Por: Marcelo Díaz. Diputado de la República por el Distrito 7. Región de Valparaíso
El Presidente Piñera realizó su primera cuenta pública y mi sensación es de cierta perplejidad y decepción. Perplejidad por la muy comentada incoherencia entre su discurso de unidad nacional y sobre la necesidad de tener un buen clima en pos del bien común y, al mismo tiempo, la critica destemplada y sesgada al gobierno anterior. No se entiende esta beligerancia, sobre todo cuando una buena parte de su agenda se asienta en iniciativas impulsadas por la Presidenta Bachelet. Y decepción, porque aún cuando somos de oposición, esperábamos más claridad, menos generalidades y más foco en su discurso.
No queda claro, en definitiva, cuál es la ruta, si lo que prevalece es una derecha liberal-democrática o una neoliberal-conservadora, quedando como resultado la sensación de una lista de supermercado.
Dicho esto, hay tres cuestiones específicas sobre las cuales me gustaría llamar la atención:
En primer lugar, la reforma tributaria. El presidente decidió que no bajaría los impuestos corporativos a las empresas. Nos parece muy bien; pero no se puede dejar de recordar la manera como la derecha política y empresarial reaccionó en el anterior gobierno, anticipando el desplome del país ante la reforma tributaria, y en particular respecto de esta alza. Queda, en cualquier caso, saber si en los detalles del proyecto no existe una vía indirecta para rebajar los impuestos.
En segundo lugar, se han planteado nuevas prioridades en materia de educación, priorizando la educación pre-escolar por sobre la gratuidad en la educación superior, anunciando de paso el fin del CAE y su reemplazo por un sistema de crédito administrado por el Estado. Respecto de la gratuidad y sus nuevas prioridades, el gobierno está en su derecho, tiene una visión distinta de la educación. No creen realmente en la educación como un derecho. Pero una preocupación adicional es la falta de relevancia en el proceso de desmunicipalización e implementación de la ley de Educación Pública. Existe un temor fundado respecto del compromiso real del Gobierno y en particular del ministro de Educación, de avanzar con celeridad en esta materia.
Tercero, comparto los juicios del alcalde Sharp respecto de la casi nula importancia que la cuenta pública dio a las regiones. Una mención general sobre el proceso de descentralización, sólo dejaron patente que no parece una prioridad para el Gobierno. Los anuncios sobre importantes inversiones en transporte en la Región Metropolitana y una nula mención, por ejemplo, a la propuesta de una Ley Valparaíso, son una manifestación palmaria del predominio centralista en el gobierno.
Por último, el gobierno parece ceder ante las presiones ultraconservadoras de la UDI. No solamente por la debilidad para recoger la demanda nacional feminista, con declaraciones inconducentes como “promover” una mayor igualdad de salarios entre hombres y mujeres en vez de apoyar el proyecto de ley sobre el particular, o no tener ni un solo comentario en relación al relevante problema de la educación sexista en Chile, sino también, al no contemplar explícitamente la adopción homoparental y no incorporar el matrimonio igualitario en la agenda, lo que por lo demás es una obligación internacional que el Estado de Chile debe cumplir.
En resumen, estamos ante un gobierno que intenta equilibrar políticamente sus definiciones, lo que se transforma en falta de sello y claridad. Se mueve, como antaño, entre propuestas generales o imprecisas y medidas muy específicas, que levantan la legitima duda respecto de la letra chica por venir. Por el bien de Chile, esperamos que estas ambigüedades se resuelvan y que exista en adelante más generosidad para reconocer los logros y avances del anterior Gobierno, con la misma claridad como se declaran las legítimas diferencias.
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