras registradas durante 2026 muestran que los tiempos pueden reducirse, pero las diferencias entre empresas y sectores evidencian que el cumplimiento oportuno todavía no constituye una práctica uniforme.
