El Gobierno oficializó el nuevo marco regulatorio para el uso de agua de mar durante una visita a la planta de Aguas CAP en Caldera, iniciativa que busca impulsar inversiones asociadas a minería, agricultura, consumo humano y seguridad hídrica en el norte del país
El Presidente José Antonio Kast encabezó en la Región de Atacama la promulgación de la nueva Ley de Uso de Agua de Mar para Desalación, normativa que incorpora formalmente la desalación a la estrategia hídrica nacional y que busca acelerar el desarrollo de infraestructura vinculada a minería, consumo humano, agricultura y sostenibilidad territorial.
La ceremonia se realizó en la planta desalinizadora de Aguas CAP, ubicada en Caldera, y contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; el gobernador regional Miguel Vargas; la delegada presidencial Sofía Cid; la alcaldesa Brunilda González; además de representantes de empresas mineras, gremios industriales y comunidades locales.
La nueva normativa establece un marco regulatorio integral para el desarrollo de proyectos de desalación en Chile, en momentos donde la demanda hídrica continúa creciendo por la expansión minera, el avance de proyectos energéticos y la presión sobre fuentes continentales en distintas zonas del norte y centro del país.
Durante la visita, el mandatario recorrió las instalaciones de la planta y conoció el funcionamiento del sistema de ósmosis inversa utilizado para producir agua desalada. Además, revisó el modelo multipropósito y multicliente impulsado por la compañía, infraestructura que actualmente abastece requerimientos asociados a minería, agricultura y consumo humano en la Región de Atacama.
Estrategia hídrica y expansión de la desalación
Durante su intervención, el Presidente Kast sostuvo que la nueva legislación busca acelerar la materialización de proyectos asociados al uso de agua de mar y fortalecer la capacidad hídrica del país frente a los desafíos de largo plazo.
“Hoy día tenemos que iniciar ese futuro en base a una estrategia nacional de la desalinización”, afirmó el mandatario, agregando que el desafío apunta a compatibilizar necesidades de abastecimiento para consumo humano, agricultura y actividad minera.
Actualmente, Aguas CAP provee agua desalada a operaciones mineras que han reducido extracción desde fuentes continentales, además de abastecer el Canal Mal Paso para uso agrícola y entregar suministro destinado a consumo humano en Caldera y Chañaral, donde posteriormente es potabilizado por la sanitaria correspondiente.
El avance de este tipo de proyectos aparece en momentos donde la desalación comienza a consolidarse como uno de los principales ejes para fortalecer la seguridad hídrica, la continuidad operacional de la minería y el desarrollo territorial en zonas afectadas por escasez de agua.
Minería, agua potable y nuevas inversiones
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, explicó que “La próxima década va a ser la década de desalación, sobre todo porque hay muchos proyectos mineros, de crecimiento de agua potable, incluso de agricultura, que van a demandar más recursos hídricos en esta zona centro-norte y norte del país”.
El secretario de Estado agregó que “Cuando hablamos de que va a haber mayor disponibilidad de recursos hídricos, eso beneficia el desarrollo humano, el derecho humano al agua y, por lo tanto, es muy importante este marco regulatorio y el trabajo que queda en estos 18 meses de cómo tener un buen reglamento y una buena política nacional de desalación”.
La normativa incorpora además lineamientos asociados a sostenibilidad, planificación territorial, infraestructura estratégica y uso eficiente de recursos hídricos, áreas que comienzan a adquirir creciente relevancia para la competitividad minera y energética del país.
Infraestructura multipropósito y desarrollo regional
La presidenta del directorio de Aguas CAP, Patricia López, sostuvo que la planta ubicada en Caldera fue pionera en el desarrollo de infraestructura de desalación en Chile hace más de una década, impulsando soluciones compartidas para distintos sectores productivos y comunidades de Atacama.
“Demostrando el compromiso del Grupo CAP con la seguridad hídrica al consolidar una infraestructura habilitante para el desarrollo territorial de Atacama, armonizando crecimiento económico, sostenibilidad y seguridad hídrica para distintos sectores y comunidades”, indicó.
La ejecutiva agregó que el desarrollo de infraestructura compartida será clave para enfrentar futuras demandas asociadas a minería, energía, agricultura y consumo humano.
“El desarrollo de infraestructura compartida y multipropósito es necesario para nuestro país, y refleja la mirada de largo plazo que compatibiliza las necesidades de la minería, la energía o la agricultura, con el consumo humano”, sostuvo.
Patricia López destacó además que la nueva legislación abre un nuevo escenario para el crecimiento de soluciones vinculadas al uso de agua de mar en Chile, incorporando criterios ligados a sostenibilidad, planificación territorial y seguridad hídrica de largo plazo.
